Del horror y otros 41,015 muertos
Adela Navarro Bello
Es el caso, ya lo sabe, de don Ezequiel Mora, padre de Alexander Mora Venancio, uno de los 43 normalistas desaparecidos con toda violencia e impunidad el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Un hueso, vaya y mejor descrito: el fragmento de un hueso y una muela, de los restos localizados en bolsas de basura en Cocula, Guerrero por peritos de la PGR y analizados por peritos de Australia, contenían la genética de Alexander Mora Venancio, con lo que se convirtió en el primero de los 43 en ser certificado muerto.
Para quienes gustan de deslindar al Presidente Peña de las manifestaciones públicas ante el horror de la violencia que viven muchísimas familias mexicanas, él es el jefe del Estado Mexicano, y como tal tiene obligaciones y facultades para proveer la tranquilidad y la seguridad de los gobernados. Tan es así, que pasó él mismo de deslindarse en septiembre de la barbarie en Iguala, a practicar su presidencialismo extremo y anunciar como una medida para acabar con los crímenes, la corrupción y la impunidad, la disolución de cabildos, la desaparición de las policías municipales y la intervención de la Federación en ayuntamientos coludidos con los criminales o corruptos a más no poder.
Así como en el pasado Felipe Calderón fue el culpable de la guerra contra el narcotráfico y su terrible resultado de más de 83 mil ejecutados producto de la lucha entre criminales y criminales, criminales contra Policías, y criminales contra ciudadanos, hoy día Enrique Peña Nieto es el responsable de la seguridad en México, del ejercicio del Estado de Derecho y de la erradicación de la violencia y las organizaciones criminales. Sin deslindar responsabilidades, en los primeros 23 meses de gobierno de Enrique Peña Nieto se contabilizan 41 mil 015 ejecutados. 41 mil 015 historias de muertos más que –es evidente- en su mayoría no han tenido el impacto mediático que tienen los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, quizá porque fueron encontrados uno por uno, porque se les ubicó como criminales a muchos de ellos, porque fueron localizados en fosas en calidad de desconocidos, o porque su paso migrante por el territorio mexicano concluyó en una región con la etiqueta de no identificado.
Las 41 mil 015 ejecuciones en los primeros 23 meses de Enrique Peña Nieto son el resultado de una investigación periodística del Semanario ZETA en Tijuana, Baja California. No somos nuevos en el terrible conteo, de hecho la suma de los asesinados la inició el periódico cuando don Jesús Blancornelas (1936-2006) era el director general. Cuando como periodista atestiguó la descomposición social tras el fenómeno delictivo del narcotráfico.
La suma se hace a partir de los reportes de homicidios dolosos, violentos, en las Procuradurías o Fiscalías de los Estados, en los registros de las Secretarías de Seguridad o las Comisiones de Seguridad de los Estados y en la base de datos municipal, también los números del Sistema Nacional de Información, aun cuando particularmente en el organismo federal los números no son claros y muchas víctimas de la violencia del narcotráfico y el crimen organizado terminan en homicidios sin datos.
Es evidente que con 41 mil 15 ejecuciones en los primeros 23 meses, Peña Nieto sobrepasará el número registrado de enero del 2007 a octubre de 2012 por Felipe Calderón, siendo este de 83 mil 196 ejecuciones en el sexenio. Si sumamos la estadística federal de las dos últimas administraciones, la cifra no es menos alarmante. De los seis años de Calderón y los dos de Peña, resultan 125 mil 879 ejecuciones.
La geografía del crimen acaso ha cambiado de una administración federal a otro. Mientras con Felipe Calderón Chihuahua fue el Estado que más ejecuciones acumuló, en lo que va de este sexenio es el Estado de México el que cuenta mayor número de ejecutados. Hoy día la estadística de las ejecuciones está así en sus primeros diez sitios:
1.- Estado de México: 5 mil 450 ejecuciones.
2.- Guerrero: 3 mil 680.
3.- Chihuahua: 3 mil 357.
4.- Jalisco: 2 mil 650.
5.- Michoacán: 2 mil 649.
6.- Sinaloa: 2 mil 254.
7.- Tamaulipas: 1 mil 849.
8.- Distrito Federal: 1 mil 842.
9.- Baja California: 1 mil 612.
10.- Nuevo León: 1 mil 448.
Esta información fue publicada en la última edición del Semanario ZETA, por los periodistas Enrique Mendoza y Rosario Mosso Castro. (http://zetatijuana.com/noticias/reportajez/13991/los-muertos-de-epn-41-mil-en-23-meses)
Mientras Felipe Calderón Hinojosa le declaró la guerra al narcotráfico, Enrique Peña Nieto quiere controlar los municipios y los Estados para enfrentar el fenómeno de la violencia, es evidente que es una guerra también, pero lo es hacia el interior del Estado Mexicano.
A dos años de haber tomado posesión el presidente Enrique Peña está finalmente enfrentando el problema; del discurso hueco de “Un México en Paz”, pasó a su decálogo de acciones centralistas para controlar a municipios y estados. Hace unos días el jefe de la oficina de la Presidencia de la República, Aurelio Nuño, aceptaría tal escenario con su particular visión y versión, otorgada a periodistas del diario español “El País”. Les dijo y así fue publicado:
“Nos faltó una agenda más contundente en materia de seguridad y de Estado de Derecho. Nos quedamos cortos. No vimos la dimensión del problema y la prioridad que debería haber tenido…”, y justificó: “La responsabilidad de la herencia recibida es enorme, pero es una herencia de muchas décadas. Pensar que es problema de un Gobierno es no entender nada. Iguala es un problema estructural”.
En su justificación de la incontenible inseguridad y violencia en México, Aurelio Nuño se lanzó contra los críticos del gobierno peñista y se estranguló con sus palabras: “No vamos a sustituir las reformas por actos teatrales con gran impacto, no nos interesa crear ciclos mediáticos de éxito de 72 horas. Vamos a tener paciencia en este ciclo nuevo de reformas. No vamos a ceder aunque la plaza pública pida sangre y espectáculo ni a saciar el gusto de los articulistas. Serán las instituciones las que nos saquen de la crisis, no las bravuconadas”.
Bravucón Aurelio Nuño, despertó la crítica de ciudadanos –y articulistas- tanto como el llamado que hizo el Presidente Peña precisamente en Guerrero, cuando dijo “Pido un esfuerzo colectivo para que vayamos hacia delante y podamos realmente superar este momento de dolor”, una frase probablemente bien intencionada pero expresada en uno de los momentos más desafortunados para la justicia en México. Los mexicanos para ir hacia adelante y superar, mínimo deberían tener justicia en sus casos, asesinos en prisión, cuerpos en el cementerio, certeza jurídica en ministerios públicos y determinación en los juzgados.
No sabemos si funcionará la nueva estrategia de Peña, tendremos que esperar a que las reformas se aprueben en las Cámaras y se apliquen en Estados y Municipios para ver si hay una disminución de la inseguridad y la violencia, si hay más funcionarios corruptos en la cárcel o retirados de la función pública por investigación, y si los criminales terminan donde deben estar después de perseguidos, que es en la prisión.
Lo que sí sabemos es que cada día se cuentan más muertos, la violencia va subiendo de tono. Y los casos de horror se cuentan por decenas. Así como el de Julio César Mondragón, el normalista cuyo cuerpo fue localizado con la cabeza desollada, o el de Alexander Mora Venancio, que fue identificado con lo único que quedo de su humanidad, un fragmento de hueso y una muela.
(SINEMBARGO.MX)
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