Proceso
Intento de soborno de la Segob para “superar” Ayotzinapa
GLORIA LETICIA DÍAZ
MÉXICO, D.F. (Proceso).- A poco más de dos meses del ataque contra los normalistas de Ayotzinapa el gobierno de Enrique Peña Nieto intenta infructuosamente cerrar ese capítulo de barbarie que ya marcó su sexenio, mientras los padres de los estudiantes desaparecidos siguen sin confiar en las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y no dejan de exigir justicia.
“No van a poder con nosotros hasta que nos entreguen a nuestros hijos; ahí sí nos derrotan”, advierte Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas, en entrevista con Proceso.
Los esfuerzos del gobierno federal por dejar atrás la tragedia empezaron incluso antes de que Peña Nieto, al presentar el Plan Nuevo Guerrero el jueves 4 en Coyuca de Benítez, llamara a hacer “un esfuerzo colectivo”, mirar “hacia adelante y (…) superar este momento de dolor”.
En la última quincena de noviembre la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Lía Limón García, ordenó a sus subalternos organizar una reunión del Comité Técnico del Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Derechos Humanos a fin de indemnizar a las familias de los 43 normalistas desaparecidos.
De acuerdo con fuentes que pidieron el anonimato, la pretensión de la funcionaria era abrir la chequera para resarcir a los familiares de los normalistas desaparecidos y así presentar ante instancias internacionales “avances” en el caso Ayotzinapa, el cual rebasó las fronteras y ha dejado maltrecha la imagen de Peña Nieto.
Los cuestionamientos a México en el mundo por los crímenes de Ayotzinapa fueron palpados por Limón García, quien representó al Estado mexicano en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 30 de octubre en Washington y en otra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en San José de Costa Rica el 21 de noviembre.
En ambos actos la sombra de Ayotzinapa siguió a la delegación mexicana. Comisionados de la CIDH y jueces de la Coidh tocaron el tema mientras activistas acudieron a manifestarse con pancartas.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 1989, ya en circulación)
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