No hay respuestas satisfactorias en nada

¡¡Exijamos lo Imposible!!

Por Esto!
Impunidad al día

Lilia Arellano

Estado de los ESTADOS

Procuración de justicia, tema pendiente
Ejecuciones, crímenes y abusos al día
Reactivan despojo energético: Sener
Energía eléctrica: remate de oro puro

“La ley es el brazo de la venganza. Aplícala a tus enemigos sin piedad”.- Jorge Saldaña

Este miércoles, el presidente Enrique Peña Nieto inauguró la XXXIII Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Es, precisamente la ausencia de eficacia en esta materia, una de las causas de la pérdida de popularidad del mexiquense y de la reprobación de su gestión. A la fecha, cuenta sólo con la aprobación de 3 de cada 10 mexicanos y a tan sólo ocho días hábiles de la presentación de su tercer informe de gobierno ante el Congreso de la Unión y el pueblo de México, no hay respuestas satisfactorias a casos emblemáticos como el de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa; de las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, Estado de México; en Ecuandureo-Tanhuato, y en Apatzingán, Michoacán; los impunes asesinatos de periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos; y la detención de líderes de oposición y manifestantes.

Lejos de aclararse casos de enriquecimiento inexplicable de funcionarios del primer nivel, empezando por el propio presidente Enrique Peña Nieto, su esposa y los titulares de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que se evidencian en la compra de inmuebles de valor millonario; o de corrupción denunciados en redes sociales con la difusión de llamadas telefónicas que no dejan lugar a dudas de la complicidad de funcionarios con empresas favorecidas desde el poder político, la administración federal actual está empeñada en concretar la entrega de la riqueza energética del país a grupos económicos afines y en sociedad con grupos familiares del primer círculo del poder, para lo cual han insistido en mantener las licitaciones de la Ronda Uno a pesar de los pobres resultados alcanzados hasta el momento y pese al entorno internacional adverso, y arrancar la subasta eléctrica. El sector energético es, sin duda, el gran negocio del actual grupo en el poder.

Para el próximo informe de Gobierno de Peña Nieto se esperan sólo mentiras, justificaciones y, tal vez, más promesas. Lo relevante es que más que un Estado de Derecho, en México impera un estado de impunidad, complicidad y corrupción. La falta de resultados, fallas, omisiones y complicidades en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, es tan sólo la punta del iceberg de un Estado fallido. Esta semana, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que realiza la investigación sobre el caso, denunció la destrucción de evidencias, como los videos de una cámara de vigilancia en Iguala, y la no presentación de otros elementos como la ropa encontrada en dos de los autobuses.

El gobierno federal que encabeza Peña Nieto negó que se pudiera entrevistar a quienes, siendo autoridad, tuvieron contacto con los estudiantes la noche que desaparecieron, a casi un año de distancia de los hechos, lo que abona a la impunidad de los mismos. En conferencia de prensa realizada ayer desde Mazatlán, Sinaloa, donde encabezó la Reunión de Seguridad de la Zona Noroeste el secretario de Gobernación, se supo que habrá un informe de la Procuraduría General de la República (PGR) y de otras instancias para dar a conocer lo que se ha hecho. Informó que hay 115 detenidos por este caso. Pero no hay resultados, los estudiantes no aparecen y no hay evidencias físicas de que hayan sido ejecutados, ni donde se encuentran sus cuerpos. Por supuesto que tampoco hay responsables probados de estos hechos.

A más de un año de la muerte de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, que según testimonios fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, el caso no ha sido del todo resuelto. Testimonios publicados en diversos medios de comunicación revelaron que sólo un joven murió en el enfrentamiento y al resto los ejecutaron después de interrogarlos. Sólo un uniformado salió herido del primer encuentro. La justicia civil asumió el caso, pero el juicio no se ha llevado a cabo. Aún sigue sin aclararse cuántos presuntos delincuentes murieron en el fuego cruzado y cuántos fueron ejecutados.

Los hechos en Ecuandureo-Tanhuato, Michoacán, el pasado 22 de mayo, están catalogados como otra masacre. En los hechos se reportaron 42 “delincuentes” muertos, presuntamente integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, y un policía. Algo increíble para un “enfrentamiento”. Todo parece indicar que los policías federales no arrestan, ejecutan. Las fotos que circulan en redes sociales muestran a jóvenes sin camisa, con muestras evidentes de tortura: brazos quebrados, machetazos, ausencia de dientes frontales, tiros en la cabeza. Defensores de derechos humanos presumen la alteración deliberada de la escena: objetos, armas y personas fueron movidas para sostener la versión del enfrentamiento, pero está el detalle de que las armas no correspondían a los cargadores, por lo que no hubieran podido ser accionadas en combate.

La Policía Federal niega los hechos. Enrique Galindo, titular de la Policía Federal, sostiene que la investigación por el operativo realizado el 22 de mayo pasado en Tanhuato, Michoacán, sigue abierta. Aseguró que ninguno de los fallecidos presentaba “un tiro de gracia en la nuca” como se afirmó. El funcionario intentó desmentir versiones periodísticas que hablan de un peritaje de la Fiscalía de México, en el que se señala que más del 70% de las víctimas fueron ejecutadas y que una de ellas habría sido matada a golpes. Refutó que ese peritaje exista y argumentó que es la Procuraduría de Michoacán la que levantó la escena del crimen. La procuraduría estatal no ha ejercido acción penal contra los policías federales que participaron en el operativo.

La matanza del 6 de enero de este año en Apatzingán, Michoacán, también está impune. En esa fecha, alrededor de 100 personas, entre integrantes y simpatizantes de la extinta Fuerza Rural, se encontraban en un plantón afuera del Palacio Municipal, cuando a las 2:30 de la madrugada policías federales abrieron fuego en su contra. Ese ataque y otro más registrado ese día dejaron como saldo 126 muertos y decenas de heridos. La protesta fue porque 20 días antes el entonces comisionado federal para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, había disuelto al grupo “G-250”, creado por el propio Castillo, sin pagarles, y por recientes incursiones de Caballeros Templarios en sus localidades.

Por lo que toca al múltiple homicidio en la colonia Narvarte, donde fue asesinado el fotoperiodista Rubén Espinosa y cuatro mujeres más, entre ellas una activista social, este miércoles el presidente Enrique Peña Nieto lo aprovechó para comprometer a las procuradurías de todo el país a redoblar sus esfuerzos para proteger y dar justicia a periodistas de derechos humanos. En la 33 Asamblea de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, a la que acudieron procuradores de todas las entidades, el mexiquense afirmó que instruyó a la Secretaría de Gobernación fortalecer el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. No mencionó que desde el 2010 a la fecha, al menos 41 periodistas han sido asesinados en México y cerca de veinte han desaparecido. Veracruz es el caso más grave con catorce periodistas ejecutados.

La crisis de derechos humanos en México es generada por la impunidad prevaleciente, la cual alimenta la falta de acceso a la justicia eficiente, generando descontento e inconformidad en la población. Tanto los organismos públicos como las organizaciones sociales defensoras de derechos humanos han señalado que, pese a que el país tiene un marco jurídico muy provechoso con altos indicadores a nivel internacional, sigue siendo un reto el cumplimiento de estas prerrogativas frente a la opacidad con que se manejan los gobernantes.

La falta de recursos económicos tampoco ha sido problema. Según la Presidencia de la República, en lo que va de esta administración se han destinado 10 mil millones de pesos para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, de los cuales 537 millones fueron canalizados al financiamiento de tecnologías de la información y equipamiento, mientras que 5 mil millones fueron destinados a fideicomisos, exclusivamente para infraestructura y equipamiento.

DESPOJO EN PAUSA

La entrega de la riqueza energética del país a grupos económicos afines y en sociedad con grupos familiares del primer círculo del poder se encuentra en pausa debido al adverso entorno internacional, pero en proceso de reactivarse porque representa una oportunidad inmejorable para la creación de una riqueza extraordinaria para pandillas políticas del primer círculo de poder. Lo cierto es que no ha sido cancelado, por el contrario, a pesar de que los precios del petróleo siguen bajando, el entorno desfavorable empeora y no hay condiciones para licitar, se ha insistido en mantener las licitaciones de la Ronda Uno a pesar de los pobres resultados alcanzados hasta el momento y en el mes de octubre va a arrancar la subasta eléctrica.

El presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Juan Carlos Zepeda, descartó el martes, en el Senado, la cancelación de la Ronda Uno, para aguas profundas y aceites extrapesados. La cuarta licitación estaba lista para ser lanzada la primera semana de agosto, pero la complejidad de los proyectos y la magnitud de las inversiones han llevado a que se esperen tres semanas más. El funcionario dijo que las licitaciones para la exploración y explotación de hidrocarburos no se detendrán y que se buscará mecanismos más amplios para que el capital privado pueda complementar a Petróleos Mexicanos (Pemex). A su vez, Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, adelantó que para las siguientes licitaciones se definirán condiciones más flexibles para adecuarlas a la actualidad del mercado petrolero mundial y cuidando los intereses del Estado mexicano.

Por lo que toca al sector eléctrico, será en octubre de este año cuando se publique la convocatoria de la primera subasta eléctrica, misma que se adjudicará a más tardar en marzo de 2016, según lo anunció el cozumeleño. El subsecretario de Electricidad de la Sener, César Hernández Ochoa, precisó que este tipo de subastas son más amplias, con una expectativa de entre cuarenta y cincuenta participantes. El funcionario adelantó que a finales del siguiente año podrá llevarse a cabo una subasta de mediano plazo, en la que se compra energía a plazos de tres años y generalmente ahí participan las plantas de generación de ciclo combinado debido a que el riesgo es más manejable. En la Comisión de Mejora Regulatoria (Cofener), las bases del mercado eléctrico aún siguen en discusión.