La perversa privatización del líquido vital

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Por Esto!

Privatizaciones silenciosas

Gerardo Fernández Casanova

México es campeón mundial en consumo de agua embotellada, cerca de 250 litros anuales por cabeza, de acuerdo a cálculo de la Beveraje Marketing Corporation citado por la Procuraduría de Defensa del Consumidor en su revista. Conforme a la misma fuente el gasto anual per cápita en este rubro es de $1,800, lo que para una familia de cinco miembros significaría un monto cercano a los $9,000 anuales, cuando el salario mínimo anualizado es de $18,000. Confieso que no encontré otra fuente para corroborar la información y que me resulta difícil de creer; de cualquier manera, aún reduciendo la estimación a la cuarta parte, su magnitud resulta ser una monstruosidad. Pero lo que resulta ser verdaderamente criminal es la causa de tan cuantioso consumo: el negocio propiciado por el gobierno al deshacerse, en los hechos, de la responsabilidad de entregar agua potable entubada. Una perversa privatización a las mátalas callando que, por cierto, no mereció ni el asomo de una protesta.

Tal crimen sucedió hace ya varios años y lo saco a colación ante la seria amenaza de verse completado con la entrega total del recurso hídrico a la esfera de las mercancías y los negocios utilitarios. Fue a mediados de los años ochenta del siglo pasado cuando se registró una gran alarma por una supuesta epidemia de cólera, provocada por el consumo de agua contaminada, Se dijo entonces que tal contaminación se produjo por el rompimiento de cañerías en el temblor de 1985, aunque la supuesta epidemia se presentó en todo el territorio nacional. Para alimentar el “sospechosismo” resulta que en la misma época se registraron epidemias similares en Perú, en Brasil y en Colombia, aunque allá no hubiese temblado la Tierra, sino por pura coincidencia. Ya para entonces operaban varias organizaciones internacionales de la industria del agua embotellada y despuntaba el enorme negocio de los envases de PET, también por pura coincidencia. Si embotellamos todos estos breves datos encontraremos que se trató de un criminal contubernio entre empresas y gobiernos para configurar nuevos “nichos de negocios” el del agua potable y el de los envases PET, que en breve plazo alcanzaron cifras multibillonarias de dólares.

Nadie dijo nada porque a nadie se obligó a comprar agua embotellada, simplemente se dejó de invertir en tratamiento de agua y se dejó correr la bola de la epidemia, como muchas otras se han corrido para auspiciar la venta de determinados fármacos. Las empresas embotelladoras sólo tuvieron que invertir en una vigorosa campaña publicitaria, lo demás fue pura y neta ganancia. El significado real es que se le dio una tremenda tarascada al salario del trabajador que, entre pitos y flautas, tuvo que saciar su sed con agua envasada.

La actual lucha contra las reformas a las leyes relativas al agua, para evitar la privatización de su manejo original, debería incluir la exigencia al gobierno para que se responsabilice de la potabilización y la entrega de agua sana entubada.

Otra privatización es la que se registra en materia educativa. El dato de esta semana es que la UNAM sólo pudo admitir el 9% de las solicitudes presentadas, dejando a cerca de 100,000 jóvenes sin la posibilidad de la educación superior gratuita. La omisión del gobierno en cuanto al financiamiento de la educación superior, da lugar a otro pingüe negocio: las universidades privadas, algunas de ellas de buena calidad y muy elevado costo, la mayoría simples vendedoras de títulos chafas, aunque también caras para las posibilidades de la mayoría de las familias mexicanas. Todos los años se inician movimientos de protesta de los jóvenes rechazados, pero al carecer de posibilidades organizativas, pronto decaen y desaparecen; luego la gente “bien” se queja de los vándalos pandilleros y de los ejércitos reclutados por el crimen organizado o sin organizar.

No acabo de entender qué hace falta para que caigamos en cuenta de estar siendo gobernados por una camarilla criminal que, a despecho de sus obligaciones constitucionales, hacen de la necesidad popular un conjunto de negocios compartidos entre empresarios y políticos, ambos dizque.

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