Este viernes la sospecha se confirmó

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Por Esto!
Estado de los ESTADOS

Por Lilia Arellano

Dictamen de telenovela
Andrade producciones en “La Casa Blanca”
Coartada legal no cubre percepción social
PRD y PAN reprueban magna exoneración
Negro fin de semana para el peso: 17.30 x 1

“Déjalos que roben. Preocúpate si piensan”.- Jorge Saldaña

Desde que fue designado por el presidente Enrique Peña Nieto como secretario de la Función Pública, el pasado febrero, se tenía la sospecha de que Virgilio Andrade Martínez había sido encargado realmente de limpiar la imagen que envolvía al mexiquense, a su esposa y al titular de la SHCP, tras la difusión de la adquisición de inmuebles a empresas contratistas de los gobiernos del Estado de México y federal. Este viernes la sospecha se confirmó. El titular de la SFP concluyó que ni el presidente Peña Nieto, ni su esposa Angélica Rivera, ni el secretario Luis Videgaray incurrieron en conflicto de interés por su relación con Grupo Higa. La declaración del titular de la SFP no da la vuelta a la percepción en la opinión pública, aunque seguramente sí dará la vuelta al mundo, lo que en el fondo impide al titular del Ejecutivo relanzar su figura y reinventarse para el segundo trienio de su administración. Y no hay que pasar por alto que el inquilino de Los Pinos mantiene un rechazo de siete de cada diez mexicanos a su gestión.

Enrique Peña Nieto se encuentra en la encrucijada de que su administración, sus reformas y su legado sean severamente cuestionados en el presente y no como es costumbre, al término del mandato. La crisis de credibilidad aumenta tanto como el grado de incertidumbre en el que sobreviven millones de mexicanos. A estas alturas ya deberían tomar en cuenta, por lo menos, que la experiencia les dicta que otro de los graves problemas que enfrentan al interior del equipo que rodea al mexiquense y de él mismo, es la falta de credibilidad. La negativa a un conflicto de intereses se da, por si fuera poco, justo antes del informe presidencial, justo cuando volverá a lanzarse el discurso de la lucha contra la corrupción y la impunidad.

En la pasada elección federal quedó aislado del PRI y su triunfo en la Cámara de Diputados. Con porcentajes de abstencionismo que hablan por sí solos del rechazo a las reformas y sobre todo a sus repercusiones, no han podido quitarse el estigma de la corrupción y el conflicto de interés, por lo que al entregar el poder, a un correligionario o a un adversario político, éste podría tener a la mano el recurso de sacrificarlo para legitimarse en la Presidencia de la República. No hay que pasar por alto que su gobierno ha estado marcado por la impunidad, la corrupción y una estrategia de represión contra los movimientos sociales organizados, además de una política sistemática de violaciones a los derechos humanos de los mexicanos.

En el mandato del mexiquense se ha coartado el derecho a la protesta y la libertad de expresión, se ha configurado un escenario peligroso de retroceso en las libertades democráticas, hay persecución penal a grupos sociales, con frecuencia dirigidos a los líderes de movimientos, así como la descalificación automática de éstos, criminalizando a quienes protestan. Ni qué decir de la protección brindada a quienes ostentan mandatos populares y que siendo del PRI se convierten en intocables, pero siendo de la oposición son totalmente negociables ya que no hay ninguno tras las rejas.

Hay que subrayar el hecho de que carga en su carpeta de adeudos la desaparición de alrededor de 10 mil personas de las más 22 mil que reporta el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas y que estaban en estatus de “no localizadas”. En este rubro, la gota que derrama el vaso es el caso de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos desde el 26 de septiembre pasado. Por si lo anterior fuera poco, hay que señalar que las “reformas estructurales” impulsadas por Peña Nieto y aprobadas por un Congreso “maiceado” concretaron cambios al marco legal, hacendario, de las telecomunicaciones, la política electoral y, sobre todo, el sector energético, en los que se privilegiaron los intereses económicos empresariales, ligados al poder político en turno, y coartaron los derechos de millones de trabajadores mexicanos y sus familias.

¿QUIÉN CREE A ANDRADE?

En el Senado de la República, el presidente de la Cámara Alta, Luis Miguel Barbosa, sostuvo que la investigación encabezada por Virgilio Andrade sobre la “Casa Blanca” no dejó satisfechos a los ciudadanos. En conferencia de prensa, aseguró que “políticamente no satisface a la opinión pública”. Su correligionario, el senador Luis Sánchez, consideró que la investigación representa a la corrupción. “La impunidad es el cáncer del país (…) Es más que obvio que Angélica Rivera no tenía dinero para comprar esa casa. En el imaginario de la sociedad es un acto más de corrupción”, dijo.

Por su parte, Ricardo Anaya Cortés, al tomar posesión como dirigente nacional del PAN, calificó como una auténtica burla que ofende a los mexicanos el hecho de que la Secretaría de la Función Pública haya exonerado al presidente Enrique Peña Nieto, a su esposa Angélica Rivera, y al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de haber caído en conflicto de interés en la compra de inmuebles a contratistas gubernamentales. Dijo que este resolutivo viene a confirmar la impunidad que tanto ofende a los mexicanos y que la corrupción queda sin castigo. “¿Cómo puede ser que sea un empleado quien absuelve a su jefe?”, preguntó Anaya al anunciar que el PAN llevará este caso a la fiscalía contra delitos de corrupción. A su vez, el senador panista, Juan Carlos Romero Hicks, señaló que los ciudadanos no confiaron en la investigación. “Más allá de eso, hay una opinión de la ciudadanía que no se puede omitir”, expresó.

El pesado asunto de la “Casa Blanca” le urge a Peña Nieto resolverlo o, al menos, diluirlo. La percepción de corrupción en la gestión del mexiquense tuvo un efecto contundente en las elecciones intermedias pasadas. Pesó, sin duda, la caída de la imagen del presidente de la República que inició desde el otoño de 2014, por lo que fue desligado de las campañas del PRI-PVEM. De los tres millones de votos que perdió el partido en el poder, una gran cantidad podría acreditarse a la percepción de corrupción. A esta misma se le atribuye la impactante derrota por el gobierno de Nuevo León, donde pesaron las acusaciones de enriquecimiento y abuso del gobernador Rodrigo Medina y su familia.

Para Virgilio Andrade, la historia de la adquisición de la “casa blanca” tiene sus argumentos base que también son pruebas que lo llevaron a la resolución esperada: en México, contra los poderosos, contra el gobierno, no hay ni habrá recomendaciones o castigos. Y comienzan con la afirmación que señala: nunca hubo transmisión de propiedad de Ingeniería Inmobiliaria del Centro SA de CV a Angélica Rivera. Precisó que el 12 de enero de 2012 se firmó un contrato de compra entre Higa y Rivera a pagar en 8 años y con tasa de interés legal.

Sostuvo que el contrato por la casa en Sierra Gorda es legal y no fue modificado para favorecer a partir de la toma de posesión de Peña Nieto como presidente de la República. Para cerrar la coartada, añadió que Televisa aceptó que el 25 de junio de 2010 pagó a la actriz 88 millones de pesos, y que en ese mismo año, Rivera declaró al SAT 130 millones y pagó por ISR unos 30 millones. Para cerrar el círculo, informó que la actriz regresó la posesión del inmueble a Ingeniería Inmobiliaria del Centro en diciembre de 2014. Si todo estaba tan derecho como “decretó” ricitos, perdón, don Virgilio, ¿por qué regresarlo? ¿Sólo por afectación de una imagen que con este dictamen derrumbaron mucho más?
La coartada telenovelera también cubre al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray. Andrade sostiene que Videgaray compró con propios recursos la propiedad de Malinalco relacionada con Grupo Higa. Expuso que no intervino en ninguno de los procedimientos de contratación con empresas de Juan Armando Hinojosa Cantú, por lo que no hubo falta de imparcialidad de su parte. Aseguró que Videgaray pagó en enero de 2014 más de 6 millones de pesos para liquidar la deuda por la propiedad.

Lo cierto es que nadie cree a Virgilio Andrade. Las empresas de Juan Armando Hinojosa, accionista mayoritario de la empresa que vendió la llamada “Casa Blanca” a la esposa del presidente Peña Nieto, tiene 22 contratos con la administración pública. Entre éstas se encuentran Constructora Teya, con 3 contratos públicos, Concretos y Obra Civil del Pacífico, con 6 contratos, Eolo Plus, con 11 contratos, y Publicidad y Artículos Creativos, con 2 contratos. Cabe destacar que Constructora Teya también fue considerada por estar en un consorcio con otras empresas con el que participó en una licitación pública para el tren México-Querétaro.

CAÍDA LIBRE DEL PESO

En ventanillas bancarias de Banamex de la Ciudad de México, el dólar se vendía este viernes hasta en 17.28 pesos, mientras que en las de Bancomer se elevaba hasta 17.30 pesos por unidad. La caída de la divisa mexicana no pudo ser detenida por el Banco de México, a pesar de que en tres subastas inyectó 400 millones de dólares al mercado cambiario antes de mediodía.

Cabe recordar que la Comisión de Cambios, conformada por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinó desde el pasado julio, que el banco central puede subastar 400 millones de dólares, de los cuales 200 millones se venden “a precio mínimo” y otra cantidad similar “sin precio mínimo”. La depreciación de la moneda mexicana fue provocada, justifican de nuevo, por la disminución en los precios del petróleo y la ansiedad por la casi inminente normalización en las tasas de interés en Estados Unidos.

Este viernes, el peso entró al top ten de las divisas más depreciadas al ocupar un vergonzoso 0ctavo lugar. La verdad que priva fuera de todas estas argumentaciones producto de la “globalización”, según nos repiten un día sí y el otro también, está en la debilidad de la economía mexicana, en su dependencia económica, en el mal uso de los recursos públicos que dejan sin red de protección a los ciudadanos y de pilón, las fallidas reformas que han empobrecido a todos los sectores.