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Represión y excesos: respuestas de gobierno
El más reciente enfrentamiento entre elementos de la Policía Federal (PF) y estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos en Chilpancingo, Guerrero, muestra que el gobierno de Enrique Peña Nieto y el quienes componen el Gabinete de Seguridad no han entendido nada de lo que ha pasado desde la noche del 26 y la madrugada del 27, cuando policías municipales de Iguala y Cocula masacraron a seis normalistas y secuestraron a otros 43.
No hay, pues, un Plan B, uno que dé espacio al diálogo y a la resolución del conflicto por medio de la negociación, cuando la prioridad, en estos tiempos revueltos y de indignación social en todo el país, debiera ser un cese a la hostilidad para, a partir de ahí, sentar bases y encontrar una solución conjunta a esta crisis.
Organizaciones civiles, entre ellas la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, denunciaron que en la madrugada del domingo, jóvenes normalistas iban a bordo de dos camiones y se dirigían al lugar conocido como El Caballito, en Chilpancingo, para iniciar los preparativos de un concierto en solidaridad con la Normal de Ayotzinapa, cuando un taxi con policías vestidos de civil y en estado de ebriedad los interceptaron, los agredieron verbalmente y posteriormente comenzó el enfrentamiento.
En las últimas horas otras versiones circularon en los medios de comunicación, incluidas que las que plantean que los elementos de seguridad fueron los agredidos.
Galindo Ceballos corroboró esa versión y defendió a sus policías:
“Es el extremo. Es dañar por dañar, con una saña que no entendemos. Insisto: deben ser personas que ni siquiera estén preocupadas por las manifestaciones [...]. En las camionetas en que se transportaban este tipo de personas traían petardos, cohetones, armas blancas. Y el azote, el maltrato de este tipo, habla de que ya no es sola una agresión ordinaria, sino que hay un grado de animadversión fuerte contra los compañeros”, le dijo a Ciro Gómez Leyva, en un noticiero de Radio Fórmula.
Antes, entrevistado por Carlos Loret de Mola en su programa de Televisa, el funcionario dijo: “Yo creo que actuamos muy bien, apegados a derechos humanos e insisto el dato característico con el que concluye esta confrontación fue el dialogo y terminó la confrontación”.
Sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó la atención sobre los riesgos de estas confrontaciones y las dudas por las versiones y videos de testigos que precisan que los agentes federales estaban en estado de ebriedad y fueron los que provocaron la violenta confrontación que dejó un saldo de al menos 17 heridos.
La CNDH, que encabeza Raúl González Pérez, rechazó todo acto de violencia, provenga de donde provenga, pues esa no es la vía que permita la solución de controversias. También hizo “un firme llamado a las autoridades del Estado mexicano, especialmente a las que tienen bajo su mando a los cuerpos de seguridad, con el fin de que ajusten su actuación a lo dispuesto en la Constitución y leyes en la materia”.
Ese reclamo es ya un clamor ciudadano, pues si cada manifestación o muestra de rechazo a la actuación del gobierno terminará en una zacapela provocada por la falta de control, entrenamiento, protocolos y, sobre todo, por la permisividad de la que gozan actualmente las policías en todos sus niveles y desde las oficinas de sus jefes, la situación puede ser incontrolable.
Sumar a la espiral de violencia generada por las acciones del crimen organizado y las autoridades corruptas coludidas con esas bandas, la de las policías que atacan a ciudadanos indignados es el peor escenario posible para México. De los más altos mandos, del Gabinete de Seguridad y del propio Presidente depende que esa situación no se extienda. Ellos tienen la solución si es que realmente quieren desandar el camino de oídos sordos y soberbia por uno que enderece su deteriorada relación con la ciudadanía.
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