Proceso
INE: una crisis anunciada
JESÚS CANTÚ
El PRI sabe que la popularidad del presidente Enrique Peña Nieto atraviesa su momento más bajo y que difícilmente podrá recomponerla en los siguientes cinco meses, por lo que si quiere obtener la mayoría de legisladores en la Cámara de Diputados e intentar, al menos, retener las seis gubernaturas (de las nueve) que estarán en disputa en la elección del próximo 7 de junio, su única alternativa es impulsar el crecimiento del PVEM, que se convierte así en su principal apuesta.
Por al PRI le preocupa que se emita un acuerdo del Consejo General del INE que fortalezca la imparcialidad de los gobernantes en el uso de los programas sociales y los recursos públicos; que se nombre como titular de la Unidad de Fiscalización a un profesional que no se someta a su control, como sí lo hace el actual encargado, Alfredo Cristalinas, o que se modifique la conformación de la Comisión de Quejas y Denuncias, que hoy tolera todos los abusos del Verde.
Los priistas cuidaron hasta el último detalle para asegurarse de que preservan el control de todos los trámites importantes del proceso electoral: primero colocaron en la legislación diversas disposiciones que le aseguran que con cuatro de los 11 integrantes del Consejo General del INE mantienen el control del órgano electoral, al requerir una mayoría calificada de ocho votos (Proceso 1959); segundo, en abril de 2014 lograron incrustar en el Consejo General a cuatro de sus incondicionales, y en particular a su carta más fuerte, Marco Antonio Baños, que es precisamente el que aparece recurrentemente como el líder del bloque; tercero, tuvieron buen cuidado de verificar que entre las propuestas del PAN y el PRD hubiera algunos perfiles que les permitieran garantizar que, en los temas importantes, al menos dos de ellos se sumarían al bloque de cuatro votos duros para hacer la mayoría en el Consejo General; cuarto, aseguraron la presidencia y la mayoría de las comisiones que más inciden en el proceso electoral; y, cinco, a través de “sus consejeros” aseguraron también la mayoría en los Consejos de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
El bloque de seis consejeros que el miércoles 18 evitó que se discutieran y, en su caso, se aprobaran los proyectos de acuerdo referidos está integrado por los mismos cinco consejeros (Marco Antonio Baños, Enrique Andrade, Beatriz Galindo, Adriana Favela y Javier Santiago Castillo) que en octubre del año pasado lograron colocar a casi las dos terceras partes de los consejeros de los OPLE. Así, a los priistas Baños, Andrade, Galindo y Favela se sumaron el perredista Santiago Castillo y el panista Nacif, y se cumplió la previsión hecha desde que se conformó el Consejo General (Proceso 1953).
Desde la integración de las comisiones en junio del año pasado, aseguraron que uno de los suyos presidiera la de Vinculación (Baños), donde también participan Favela, parte del bloque tricolor; Ciro Murayama, propuesto por el PRD, y Arturo Sánchez, por el PAN, que lo más que pueden hacer es empatar las votaciones; la cuestionada de Quejas y Denuncias, con Galindo (presidenta) y Favela, de su mismo bloque, y Roberto Ruiz, panista; Capacitación Electoral y Educación Cívica, responsable de la conformación de las mesas directivas de las casillas, presidida por Andrade, quien estará acompañado de Baños y Ruiz.
Una de las comisiones importantes en la que los priistas quedaron en desventaja de dos a tres fue la de Fiscalización, presidida por Benito Nacif e integrada por Andrade, Galindo, Murayama y Santiago. Sin embargo, se aseguraron el control del titular de la unidad: deben juntarse ocho votos de consejeros para nombrar a un nuevo dirigente, lo que hace imposible sustituir a Cristalinas.
Lo realmente sorprendente de la crisis que estalló el pasado miércoles, 10 meses después de conformado el actual Consejo General, es que se haya demorado tanto y que cause tanta sorpresa entre los representantes del PAN, PRD, PT y MC, pues sus legisladores sabían lo que vendría desde que votaron en la Cámara de Diputados (los del PAN y el PRD en forma aprobatoria, como parte del llamado Pacto por México, y los del PT y Movimiento Ciudadano, en contra de varias disposiciones) las reformas constitucional y legislativas en el Congreso de la Unión y la integración del Consejo General. Los representantes de los tres nuevos partidos (Morena, Humanista y Encuentro Social) no participaron en ninguna de las votaciones y, por lo tanto, sí pueden llamarse a engaño.
Hasta hoy los cuatro consejeros priistas están cumpliendo plenamente con su encomienda y construyen el escenario ideal para que el PRI logre sus objetivos. La manipulación de la voluntad popular hoy ya no se realiza a través de la alteración de la lista nominal o las actas de escrutinio y cómputo, o con el relleno, robo o cambio de urnas y demás prácticas que permitieron prolongar la permanencia del PRI en la Presidencia hasta 2000. Ahora se logra mediante recursos que permiten desequilibrar la arena electoral a favor del partido en el gobierno, como es el ingreso de dinero de fuentes prohibidas o sin declararlo a la autoridad, el rebasar los topes de gastos de campaña, el desvío de recursos públicos, la utilización partidista de los programas sociales, el abuso de las campañas en los medios de comunicación masivos o la compra y coacción del voto. En fin, todo tipo de argucias que permiten competir en condiciones francamente ventajosas.
Y eso es precisamente lo que no sólo toleran, sino propician las autoridades electorales por el control de este grupo priista que logra imponer sus condiciones en el Consejo General del INE y, a través del mismo, a toda la estructura nacional. Éste es el resultado de la reforma que impulsaron los dirigentes nacionales del PAN (Gustavo Madero) y del PRD (Jesús Zambrano), quienes se empecinaron en concentrar el poder en un órgano nacional; ellos fueron los que crearon el “monstruo” (Proceso 1936) que hoy amenaza con destruirlos.
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