El nuevo autoritarismo mexicano
ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El PRI está de regreso en Palacio Nacional. Partido de formas, lenguajes, maneras, gestos, tonos. Encubridora simulación. Vocablos que resurgen, palabras del pasado transmutadas en invocaciones de futuro: institucionalidad, unidad nacional, principios revolucionarios, democracia y justicia social…
Pasaron 12 años desde que un partido diferente ocupó la silla. Sí, la silla. Parece que pasó mucho tiempo desde que ciertas expresiones cayeron en desuso. Y, sin embargo, el pasado es tan próximo, tan real, que asusta. Una generación, quizá, no conoció el rostro del autoritarismo hegemónico pero supo del desencanto político, de la miseria persistente y de la guerra que todo lo abarca. Es decir, no conoció al PRI en la Presidencia, pero sufrió los efectos del sistema político mexicano, de sus formas de Estado y gobierno, de sus abominaciones económicas. Las mujeres y los hombres de esa generación fueron testigos del fracaso democrático en las instituciones que una vez generaron confianza; de la resistencia en las esferas gubernamentales a la rendición de cuentas; de las garantías que no están garantizadas porque el aparato de Estado se ha propuesto su vulneración justificada en la procuración de paz y seguridad. De la imposición de criterios desde el epicentro de la opulencia que se presentan como “reformas estructurales”. De la corrupción y la impunidad, binomio cuadrado perfecto de la clase política de todos los partidos.
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Hace unos presidentes, el monarca sexenal se aproximaba a la plebe con frecuencia. Luis Echeverría, en 1976, hizo un viaje de 44 días por el extranjero; a su regreso fue recibido por una concentración masiva que coreaba su nombre, mientras los “jilguerillos” –la designación despectiva para los oradores oficialistas– reproducían los títulos: “Líder del Tercer Mundo”, “Trabajador de la paz”, “Revolucionario nacionalista”…
El 3 de septiembre de 1982 hubo una concentración masiva en el Zócalo de apoyo al presidente José López Portillo, que acababa de nacionalizar la banca. Acaso haya sido él, desde Adolfo López Mateos, el que más acudió al Zócalo a esperar la alabanza. El 13 de diciembre de 1986, otra concentración masiva recibía al presidente Miguel de la Madrid después de una gira por Japón y China.
En la reedición ritual, nada mejor que una concentración masiva, aunque no en el Zócalo, sino en el Centro Banamex de la Ciudad de México, que a cinco días de la detención de Elba Esther recibe a Peña Nieto con los priistas ovacionándolo. Son las otrora fuerzas vivas de la Revolución que dejan en el pasado sus pretensiones ideológicas para abrazar la causa, que de una vez por todas destierra los matices de la retórica priista para plegarse al pragmático-centrismo.
Un pragmatismo que encuentra su inspiración en el pasado presidencialista: De la Madrid encarceló al temible jefe policiaco Arturo El Negro Durazo; Salinas, al cacique sindical petrolero Joaquín Hernández Galicia, La Quina; Zedillo, a Raúl Salinas de Gortari. Fox no pudo encarcelar a nadie y Calderón optó por militarizar el país.
Desplante de fuerza que reafirma el poder presidencial; destrucción de un poderoso para mostrar quién puede más, gana el respeto que infunde el temor a la mano dura y se traduce en elogios a la voluntad y la determinación. Advertencia a una clase política que cada seis años debe saberse prescindible. Florecen los vocablos de la lealtad institucional, apellido partidista que se reedita para evitar la insubordinación.
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Por las calles del centro de la Ciudad de México, cerca de cuarenta sindicatos independientes de los grandes corporativos gremiales lanzan consignas contra la reforma laboral, y los maestros de la CNTE, aquellos que no se doblegaron ante la amenaza de que les exhibieran casos de corrupción o los metieran a la cárcel, desfilan hasta el Zócalo, donde las arengas son todo menos complacientes con la política presidencial y el Pacto por México. Ecos de la subordinación, peyorativo parónimo del argot corporativo que descalifica la transgresión a las leyes no escritas de la hegemonía: los sindicatos independientes son “los impertinentes”.
Diálogos infructuosos y simulaciones que a nada llevaron. La posición del gobierno federal se reproduce en las entidades federativas: se acepta el diálogo pero no se modifica la reforma educativa. Las marchas de la CETEG y de las policías comunitarias, ese día 1 de mayo (2013), fueron de la Autopista del Sol a la sede del gobierno guerrerense, trayecto que se llenó de pintas y cristalazos a los edificios públicos de Chilpancingo, y aparatosos desmanes que volcaron con pura fuerza humana los vehículos oficiales que encontraron al paso. Fueron al edificio de la Policía Federal y lanzaron piedras, siguieron a la SEP y causaron daños en la fachada. La movilización de decenas de miles de personas, por tercera ocasión en lo que iba del año, expresaba el rechazo a la reforma educativa pero también un largo historial de agravios plasmados en las pintas: “Asesinos”, “malditos perros”, alusivas al asesinato de dos estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2011, uno de los antecedentes que más tarde serían invocados con persistencia ante una de las represiones más dolorosas de la historia moderna de México…
“Vándalos” fue el calificativo que se volvería popular ese día para designar la protesta social. Reedición de los calificativos: vándalos, como en 1968 y 1971. Fue así como en la Ciudad de México la mayoría de las coberturas informativas llamaron al grupo de jóvenes encapuchados que ese 1 de mayo acudieron al desfile de los sindicatos independientes y realizaron pintas, rompieron vidrios y se confrontaron con la policía capitalina.
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Cuando se abandona el repaso de la historia para operar la sumatoria de los muertos del presente, se asimila lentamente el exterminio, porque se va perdiendo la memoria y la relevancia de los hechos que originan el desastre para configurar la moral de nuestro tiempo con indiferente sentido del pasado doliente y atribulado.
Todo el náhuatl, en una palabra, Ayotzinapa, etimología sugerente de abundancia, es ahora contrasentido y tragedia. Ayotzinapa y sus 43 ausentes, más seis muertos, más dos muertos de 2011, más cientos o miles sometidos a incontables crueldades, más una historia de rebeldía ante la desigualdad y la injusticia desde su pasado colonial hasta ahora.
Todo lo que somos y todo lo que ocurre tiene conexión con el pasado. Nación condenada a mil fracasos, sueños perdidos en el despertar violento, aspiraciones imposibles que, convertidas en abstracción por efecto de la fría aritmética, resultan en el olvido y quedan las historias oficiales y las escuetas exposiciones de libro de texto… si acaso. Y ante la magnitud del exterminio, qué más da pensar en letras o en números: tan inútil parece tener conciencia de historias como de datos estadísticos cuando una noción eliminacionista persiste, irrevocable, en los hombres del poder. Cuánta impotencia.
Los datos y las historias a veces sólo ofrecen una versión embrollada sobre lo que redunda en algo que se debe tener muy claro: una secuencia de exterminios, determinación consistente en su letal propósito, coherencia de eliminaciones… Suprimir ese vocablo brutal cuando se habla de personas tiene por sustrato los actos de separar, prescindir, alejar, excluir, expeler, matar y desaparecer.
“Ayotzinapa somos todos” es la consigna que convoca a una identidad aglutinadora que se propone inspirar la noción de que eso que le ocurrió a los normalistas puede sucederle a cualquiera. Y así es. Y aun antes de lo acontecido en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014, somos lo que somos: un país donde se elimina a quien protesta, que confronta y se opone a la voluntad de las élites del poder.
Lo que aterra del autoritarismo mexicano es su máscara de buenas intenciones. La máscara con la que subsiste el verdugo, criminal homicida que dice defender las instituciones. La que perpetúa la eliminación de los llamados enemigos del Estado, entendido como individualización del poder y no como contrato social. Hay veces en que el disfraz de unos se pierde, pero jamás trastoca la gran puesta en escena, el teatro del horror de todos los tiempos.
Es la cortina que posibilitó que los veteranos de la Revolución se convirtieran en represores contrarrevolucionarios; que fueran ellos quienes formaran a los represores de los años sesenta y setenta que, 30 años después, encabezaran la “guerra” de Felipe Calderón. O que sean relevos generacionales al poder los que reediten las masacres y desapariciones.
Impunidad es lo contrario de punible, es decir, de aquello que merece castigo. Luego, impunidad, es aquello que, mereciéndolo, no recibe castigo… La violencia del poder no lleva capucha como aquellos que protestan, pero sí un refinado antifaz para la impunidad de los perpetradores.
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