El cariz represor de la ley de movilidad

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La crisis del Estado criminal en México

Jorge Canto Alcocer

En el discurso oficial, los altos funcionarios del gobierno peñista unánimemente se han manifestado solidarios con los familiares y compañeros de los normalistas de Ayotzinapa, posición que se ha solidificado en días recientes. Por ejemplo, Osorio Chong reconoció que el caso Ayotzinapa es un parteaguas no únicamente para la administración federal, sino en la historia reciente del país. El propio Peña, al anunciar un conjunto de medidas la semana pasada, se permitió exclamar “todos somos Ayotzinapa”.

Pero todo eso son palabras huecas. El verdadero sentir de quienes detentan el gobierno se ha expresado explosiva e intermitentemente por quienes ocupan los niveles inferiores de la burocracia corrupta. Han sido violentos mensajes expresados a través de las redes sociales, generalmente después de cada una de las grandes jornadas de protesta que se han vivido en estos dos últimos meses. El más reciente mensaje, de un joven priísta, empleado del Instituto de la Juventud de León, Guanajuato, es paradigmático, al señalar que tenía que hacer uso de toda su paciencia, prudencia y tranquilidad “para no reventarles el hocico a todos esos putos mugrosos anarquistas de mierda, con secundaria trunca que hacen sus marchas pendejas sin tener puta idea de lo que quieren”.

Es indudable que un esfuerzo semejante hacen cada día Osorio, Murillo, Peña y demás depredadores de la cosa pública, que han tenido que ver, escuchar y leer que millones de mexicanos estamos pidiendo, además de justicia por Ayotzinapa, su renuncia inmediata y la caída del Estado criminal. Hasta el momento se han mostrado pacientes, prudentes y tranquilos, aunque en sus propuestas demuestran su verdadera faz.

Nos referimos, por supuesto, al decálogo propuesto por Peña la semana pasada, cuyos puntos fundamentales son, desde nuestra perspectiva, el establecimiento de un mando estatal único a nivel policiaco, y la facultad ejecutiva de intervenir en un municipio en el que haya sólidas evidencias de corrupción. La otra propuesta gubernamental –aunque presentada originalmente por un panista, fue decretada en la Cámara de Diputados con los votos del PRI y sus partidos satélite- es la ley de “movilidad universal” que, con el pretexto de garantizar el libre tránsito, precisamente pretende inmovilizar las protestas.

El cariz represor de la ley de movilidad, por obvio, no requiere mayores comentarios. Ahora bien, la propuesta del decálogo tendría algunos aspectos defendibles siempre y cuando incluyera la renuncia de todo el gobierno federal, de más del 80 por ciento de los gobernadores, presidentes municipales, ministros y jueces del Poder Judicial, y legisladores federales y estatales.

De otro modo, si los corruptos que propiciaron el caso Ayotzinapa continúan detentando los tres poderes, el decálogo será utilizado precisamente por esos corruptos para garantizar la impunidad de los criminales y perseguir y amedrentar a quienes se nieguen a aceptar sus reglas. Con un procurador como Murillo Karam, un secretario de Gobernación como Osorio Chong y más de cien sinvergüenzas –de todos los partidos políticos, con notabilísimas excepciones, como Layda Sansores, Alejandro Encinas y unos poquitos más- en el Senado, la reforma será simplemente un mecanismo para darle mayor poder a los criminales más peligrosos.

Con la agenda legislativa que tenemos, es posible que ambas propuestas estén vigentes antes de finalizar el primer semestre del próximo año, tiempo para el que se espera el caso Ayotzinapa haya quedado en el olvido. Con eso cuenta el Estado criminal para remontar la crisis y confrontar, con un aparato represivo más poderoso y controlado, cualquier nuevo brote de protestas. Con lo que no cuentan es con que millones de mexicanos hemos abierto los ojos y estamos dispuestos a construir una nueva sociedad, una sociedad donde los estudiantes estudien, y los corruptos, como Murillo, Osorio, Peña y muchísimos más, estén tras las rejas.