La “casa blanca” y el mensaje político
Monitoreo Informativo
Gabriel Sosa Plata | Vía SinEmbargo
El impacto político y comunicacional por lo resuelto en la Secretaría de la Función Pública (SFP) era previsible, obvio. Hasta el menos experimentado de los asesores del Poder Ejecutivo lo esperaba. Sin embargo, parece que no hubo preocupación por prevenir el desgaste en la imagen del presidente de la República, de su esposa, de sus amigos empresarios y de su equipo de trabajo, ante un evidente conflicto de interés, que se denunció, en un primer momento el equipo encabezado por la periodista Carmen Aristegui en Noticias MVS.
Pero tampoco se aprecia preocupación por enmendarlo. Las disculpas que ofrecieron Peña Nieto y el secretario de Hacienda, Luis Videragay, sólo echaron más leña a la lumbre, particularmente de un sector de la sociedad que tiene una activa participación crítica en las redes sociales y en algunos espacios de opinión en los medios de comunicación.
¿Cómo es posible que al gobierno aparentemente no le importen estas inconformidades que abonan a la falta de credibilidad de las instituciones? ¿estamos ante funcionarios con una clara insensibilidad política o que no prevén los resultados de sus decisiones políticas? ¿o más bien es un problema de estrategia comunicacional y de discurso?
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Nadie puede restarle “colmillo político” a los priistas que hoy están en el poder, incluyendo a quienes asesoran al presidente. Por esta “cualidad”, por sus estrategias clientelares, sus alianzas político-empresariales, la ineficacia de los gobiernos del PAN y la corrupción regresaron a la silla presidencial y por si fuera poco dominan el Congreso de la Unión y la mayoría de los estados de la República.
Tampoco les faltan asesores de primer nivel para prevenir desastres y afrontar con sabiduría crisis políticas, como la que se generó por las denuncias de la “casa blanca” y otros conflictos de interés.
¿Entonces?
No es falta de habilidades o estrategia, sino una contundente y preocupante demostración de poder, que se ejerce plenamente, sin cortapisas ni obstáculos. Ahora importa más mostrar el músculo que proteger la imagen, que se cuidó con extremo detalle al inicio de la administración.
Así como pueden diluir del escenario comunicacional periodistas incómodos o del escenario político a políticos que generan problemas, también pueden crearse investigaciones de “conflicto de interés” a modo, totalmente apegadas a la legalidad, para que éstas –ahora sí con una estrategia comunicacional- procuren ir apagando los cuestionamientos al presidente y sus principales colaboradores.
Y aún si prevalecen las críticas o las protestas, el mensaje para todos continuará siendo el mismo: hay intocables en el actual gobierno y los cuestionamientos son lo de menos, porque el aparato legal, político, los recursos económicos, las mismas instituciones que supuestamente castigan prácticas corruptas, están de su lado. Incluso la reputación de funcionarios menores.
Bajo un escenario así, resulta impensable que en México ocurra lo que sucedió en Guatemala la semana pasada al ser detenida la exvicepresidenta Roxana Baldetti, acusada defraudación en las aduanas, o en Brasil, donde la Fiscalía denunció formalmente ante la justicia al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y al senador y expresidente Fernando Collor de Mello por su supuesta participación en la red de corrupción Petrobras, y que podría llevar a un juicio político a la presidenta Dilma Rousseff.
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En un Estado democrático, todo poder requiere un contrapoder para mantener los equilibrios, evitar el autoritarismo, la corrupción, los abusos, las injusticias. Indudablemente México ha avanzado mucho en la construcción de su democracia, pero ¿en dónde está actualmente el contrapoder para evitar hechos tan elementales –castigados en países democráticos- como el que una persona pueda “ser socio del Presidente de la República, prestamista generoso del secretario de Hacienda y contratista privilegiado del gobierno… ¿sin infringir ninguna ley?” (Juan Pardinas, Reforma, 23 de agosto 2015).
¿Dónde está el contrapoder para evitar que estas prácticas sigan sucediendo? ¿en el Congreso? ¿en la Suprema Corte de Justicia, donde ya tiene una cuña el gobierno federal? ¿en los partidos políticos de oposición (PAN o PRD)? ¿en el sistema anticorrupción que se diseña desde un sistema con probadas prácticas de corrupción? ¿en la inservible SFP? ¿en los medios de comunicación? ¿en las redes sociales? ¿en la ciudadanía? ¿dónde?
Y en el caso hipotético, esperanzador de que se corrigiera la “alcahueta” ley de servidores públicos y otras reglamentaciones inservibles, que tengamos un órgano fuerte e independiente de anticorrupción para ir enderezando el rumbo de nuestra endeble democracia ¿alguien en el futuro próximo echará una mirada al 2015 y antes para corregir el trabajo de la SFP y castigar lo que hicieron Peña Nieto o Luis Videgaray?
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