Por Esto!
Disciplina financiera sólo para Estados
Lilia Arellano
Estado de los ESTADOS
Economía debilitada, igual a devaluación
Corrupción, materia del endeudamiento
Exigencias internacionales directas a EPN
Estado de los ESTADOS
Economía debilitada, igual a devaluación
Corrupción, materia del endeudamiento
Exigencias internacionales directas a EPN
“En política, la coherencia ofende”. Jorge Saldaña.
Apenas inició la semana y los ventarrones económicos amenazan en convertirse en otra gran tormenta debido a la debilidad que existe en la economía nacional, lo cual ha derivado en la severa devaluación que se vive, producto –fuera de esos escenarios de gran dependencia con las monedas extranjeras que nos pintan para justificarse- de finanzas públicas desordenadas que atraen deudas mayores, déficit que se van superando año con año, abultada burocracia y un desequilibrado gasto público. Al cierre de estas líneas, el dólar se acerca cada vez más peligrosamente a los 17 pesos por uno, lo cual representa que no tardará en llegar a los 18 y así sucesiva e incontrolablemente. A esto tenemos que agregar nuevas ideas que habrán de inhibir más la obra pública estatal.
Estas devaluaciones, es mentira que traigan beneficio alguno para la población, sucede todo lo contrario, la empobrecen, provocan que las empresas disminuyan su capital, aumentan –como se ha visto- los precios de prácticamente todos los productos, derrumban aún más el poder adquisitivo de los pobladores y la clase trabajadora ve disminuido su salario de manera alarmante. Las deudas familiares por supuesto que incrementan. Así que no existe ninguna bondad para los ciudadanos como lo señalara el presidente Enrique Peña Nieto y, éstas sólo las verán los inversionistas en el ramo turístico aunque bien puede ser muy temporal, ya que la presentación de un país empobrecido no es grata para nadie.
A todo ello habrá que agregar que la caída de la producción petrolera, la disminución de los precios internacionales del petróleo y la ralentización económica llevarán al Estado mexicano a reducir aún más sus planes de gasto para el año próximo. Estas condiciones llevan también a restringir los recursos de las entidades federativas, que en lo que va de la presente administración han elevado su endeudamiento en 17.3 por ciento respecto del registro del 2012, alcanzando 510 mil 30.8 millones de pesos. En esa ruta va encaminada la iniciativa de Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF), que presentó el presidente Peña Nieto a la consideración del Congreso de la Unión.
El gobierno federal fijará límite de endeudamiento a los estados y municipios, de ser aprobada la iniciativa como se espera con un Congreso a modo. Se restringirá el uso de participaciones de libre uso que envía la Federación a las entidades, como garantía del pago de sus deudas. La contratación de éstas sólo será con aprobación de las dos terceras partes de la Legislatura local.
En Palacio Nacional, el presidente Peña Nieto sostuvo que la LDF es un paso en favor del orden en el manejo de las finanzas públicas, la transparencia y la rendición de cuentas, que muestra a México como un país confiable en el que se puede invertir. Sin embargo, habrá que tomar en consideración cuántas leyes han sido aprobadas, cuántos cambios a la Constitución también se han autorizada para que sólo se cumplan aquellas que convienen a reducidos grupos que manejan todo tipo de intereses, menos el popular. La Ley de Disciplina Financiera vendrá a poner candados donde se les quiera poner, pero el desorden, seguimos atestiguándolo, no tiene fin. Tan es así, que se pretende “hacer justicia en las mulas de mi compadre” porque para el gobierno federal no hay límite ni en deuda ni en gastos.
Únicamente aquellas Entidades consideradas “estables” en sus pasivos podrán endeudarse hasta en un 10 por ciento; las ubicadas en “observación” sólo podrán hacerlo en un 5 por ciento y las que ya cuentan con una deuda “elevada” no podrán aumentar su deuda, es decir, cero por ciento. Estas últimas podrán someterse a la opinión de una Comisión Bicameral del Congreso, conformada por cuatro senadores y cuatro diputados de la Comisión de Hacienda.
Al primer semestre de 2015, la deuda pública de estados y municipios representa 3.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), cerca de 510 mil 030.8 millones de pesos. El año pasado, el saldo de la deuda local representó 2.7 veces más que el monto de 2007. Del adeudo total de estados y municipios, casi 54.7 por ciento ha sido contratado con la banca comercial que opera en el país y es acreedora de 278 mil 973.2 millones de pesos. Las entidades más endeudadas, de acuerdo con los registros hacendarios, son el Distrito Federal y Nuevo León, con 65 mil 765.8 y 61 mil 77.3 millones de pesos, respectivamente.
Para que la Federación avale las deudas estatales, se deberán celebrar convenios que tengan obligaciones específicas de Responsabilidad Hacendaria, bajo ciertas condiciones. El monto del aval está limitado a 3.5 por ciento del PIB a nivel agregado. A nivel local, está limitado a 100 por ciento de los ingresos de libre disposición de la entidad o municipio (ingresos no etiquetados). Los proyectos de inversión de estados y municipios que sobrepasen los 52 millones de pesos deberán ser sujetos a un análisis minucioso de costo-beneficio para avalar su ejecución.
La propuesta de Peña Nieto enviada al Congreso se divide en cinco ejes, orientados a garantizar la ejecución prudente y eficiente del gasto. Uno, los limites al techo de financiamiento; dos, Planeación Financiera, en la que los estados y municipios deberán presentar cinco ejercicios históricos y cinco adicionales; tres, se establece un Sistema de Alertas, con indicadores públicos del endeudamiento y la capacidad de pago, así como entidades estables, en observación y con endeudamiento elevado. Los ejes cuatro y cinco se refieren, respectivamente, a un Aval Federal y Convenios con la Federación, que establecen obligaciones de responsabilidad hacendaria; y a un Registro Público Único, que compilará financiamientos y obligaciones de los entes públicos, accesible a los ciudadanos.
DEUDAS ESTATALES
Durante el primer semestre del año, de las 32 entidades del país, 14 incrementaron su deuda, mientras que 18 la redujeron. La lista de entidades con el mayor incremento en su nivel de deuda la encabeza Coahuila, con 2 mil 65 millones de pesos, equivalentes al 5.9 por ciento, al ubicarse en 36 mil 926 millones de pesos, cuando al cierre de 2014 llegó a 34 mil 861 millones de pesos. Le sigue Sonora con un incremento de mil 528 millones de pesos o 7.7 por ciento, ya que llegó a 21 mil 337 millones de pesos. Estas dos entidades coinciden en que sus ex mandatarios o gobernadores son investigados por desviación de recursos públicos. En Estados Unidos se investiga al ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, entre otros cargos por desviar dinero del erario para comprar medios de comunicación. De acuerdo con la investigación en curso, el también ex dirigente nacional del PRI depositó 1.8 millones de dólares en 2009 a cuentas del empresario Rolando Treviño González en Texas.
Por lo que toca a Sonora, el gobernador panista Guillermo Padrés es investigado en Estados Unidos por presuntamente lavar dinero proveniente de posibles sobornos de un contratista. Francisco Olvera Ruiz, gobernador de Hidalgo, aumentó su deuda en 25 por ciento, mil 168 millones, para llegar a un total de obligaciones de 5 mil 691 millones de pesos. Destaca el hecho de que el gobernador hidalguense ocupó el primer lugar en el Ranking Forbes de “Los gobernadores más falsos de México”. También ha sido señalado por acusaciones de gastos excesivos en los que incurre, como pagar fiestas de 300,000 pesos, así como asistir al Super Bowl. Cabe recordar que en 2012, la Secretaría de Educación Pública, de Hidalgo, distribuyó diccionarios con faltas de ortografía dentro de los paquetes de útiles escolares. También esa misma institución desvió, presuntamente, recursos para pagar a 1,440 “aviadores”, todos nacidos en el santoral de la Virgen de Guadalupe, por lo que se conocieron como los “lupitos” hidalguenses.
Por lo que toca a las entidades federativas que redujeron su deuda pública, destacan el Distrito Federal, Chiapas y Jalisco, que la disminuyeron en 2 mil 87 millones de pesos, 754 millones y 752 millones, respectivamente, en el periodo. El decrecimiento se relaciona con un menor margen para el manejo de la deuda, especialmente en los estados con mayores niveles de endeudamiento en relación a los ingresos que reciben del gobierno federal vía participaciones. Varias entidades se están preparando para la entrada de la reglamentación sobre las leyes en materia de disciplina financiera, por lo que están renegociando su deuda.
Para el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, México no tiene un problema de sobreendeudamiento de estados y municipios, pues apenas suma el 2.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Estas declaraciones las hizo después de haber fustigado a las Entidades para evitar la contratación de una mayor deuda, lo cual ahora ha logrado con la presentación de esta iniciativa de Peña Nieto que, por supuesto, no controla las peticiones de la dependencia a su cargo.
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