viernes, 12 de diciembre de 2014

Otra razón social de Hinojosa Cantú

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Más enredos

The Wall Street Journal revela que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, compró una casa a Juan Armando Hinojosa, el mismo contratista de compra-venta de la llamada “Casa blanca” de Angélica Rivera y que hoy está en el centro de acusaciones del tráfico de influencias en la administración de Peña Nieto / El funcionario niega conflicto de interés en esa operación

MÉXICO, DF, 1 de diciembre (APRO/SINEMBARGO/UNIVERSAL/EFE).- Un nuevo episodio de la fructífera relación entre Grupo Higa y el círculo cercano al presidente Enrique Peña Nieto fue revelado hoy por el diario estadounidense The Wall Street Journal, al informar que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, compró una casa, ubicada en un fraccionamiento-club de golf en Manilalco, a una razón social vinculada con Grupo Higa.

Según el rotativo estadounidense, uno de los más grandes de ese país, especializado en economía y negocios, dio a conocer en su edición digital que la propiedad fue vendida por Bienes Raíces H&G, otra razón social del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú.

Hinojosa Cantú es propietario de Grupo Higa, una corporativo de empresas dedicadas en su mayoría a la proveeduría gubernamental y contratos de obra, que atrajo la atención a partir de la revelación de que fue con la razón social Ingeniería Inmobiliaria del Centro que se construyó la casa de la primera dama, Angélica Rivera Hurtado, en el exclusivo sector Lomas de Chapultepec.

De acuerdo con la información difundida por el WSJ, la operación de Videgaray con Bienes Raíces H&G ascendió a 532 mil dólares (unos 7 millones de pesos), y se concretó a través de un financiamiento por 18 años de la empresa de Hinojosa Cantú y no de alguna institución crediticia.

El crédito fue liquidado por completo en una sola exhibición, el pasado 31 de enero.

La operación es similar a la de la llamada “Casa Blanca” de la primera dama Angélica Rivera, pues según su propia aclaración, su residencia fue adquirida con financiamiento de la empresa de Hinojosa Cantú, a quien sólo había pagado menos de 30%.

Las operaciones de financiamiento a Rivera y Videgaray, respectivamente, resultan extraordinarias por sus montos y su realización fuera del sistema financiero.

En el caso del secretario de Hacienda, tiene entre sus responsabilidades, según la Ley Orgánica de la Administración Pública, evaluar y vigilar la banca y las instituciones crediticias, entre las que, hasta donde se sabe, no está autorizada alguna razón social de Hinojosa Cantú.

De acuerdo al WSJ, Videgaray no publicó la hipoteca en su declaración de bienes, pero fue precisamente ese tipo de financiamiento lo que permitió esta vez al funcionario responder al diario estadounidense, en el sentido de que el formato de declaración patrimonial no le permitía informar de un préstamo no bancario.

Videgaray respondió a un cuestionario del rotativo estadounidense de que no hay “conflicto de intereses, pues la adquisición se realizó cuando aún no era funcionario público y, de acuerdo con los documentos citados en la nota periodística, la compra ocurrió en octubre de 2012, semanas antes de asumir como titular de Hacienda.

Los escándalos derivados de la relación entre Hinojosa Cantú y el círculo cercano de Peña Nieto han crecido desde que, a principios de noviembre, una investigación periodística de Aristegui Noticias, publicada de manera simultánea en Proceso, revelara el origen de la “Casa Blanca, horas después de que el gobierno cancelara el fallo de la licitación del tren de alta rápido México-Querétaro, entre cuyos beneficiarios estaba Constructora Teya, propiedad de Hinojosa Cantú.

El empresario tamaulipeco ha sido ampliamente favorecido durante los gobiernos de Peña Nieto, en el Estado de México, y ahora en el federal

Durante el periodo de Peña Nieto como gobernador, Hinojosa obtuvo contratos que sumaron unos 35 mil millones de pesos, en tanto que en lo que va de la presente administración federal, aun sin contar la cancelada licitación del tren rápido, acumulaba ya contratos por un monto cercano a los 25 mil millones de pesos en apenas dos años de gestión peñanietista.

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