Homozapping
MVS se enreda con sus propios argumentos frente a Aristegui
Vargas le entregó el documento de los “lineamientos” que ya se había hecho público y le propuso que se podían reinstalar a los reporteros Daniel Lizárraga e Irving Huerta, despedidos un día antes, si ella acataba estos nuevos lineamientos que, entre otras cosas, la obligaba a compartir sus investigaciones con otros conductores y a modificar su barra de análisis.
“Ellos pusieron ese ultimátum a sabiendas de que esos lineamientos iban en contra de los términos de autonomía editorial que estaba amparado en mi contrato”, afirmó Aristegui a Proceso, al rememorar este pasaje del conflicto que derivó en su salida de MVS.
“Este episodio es importante recordarlo porque el motivo de su diferencia conmigo no era, entonces, el uso de la marca sino imponer estos lineamientos. Ni siquiera avisaron al árbitro que ambos habíamos convenido para asuntos de contenido”, sentenció la conductora.
Cerrojazo a Woldenberg
Este árbitro, designado el 23 de junio de 2014 por ambas partes es el ex consejero presidente del IFE, José Woldenberg, quien aceptó actuar en calidad de árbitro “dado el caso que existiera diferendo en el entendido o interpretación de los criterios y reglas planteadas en el ‘Acuerdo General de Política Editorial y Reglas de Conducta Etica’ que se constituyó como Anexo B” en el contrato suscrito entre Carmen Aristegui y Alejandro Vargas Guajardo, representante de MVS Radio.
Una carta fechada el 19 de marzo de 2015 y firmada por el propio Woldenberg confirmó que MVS Radio no le avisó sobre los nuevos lineamientos editoriales y tampoco aceptó su arbitraje en el diferendo con Aristegui.
“El domingo 15 de marzo, estando en San Francisco, California, recibí una llamada telefónica de Carmen Aristegui. Me planteó la posibilidad de activar el mecanismo de arbitraje que se había pactado previamente en caso de diferencias entre ella y la empresa MVS. Me comprometí con ella a tratar de hablar inmediatamente con Alejandro Vargas. Entré en contacto con él y me dijo, por teléfono, que agradecía la comunicación, que hablaría con sus abogados y que luego se comunicarían conmigo”, relató Woldenberg en su primer párrafo de la carta.
“El martes 17 de marzo de nuevo Carmen Aristegui me volvió a buscar. Hablamos por teléfono y quedé de hacer un nuevo intento con Alejandro Vargas. Le marqué y volvió a tomar la llamada. Ante mi insistencia de eventualmente activar el mecanismo de arbitraje, me señaló que el Consejo había descartado dicha posibilidad, que el arbitraje estaba previsto para asuntos de contenido y que para ellos el diferendo tenía que ver con cuestiones de gobierno corporativo. Que no tenía cabida el arbitraje”, precisó.
Proceso buscó la versión de Grupo MVS a través de su vicepresidente de Relaciones Interinstitucionales, Felipe Chao, frente a esta versión del árbitro entre la empresa y Aristegui y ante las declaraciones del relator para asuntos de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, quien estuvo en México y expresó su consternación porque el programa de Aristegui “haya sido borrado de un plumazo por una cuestión desproporcionada”.
La respuesta fue que, por consejo de los abogados del corporativo, ya no habrá ninguna versión más de MVS frente a este diferendo.
Al periódico Reforma, Chao le respondió que el arbitraje era “única y exclusivamente para cuestiones editoriales y éste no es un problema editorial”. “Creo que la salida a todo esto es hacer público la totalidad del contrato”, agregó el vocero de MVS.
La otra versión de MVS
Apenas el domingo 22 de marzo, en el comunicado titulado “Falso que MVS Radio haya censurado el reportaje de la Casa Blanca”, la empresa de los Vargas dio otra versión del conflicto con Aristegui.
En respuesta a la entrevista que Proceso sostuvo con la periodista (Edición No. 2003), Grupo MVS se expresó “sorprendido” por la afirmación de que hubo una petición para que no se difundiera a través de MVS el reportaje de la Casa Blanca de Peña Nieto.
“Ha sido público y notorio la amplia difusión que dicho reportaje tuvo precisamente en el espacio informativo de Noticias MVS desde el 10 de noviembre del año pasado”, afirmó el comunicado.
Sin embargo, en el penúltimo párrafo del comunicado, que reiteró varias preguntas hacia Aristegui, MVS modificó su propia versión de la ruptura con la conductora:
“Como lo hemos informado, el motivo de la terminación del contrato, obedece única y exclusivamente a que la periodista fijó como condición para resolver el problema que enfrentamos la reinstalación de los dos reporteros separados de su cargo, y como empresa no podemos aceptar condicionamientos o ultimatos (sic) de nuestros colaboradores. No podemos permitir que nadie pretenda privilegios en menoscabo de sus compañeros. Las actitudes individualistas no tienen cabida en nuestro proyecto.
“Ratificamos que este es el momento en que cada quien se haga responsable de sus propios actos. Los reporteros separados de su cargo son responsables de haber comprometido una alianza de MVS en las que no fuimos consultados. Tú, Carmen, eres responsable de la soberbia que te llevó a creer que podías desafiar a la administración de MVS Radio para imponer tu voluntad, y nosotros Carmen, somos responsables de no aceptar ni tu desafío ni tus condiciones. Deja de buscarle cinco pies al gato. MVS Radio se hace responsable de su libertad de empresa y libertad de contratación”.
Ni una sola mención a los “lineamientos” editoriales que dieron a conocer el 13 de marzo.
Apenas tres días antes, el jueves 19 de marzo, en otro comunicado, Felipe Chao leyó un documento donde señala que “es falso que MVS Radio transgreda la libertad de expresión a través de sus lineamientos editoriales mismos que hicimos públicos”. Incluso, “retó” a quienes los hayan leído que indique “dónde se pudiera ver afectada la libertad de expresión”.
MVS ignoró a su propio ombudsman, Gabriel Sosa Plata, quien afirmó en el análisis de esos “lineamientos” que “modifican unilateralmente las condiciones del contrato y el acuerdo” firmado por Aristegui y “no son producto de una acción consensuada”.
Sosa Plata consideró que “imponen ciertas condiciones que no estaban consideradas en el acuerdo” con Aristegui y “en ninguna línea se menciona su derecho a la libertad de expresión durante las emisiones” (ver Proceso, No. 2003).
(Mañana continúa)
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