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Critican al INE por no evitar compra de votos
Más de doscientos consejeros estatales y distritales manifestaron su desacuerdo con el INE por no aprobar medidas que eviten traficar con los votos/ Denunciaron que existe un bloque de seis consejeros de ese órgano electoral que abiertamente apoya los intereses de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de Verde Ecologista de México (PVEM)
MEXICO, D.F., 24 de febrero (SinEmbargo).– Consejeros electorales estatales y distritales exigieron al Instituto Nacional Electoral (INE) poner en marcha medidas para regular la imparcialidad en el uso de los recursos públicos de cara a los comicios del próximo 7 de julio.
“Como consejeros locales y distritales conocemos las dinámicas y prácticas gubernamentales a nivel local, situación que nos exige apoyar la aprobación de medidas que regulen la imparcialidad en el uso de los recursos públicos durante el proceso electoral”, manifestaron 243 consejeros locales mediante una carta.
Los funcionarios lamentaron la decisión a la que el Consejo General del INE llegó la semana pasada, cuando a propuesta del Consejero Marco Antonio Baños se pospuso la discusión de dos acuerdos que buscaban establecer reglas en el uso de recursos públicos para gobernantes y señalar cómo deben ejecutarse los programas sociales para que no sean una forma de influir en el voto de los ciudadanos.
Los consejeros estatales y distritales dijeron que “los recursos públicos y programas sociales en ocasiones se utilizan con el propósito de incidir en la contienda electoral y para la compra y coacción del voto, siendo éste último uno de los problemas torales de la democracia mexicana y uno de sus principales pendientes”.
La semana pasada, representantes de siete de 10 partidos políticos ante el INE reventaron la sesión extraordinaria del órgano electoral. La decisión de los partidos de abandonar la sesión ocurrió luego de que los consejeros electorales aprobaron posponer la discusión de dos temas referidos a medidas para garantizar que la ejecución de los programas sociales no se utilicen con fines electorales ni para beneficiar a alguna fuerza política.
En reacción a esta decisión, el día de ayer el Partido Acción Nacional (PAN) denunció que existe un bloque de seis consejeros del INE que abiertamente apoya los intereses de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de Verde Ecologista de México (PVEM).
Gustavo Madero Muñoz, presidente nacional del partido, expresó su preocupación de que seis de 11 consejeros del INE conformen este bloque que, dijo, pone en riesgo el presente proceso electoral federal.
Madero criticó abiertamente la actuación de los seis consejeros del INE que el pasado miércoles 18 de febrero aprobaron postergar una semana la discusión sobre imparcialidad en recursos públicos y uso de programas sociales.
Dijo que los consejeros Marco Antonio Baños, Beatriz Galindo, Adriana Favela, Benito Nacif, Javier Santiago y Enrique Andrade, han conformado un bloque mayoritario en el pleno del INE, cuyas decisiones han sido cuestionadas por ser presuntamente favorables a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM).
“Me remonto desde la integración de las OPLES [Organismos Públicos Locales Electorales] que se conformó este grupo de cuatro o cinco consejeros que está obstruyendo con su actuación, la transparencia, la democracia de un órgano que va a tener en sus espaldas la mayor responsabilidad histórica para conducir una elección, aunque no sea presidencial”, dijo el líder nacional panista.
En tanto, el Senador Javier Corral, en su calidad de representante del Poder Legislativo ante el INE, aseveró incluso que en los hechos, el consejero electoral Marco Antonio Baños es quien dirige al instituto, y no el presidente Lorenzo Córdova.
“[El problema es] la existencia de un bloque de consejeros priistas comandados por Marco Antonio Baños que ante las ausencias del presidente formal del INE ha tomado la verdadera conducción”, afirmó el senador panista.
Impiden que acusen a EPN por corrupción
Las tres principales fuerzas de la Cámara de Diputados, PRI, PAN y PRD, “sepultaron” la posibilidad de acusar administrativa o penalmente por “conflicto de interés”, tráfico de influencias” o “corrupción” al presidente de la República.
En su último borrador sobre el Sistema Nacional Anticorrupción que se discute entre los partidos mencionados, no se incluyó la propuesta del PRD respaldada por el PAN de poder acusar al titular del Ejecutivo federal por “conflicto de interés”.
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