Involucrado indirectamente con Monex

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Proceso

Gabino Fraga, apoderado legal y contratista de Banobras

ANABEL HERNÁNDEZ

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Gabino Antonio Fraga Peña investigado por el Servicio Ejecutivo de la comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España (Sepblac) tras detectar que realizó operaciones financieras irregulares en el Banco de Madrid por más de 400 mil euros, es apoderado legal de Banobras.

Fraga Peña fue colaborador de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012 y su empresa Grupo de Abogacía Profesional, mejor conocido como Grupo Gap, estuvo involucrada indirectamente en el caso Monex.

El nombramiento le fue otorgado en 2014 cuando Alfredo del Mazo era director general de Banobras. Además, bajo la administración de Del Mazo, exalcalde de Huixquilucan y familiar político de Peña Nieto, el banco otorgó a Grupo de Abogacía Profesional un contrato por adjudicación directa de 360 mil pesos para “demandas agrarias en contra del banco como terceros perjudicados”. El contrato inicio en enero de 2014 y concluyó en diciembre de ese mismo año.

Este es el primer contrato que se detecta después de la campaña presidencial, pero en el sitio de internet oficial de Grupo de Abogacía Profesional, mejor conocido como Grupo Gap, se afirma que elabora estudios jurídicos para IMSS, Pemex, CFE, Presidencia de la República, Sedesol, Fonatur y Banobras.

Proceso publica en su número 2003, actualmente en circulación, el reportaje titulado Las turbulencias bancarias de Gabino Fraga, en el que hasta el cierre de la edición no se contaba con el dato oficial del cargo que desempeñaba actualmente Fraga Peña en Banobras.

En dicho reportaje se detalla que en el documento oficial titulado “Relación de poderes otorgados y nombramientos de delegados fiduciarios”, fechado en abril de 2014 y que ostenta logotipos de Banobras y de la SHCP, se enlista a funcionarios públicos y abogados externos. Fraga Peña aparece con dos nombramientos: uno otorgado en 2005 y otro en 2010, el cual fue ratificado por Del Mazo. También tiene dos nombramientos Griselda Martínez Andrade, quien igualmente forma parte de GAP.

Este grupo estuvo involucrado en el presunto financiamiento ilegal paralelo a la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012. Operaba en la misma oficina que la empresa Efra, a través de la cual presuntamente se canalizaron más de 70 millones de pesos a la campaña de Peña Nieto vía monederos electrónicos, se puntualiza en la revista Proceso.