Homozapping
Gobierno de Peña debería abogar por reinstalación de Aristegui: relator de la CIDH
Jenaro Villamil
La salida del equipo de Carmen Aristegui de MVS no es un conflicto entre particulares sino “un tema de alto interés público”, podría constituir “un acto de censura indirecta” y es el ejemplo de un “manejo desproporcionado de una falta menor” para justificar el cierre de ese espacio informativo, destacó Edison Lanza, relator para libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Entrevistado por Proceso en el marco del foro organizado por la organización Artículo 19, Lanza afirmó que “llama la atención que un programa de alto rating, que ha aportado pluralismo para el sistema de medios en México sea borrado de un plumazo por una cuestión desproporcionada”.
Cuando se le pregunta la posible relación de la salida con la difusión del reportaje de la Casa Blanca de Peña Nieto, el relator respondió con esta pregunta: “¿Cómo se explica que la empresa no haya levantado una queja cuando la primicia de la nota de la Casa Blanca no salió en su propio espacio y haya hecho un escándalo tan grande porque el equipo de Aristegui se haya adherido a una plataforma como Mexicoleaks que, por lo que tengo entendido, no le cuesta nada a la empresa y sin fines de lucro?”.
El relator consideró que si el caso no es un expediente de censura indirecta, “al gobierno mexicano le corresponde dar una señal clara, contundente, de que sería bueno que se mediara en el conflicto”.
-¿Qué señal sería clara y contundente? –se le cuestionó.
-La reinstalación en el mundo del trabajo no es un instrumento extraño, existe en las democracias maduras. Por lo tanto, promover una reinstalación a través de la defensoría de las audiencias o del Instituto Federal de Telecomunicaciones sería algo bueno.
-La empresa ha argumentado que hubo una violación de la marca… -se le comentó.
-Tal vez haya un uso de la marca indebido –algo que no me corresponde a mí investigar-, pero basta con una aclaración o con una disculpa para arreglar este asunto. Además, los periodistas tienen derecho de buscar información en distintas fuentes y ni siquiera tienen la obligación de decirle al dueño de la empresa cuál es su fuente de información. Mexicoleaks, en este caso, es una fuente de información más como puede ser un sobre por debajo de la puerta o un informante anónimo.
“Realmente, visto desde los organismos de derechos humanos esto presenta muchísimas dudas y hay que recordar que los mecanismos de censura indirecta también están prohibidos por la Convención Interamericana de Derechos Humanos”, sentenció.
-¿Este es un caso de censura indirecta?
-Bueno, ojalá yo tuviera todos los elementos para decirlo, pero hay dudas de la relatoría para decir que esto pueda ser un mecanismo de censura indirecta. Por una divergencia menor a la luz de lo que se conoce se saque del aire a un programa y a una periodista que eran de primer orden en función del interés público.
-¿Cómo definimos la censura indirecta?
-La censura indirecta es cuando el Estado hace uso de mecanismos legítimos o de mecanismos sutiles, en forma oculta, para interferir y obstaculizar el flujo informativo e interferir en la labor de los periodistas.
-¿Un conflicto contractual puede volverse un mecanismo de censura indirecta?
-Sí, sobre todo, si este mecanismo es utilizado en forma desproporcionada y sin una razón válida aparente para dejar fuera o impedirle el trabajo a un periodista o silenciar a un grupo de periodistas por el hecho de que han publicado información que a algunos funcionarios no les gusta. Esta es la duda principal que queda en este caso.
-¿Tuvo usted conocimiento de los “lineamientos editoriales” de MVS el 13 de febrero? ¿Es práctica común emitir estos lineamientos?
-En general, en América Latina hay muy poca práctica y experiencia de publicar previamente los lineamientos de trabajo y los códigos de ética de los medios. Muy pocos los tienen publicados, por lo tanto, hay mucha opacidad en la región.
“En este sentido, esta empresa se había movido en una buena práctica cuando el contrato con Aristegui incluía un código de ética y autonomía. En segundo lugar, porque nombró a un ombudsman de las audiencias.
“La autorregulación explícita y transparente es una obligación de los medios. De lo contrario, están haciendo un daño al desarrollo democrático que es que los gobiernos les impongan códigos a los medios.
“La relatoría se ha pronunciado en contra de la imposición de los códigos de ética desde la parte gubernamental.
Ahora, tanto la relatoría como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han dicho que deben ser mecanismos explícitos, transparentes y respetuosos de la libertad de expresión y el derecho a la libertad de expresión.
-¿En el contexto de México y de América Latina cómo ubicaría este caso de la salida de Aristegui de MVS?
-Es preocupante en el sentido de que México trabajosamente viene construyendo instituciones para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información. La relatoría también ha señalado como avances de México darle autonomía constitucional al IFAI y al IFT.
“La finalidad de cualquier regulación tiene que ser garantizar la libertad de expresión. En ese contexto donde ha habido avances, donde ingresan dos nuevas cadenas nacionales de televisión, esto es un punto de preocupación que podía ser un punto de retroceso porque ¿cuál es el mensaje que se le está dando a los periodistas en los medios? La libertad de expresión es meramente una libertad del dueño de medio y no hay un espacio de autonomía para los periodistas. Es un mensaje realmente regresivo.
-¿Qué papel debe tener la autoridad mexicana en este caso?
-Al gobierno le correspondería dar una señal clara, contundente de que sería bueno que se mediara en un conflicto. La reinstalación en el mundo del trabajo no es un instrumento extraño, existe en las democracias. Por lo tanto, promover una reinstalación a través de la defensoría de las audiencias, el IFT sería algo bueno.
“En segundo lugar, la justicia tendrá que tomar cartas en el asunto, en la medida que Aristegui ha anunciado que buscará el amparo de la justicia. Ahí lo importante es que garantice los estándares de respeto a los derechos humanos”.
-Lo más probable es que nos veamos en un proceso de judicialización. Es una manera también de dejar fuera del aire a Aristegui y su equipo por un buen tiempo. ¿Podría ayudar la mediación del gobierno?
-En todos los conflictos sociales que involucren derechos, el gobierno puede ser amigo de la libertad de expresión, dado que si uno lee el historial de este caso encuentra, en apariencia, más malos entendidos que problemas graves.
Un programa con mayor rating, con éxitos periodísticos y con información realmente relevante, debe estar en el aire.
“Sin medios autónomos, independientes del gobierno, es muy difícil consolidar la democracia. No sería una injerencia arbitraria si el gobierno estuviera interesado en mediar.
-¿Ha tenido usted algún contacto o interlocución con la empresa?
-Llegué apenas ayer y no he tenido ningún interés de la empresa, hasta ahora. Sí del equipo de Aristegui que me puso en información sobre el caso.
-¿Cuál sería el siguiente paso que debe hacer el relator? ¿Emitir alguna recomendación?
-El hecho de que esté haciendo declaraciones públicas demuestra el interés de la relatoría en este tema. El sistema tiene instrumentos que dependerán de la presunta víctima movilizarlos. En este caso, Aristegui y su equipo, al agotar los recursos internos y las vías judiciales, deciden acudir a la relatoría ahí actuaremos.
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