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Cuotismo y cuatismo hunden al INE y al Trife
Ricardo Monreal Avila
El Tribunal Electoral Federal (Trife) y el Instituto Nacional Electoral (INE) mostraron de qué están hechos: de cuotismo partidista y de cuatismo político. Estos son los dos males que aquejan a los organismos electorales actuales, a grado tal de poner en riesgo la confiabilidad del próximo proceso electoral, es decir, la legitimidad de las elecciones.
En la madrugada del jueves 19 de febrero el Tribunal resolvió que el PRI no hizo lo que a muchos nos consta que sí hizo: resolvió que no compró votos, que no financió ilegalmente la campaña presidencial del 2012 y que no rebasó los topes de gastos. Es decir, que fue una elección inmaculada y que no se gastó un peso de más.
Este fallo se emitió en contradicción flagrante con la investigación realizada en su momento por el propio IFE en torno a las tarjetas de prepago de Banca Monex, donde el PRI argumentó que las utilizó para pagar a su estructura electoral, pero resulta que varios de los presuntos beneficiarios de esos monederos electrónicos no recibieron nunca el dinero, o recibieron montos menores a los reportados o nunca se ubicó a los que presuntamente se les pagó con dichas tarjetas. Hablamos de casi 400 millones de pesos que no se supo ni de dónde llegaron ni a dónde fueron a parar.
Por su parte, el INE tiene una crisis de credibilidad, producto del cuotismo de la partidocracia con la que fue integrado su Consejo General. El articulista de la revista Proceso y exconsejero ciudadano del IFE, Jesús Cantú, describe de la siguiente manera la situación del INE:
“La crisis que explotó en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) el miércoles 18 evidenció el control que el bloque de consejeros del PRI tiene sobre dicho órgano electoral y la estrategia electoral priísta de compensar su pérdida de votos con el crecimiento de su satélite: el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
“El PRI sabe que la popularidad del presidente Enrique Peña Nieto atraviesa su momento más bajo y que difícilmente podrá recomponerla en los siguientes cinco meses, por lo que si quiere obtener la mayoría de legisladores en la Cámara de Diputados e intentar, al menos, retener las seis gubernaturas (de las nueve) que estarán en disputa en la elección del próximo 7 de junio, su única alternativa es impulsar el crecimiento del PVEM, que se convierte así en su principal apuesta.
“Por eso al PRI le preocupa que se emita un acuerdo del Consejo General del INE que fortalezca la imparcialidad de los gobernantes en el uso de los programas sociales y los recursos públicos; que se nombre como titular de la Unidad de Fiscalización a un profesional que no se someta a su control, como sí lo hace el actual encargado, Alfredo Cristalinas, o que se modifique la conformación de la Comisión de Quejas y Denuncias, que hoy tolera todos los abusos del Verde” (Proceso, 23 de Febrero, “INE: una crisis anunciada”).
¿De qué abusos hablamos? De una campaña publicitaria que rebasa los 500 millones de pesos, conforme a tarifas comerciales, en espectaculares fijos, en autobuses urbanos, en llamadas telefónicas a domicilio, en comerciales de un minuto en casi todas las salas de cine en el país, pero sobre todo, de promocionales pagados y pautados fuera de los tiempos oficiales del INE. Es decir, hablamos de una violación reiterada, sistemática e impune de la Constitución y del código federal electoral.
La ruta a través de la cual el PRI y el gobierno se apoderaron del nuevo INE es la siguiente: “Los priístas cuidaron hasta el último detalle para asegurarse de que preservan el control de todos los trámites importantes del proceso electoral: primero colocaron en la legislación diversas disposiciones que le aseguran que con cuatro de los 11 integrantes del Consejo General del INE mantienen el control del órgano electoral, al requerir una mayoría calificada de ocho votos (Proceso 1959); segundo, en abril de 2014 lograron incrustar en el Consejo General a cuatro de sus incondicionales, y en particular a su carta más fuerte, Marco Antonio Baños, que es precisamente el que aparece recurrentemente como el líder del bloque; tercero, tuvieron buen cuidado de verificar que entre las propuestas del PAN y el PRD hubiera algunos perfiles que les permitieran garantizar que, en los temas importantes, al menos dos de ellos se sumarían al bloque de cuatro votos duros para hacer la mayoría en el Consejo General; cuarto, aseguraron la presidencia y la mayoría de las comisiones que más inciden en el proceso electoral; y, cinco, a través de “sus consejeros” aseguraron también la mayoría en los Consejos de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE)”.
El bloque de seis consejeros que el miércoles 18 evitó que se discutieran y, en su caso, se aprobaran los proyectos de acuerdo referidos está integrado por los mismos cinco consejeros (Marco Antonio Baños, Enrique Andrade, Beatriz Galindo, Adriana Favela y Javier Santiago Castillo) que en octubre del año pasado lograron colocar a casi las dos terceras partes de los consejeros de los OPLE. Así, a los priístas Baños, Andrade, Galindo y Favela se sumaron el perredista Santiago Castillo y el panista Nacif, y se cumplió la previsión hecha desde que se conformó el Consejo General del nuevo INE.
Lo realmente sorprendente de la crisis que estalló el pasado miércoles, 10 meses después de conformado el actual Consejo General, es que se haya demorado tanto y que cause tanta sorpresa entre los representantes del PAN, PRD, PT y MC, pues sus legisladores sabían lo que vendría desde que votaron en la Cámara de Diputados (los del PAN y el PRD en forma aprobatoria, como parte del llamado Pacto por México, y los del PT y Movimiento Ciudadano, en contra de varias disposiciones) las reformas constitucional y legislativas en el Congreso de la Unión y la integración del Consejo General. Los representantes de los tres nuevos partidos (Morena, Humanista y Encuentro Social) no participaron en ninguna de las votaciones y, por lo tanto, sí pueden llamarse a engaño.
Por este tipo de decisiones, los electores se alejan de las urnas.
Confirman las sospechas de que son autoridades electorales compradas, maiceadas o vendidas al gobierno.
En una semana, dos malas señales para las próximas elecciones.
Si estas autoridades no corrigen su comportamiento; es decir, si no garantizan que las próximas elecciones sean legítimas, transparentes y confiables, la crisis de confianza que ahora viven la economía y la política, se convertirá en una crisis política de resultados indeseables.
En suma, cuotismo y cuatismo tienen en el descrédito a las instituciones electorales. ¡Qué pena!
ricardomonreala@yahoo.com.mx
Twitter: @ricardomonreala
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