Eraclio Zepeda te cagas fuera de la nica

¡¡Exijamos lo Imposible!!
Por Esto!

La protesta es un derecho, no un crimen

Humberto Musacchio

Al recibir la Medalla Belisario Domínguez que recuerda a quien hizo gala de valor civil a costa de su vida, el escritor Eraclio Zepeda dijo que “se ha desatado una crisis social que la sociedad rechaza y padece” y señaló que “las manifestaciones de protesta han ido creciendo en violencia”. Respecto de los muchachos de Ayotzinapa, agregó algo que no se apega a la verdad: que “el gobierno ha desplegado una enorme fuerza de búsqueda y de investigación, sin límite de esfuerzos de todo tipo”, acusó de criminales a los que protestan y agregó que es inaceptable “la arbitrariedad, la violencia, la destrucción de instituciones y propiedades de particulares”.

Cabe hacer algunas precisiones a lo dicho por el autor de Benzulul. La crisis social no se ha desatado en estos días. Viene de muy atrás, con 30 años de crecimiento económico inferior al de la población, con la pérdida de 12 y medio millones de mexicanos que ya se fueron definitivamente del país porque los gobiernos sólo les ofrecían miseria, con un deterioro de la función pública directamente proporcional al enriquecimiento de los funcionarios… Si Zepeda Ramos se quería referir a la rebeldía que se ha manifestado por los crímenes de Iguala, hay que decir que la sociedad mexicana no padece esta crisis política y que en todo caso la protagoniza, y ese esfuerzo merece ser acompañado. 

Los que protestan no son criminales. En casos extremos, pueden ser ciudadanos desesperados porque en los tres niveles de gobierno se práctica y fomenta en forma generalizada la corrupción, el desorden y la injusticia. Eso mismo explica lo que Eraclio Zepeda llama “la destrucción de instituciones”, en un país donde no hay una sola institución sana –ni una—, pues todas están regidas por la ineficiencia, la mordida y el latrocinio, y bien merecen tirarse al caño para que los mexicanos hagamos surgir otras instituciones donde los funcionarios respeten la ley, reconozcan la dignidad de las personas, la libertad para protestar contra las autoridades y el derecho inalienable a cambiar la forma de gobierno según convenga a la sociedad.

En el mismo discurso, quien fuera un héroe cultural de la izquierda se dirigió “A todo el Poder Ejecutivo, con el señor Presidente a la cabeza”, para exigir “transparencia en sus decisiones; oídos atentos a la opinión popular; protección a la convivencia nacional; combate a la ilegalidad y la corrupción, en todos los niveles, respeto a los derechos humanos…”

¿Transparencia en las decisiones cuando gobernar se entiende como un ejercicio de iluminados? ¿Oídos atentos a la opinión popular cuando la sociedad se debate en el desempleo, los bajos salarios y la carestía? ¿Protección a la convivencia nacional estimulando una distribución del ingreso cada vez más injusta en beneficio de unos cuantos ultrarricos? ¿Combate a la ilegalidad y la corrupción en todos los niveles con casas blancas, asignación de obras públicas por dedazo y funcionarios que reciben favores de los contratistas beneficiados? ¿Respeto a los derechos humanos con las cárceles repletas de inocentes y presos políticos, con la práctica de la tortura y un sistema de impartición de justicia que protege el enriquecimiento de personajes como Raúl Salinas? 

La actual desazón social afloró con los crímenes de Iguala, crímenes de Estado porque los cometieron servidores públicos ante el disimulo de la fuerza militar acantonada en esa ciudad y la complicidad de la Policía Federal. Y casi tres meses después sigue en pie la pregunta: ¿Dónde están los 43 alumnos de la Normal de Ayotzinapa?