Por Esto!
Todo cambia y sigue igual
Pablo Gómez
No existe un sistema de Partido-Estado como lo vivimos durante muchas décadas del siglo XX, pero eso no quiere decir que hayamos mudado de Estado, pues éste sigue igual aún bajo la competencia entre partidos y las alternancias políticas. Una de las expresiones más claras al respecto es el fraude electoral. Sigue la compra de votos y el clientelismo coactivo, la cual no es incurable enfermedad de la pobreza sino síndrome de la corrupción pública. Y sigue también la simulación, la violación de la ley y el fraude maquinado en las esferas administrativas y judiciales.
No existe un sistema de Partido-Estado como lo vivimos durante muchas décadas del siglo XX, pero eso no quiere decir que hayamos mudado de Estado, pues éste sigue igual aún bajo la competencia entre partidos y las alternancias políticas. Una de las expresiones más claras al respecto es el fraude electoral. Sigue la compra de votos y el clientelismo coactivo, la cual no es incurable enfermedad de la pobreza sino síndrome de la corrupción pública. Y sigue también la simulación, la violación de la ley y el fraude maquinado en las esferas administrativas y judiciales.
Ahora estamos a punto de ver uno de esos fraudes de tercer piso en el que el INE, primero, y el Trife, después, dirigidos por el gobierno, harían una defraudación del texto constitucional para otorgar al PRI siete diputados más de los que debería tener en San Lázaro. Esta cantidad es muy grande aunque se mire pequeña frente a 500 escaños porque es justamente la que Peña Nieto necesita para rascar la mayoría tan necesitada, es decir, para no tener que negociar en niveles indeseables con la oposición.
El fraude ha sido meticulosamente planeado y fraguado a través de varias acciones. A partir de un convenio de coalición parcial del PRI y el PVEM se buscó la manera de tener más diputados oficialistas con los mismos votos sumados de ambos partidos. El propósito es llegar a la mayoría —251 curules o más— con un porcentaje que tan sólo raspa la tercera parte de los sufragios emitidos.
Hay siete candidatos priístas que aparecen como si fueran miembros del Partido Verde con el propósito de hacer crecer el número de curules plurinominales del PRI. Veamos: el PRI no participará en la distribución proporcional porque si así fuera se sobrerrepresentaría con más de ocho puntos porcentuales respecto de los votos obtenidos por él en las urnas. Como esto no lo permite la Constitución, entonces se le fija un número de curules entre uninominales y plurinominales, es decir, en total. Con base en esta fijación se le otorga el número de plurinominales que requiere sólo para completar la cantidad total de diputados priístas. Si el PRI pierde un diputado de mayoría relativa, como ha sucedido en Aguascalientes donde se anuló la votación de un distrito, no le pasa nada porque el INE le tiene que dar uno más de las listas plurinominales para completar el número total asignado de curules priístas. Pero, ¿qué pasa cuando le reducen al PRI siete diputados uninominales y se los asignan al PVEM? Entonces sí pasa algo: se duplican esos diputados cachirules, pues éstos van a la Cámara como si fueran de otro partido pero el INE le tiene que aumentar siete curules plurinominales al PRI para completar su número total. Esto podría llamarse la clonación de curules o la invasión de los clones priístas.
Es un fraude electoral sólo que no se lleva a cabo el día de la votación ni en los cómputos sino en una tercera fase que es el manipuleo de las leyes y la simulación en las esferas superiores. Parecería una mentira decir en el extranjero que en México se regalan diputaciones con la simple maniobra descarada y burda urdida por el gobierno, pero dentro de nuestro país sería tan sólo referirse a una parte de la inmensa corrupción del Estado que está presente en todos los niveles.
Antes del 29 de agosto se verá si tiene éxito este fraude electoral del PRI-gobierno. Si la combinación INE-Trife funciona, entonces apuntaremos un elemento más a la historia de las defraudaciones electorales mexicanas que son causas directas de la desconfianza política que impide el diálogo franco y directo, la competencia democrática y la confianza en las instituciones. Que no se hable después de estas calamidades sin referirse a los hechos concretos que las han causado. Que no se diga después que el creciente desprestigio del INE es producto de confabulaciones malévolas, campañas e incomprensiones. Que no se repita el mismo rezo falso de la “aplicación del Estado de derecho” porque eso no lo va a creer nadie. Y, finalmente, que se olviden algunos de su retórica de que el INE es una institución independiente del gobierno pues cada vez que lo digan provocarán más amargas carcajadas.
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