Homozapping
Reclaman Legisladores que PGR Atraiga Multihomicidio de la Narvarte
Jenaro Villamil
En la lista de puntos de acuerdo inscritos para discutir en la próxima sesión, están los de los diputados federales Danner Rodríguez, del Movimiento Ciudadano, de Miguel Alonso Raya y Fernando Belauzarán, del PRD, del senador Marco Antonio Blásques Salinas, del PT, de la senadora panista Mariana Gómez del Campo, de los senadores perredistas Dolores Padierna, Armando Ríos Pitter y Angélica de la Peña, así como de la senadora prisita Diva Gastélum y del diputado federal Miguel Ladrón de Guevara.
La mayoría de estos puntos de acuerdo reclaman que los homicidios de Rubén Espinosa, Nadia Vera y tres mujeres más sean atraídos por la PGR y se privilegie la línea de investigación del ejercicio periodístico del fotorreportero, así como las denuncias y el activismo de Vera.
Para la senadora Dolores Padierna, estos crímenes “constituyen una emergencia nacional”, y constituyen “un golpe a la sociedad en su conjunto y a todas las instancias creadas desde la sociedad civil, el gobierno federal, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos para supuestamente proteger e investigar los crímenes de periodistas”.
Padierna solicita que la PGR atraiga la investigación y que se forme una comisión investigadora en el Congreso que le dé seguimiento a los casos de los 14 homicidios contra periodistas.
A su vez, el senador Blásquez Salinas argumenta en su puto de acuerdo que“la competencia territorial de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal imposibilita que agote las pesquisas en el momento que conduzcan al estado de Veracruz, a donde necesariamente confluyen todos los indicios”.
En su propuesta, Blásquez Salinas citó que un miembro de la ayudantía de Javier Duarte amenazó a Rubén Espinosa de muerte con las siguientes palabras: “deja de tomar fotos si no quieres terminar como Regina”, en clara alusión a la corresponsal de Proceso, Regina Martínez, asesinada en abril de 2012 en Xalapa.
La senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos solicita en su punto de acuerdo un informe pormenorizado de las acciones para garantizar la vida e integridad de Rubén Espinosa Becerril por parte de la Comisión Estatal para la Atención y Protección a Periodistas de Veracruz y del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.
“Han fallado todos los mecanismos para proteger a periodistas y a defensores de los derechos humanos porque en los estados y municipios del país es donde ocurren el mayor número de amenazas, agresiones, desapariciones y homicidios”, afirmó De la Peña en declaraciones a la prensa.
La senadora panista Mariana Gómez del Campo también solicita que la PGR realice una “investigación profunda”, sobre todo, en relación con el gobierno de Duarte. “Hay una ingobernabilidad profunda que debiéramos estar revisando no sólo en el Poder Ejecutivo, sino en el Legislativo”, abundó en rueda de prensa.
Desde el debate registrado el miércoles 5 de agosto en la Comisión Permanente, el diputado federal perredista Fernando Belauzarán adelantó que su partido pedirá juicio político contra Javier Duarte, mientras el senador del PRD, Armando Ríos Pitter, cuestionó el manoseo que se ha dado a la investigación del crimen por parte de la procuraduría capitalina.
“Como perredista no me queda más que exigir al gobierno de Mancera que sea contundente en esta investigación, que no ande wishi-washi con las líneas de investigación, porque eso genera total confusión en la sociedad”, advirtió Ríos Pitter.
El senador del PAN, Roberto Gil Zuarth, durante el mismo debate, sentenció que “el asesinato de Rubén Espinosa es un problema político, además de un tema de justicia”.
Presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Gil Zuarth cuestionó a los legisladores del PRI que pidieron un “voto de confianza” a la investigación realizada por la procuraduría capitalina y argumentó que este caso debe ser investigado por la PGR y que el gobernador Javier Duarte debe ser llamado a comparecer.
Gil Zuarth calificó como “profundamente desafortunadas” y “lamentables” las primeras reacciones de la procuraduría capitalina. “Hay que recordar que el procurador del Distrito Federal dijo que su primera hipótesis era el robo, cuando era un periodista en circunstancias especialmente graves de ejecución que dejan poco margen para pensar que se trata de un simple robo en casa habitación”.
La hipótesis del robo, la única que ha argumentado ante la prensa la procuraduría capitalina, fue cuestionada por todos los partidos de oposición, menos por los legisladores del PRI y del Verde.
PRI a la Defensiva
El PRI y el Partido Verde salieron a defender la investigación de la procuraduría capitalina, al tiempo que frenaron la solicitud de que comparezca el gobernador veracruzano Javier Duarte, durante el debate registrado el 5 de agosto en la Comisión Permanente.
Ese día, los legisladores aprobaron “de urgente resolución” un tímido punto de acuerdo que sólo “condena el trágico homicidio” de Rubén Espinosa y los feminicidios de 4 mujeres e instó a la PGJDF a “agotar todas las líneas de investigación posible”, a fin de llevar a cabo las indagatorias.
Durante las poco más de dos horas de debate, los legisladores priistas José Alejandro Montano, diputado federal por Veracruz y ex jefe de la policía estatal durante el gobierno de Miguel Alemán Velasco, así como el senador hidalguense David Penchyna, subieron a pedir un “voto de confianza” a las investigaciones de la procuraduría capitalina y a desacreditar la responsabilidad política de Javier Duarte en la ola de crímenes contra periodistas e, incluso, la necesidad de privilegiar la línea de investigación sobre el ejercicio periodístico de Rubén Espinosa.
El primero en salir a defender la investigación de la procuraduría capitalina fue el diputado federal del Verde, Tomás Torres, ex perredista de Zacatecas. “Dejemos que sea la autoridad del Distrito Federal” la que resuelva estos crímenes y que “agote todas las líneas de investigación”.
Posteriormente, subió a tribuna el diputado federal priista José Alejandro Montano, quien les reprochó a los otros legisladores: “no se vale juzgar a nadie sin sustento legal. No se puede acusar sin pruebas”, en clara referencia a los señalamientos en contra de Javier Duarte.
“No hagamos un botín del dolor”, sentenció Montano, quien alabó los “avances en la investigación” de la procuraduría capitalina, pero evitó mencionar el ejercicio periodístico crítico de Rubén Espinosa y el activismo de Nadia Vera en contra del gobierno duartista.
El senador David Penchynna, del PRI, también salió en defensa de Duarte y del gobierno de Mancera. En el colmo de la argumentación, Penchyna presumió así las condiciones de seguridad de la entidad de Veracruz:
“Que yo sepa, este lamentable crimen de este periodista, cuando vivía en Poza Rica demandó acoso y persecución desde el año 2013 y vivió hasta el 2015 en el estado de Veracruz. Si yo sé geografía, el crimen fue en el Distrito Federal, al menos que no sé cómo sean las cosas”.
Acusó a los otros legisladores que pidieron investigar a Javier Duarte de sacar “raja partidaria” y se enfrentó a los diputados y senadores del PRD, PT y Movimiento Ciudadano afirmando “querer hacer justicia con frases a poetas no funciona; querer hacer un discurso para quedar bien con la libertad de expresión, tampoco funciona”.
Penchyna presumió que ese mismo día, miércoles 5, la procuraduría capitalina había capturado a uno de los involucrados directamente con el crimen a través de sus huellas dactilares.
“¿Por qué traer a esta tribuna, como si no supiéramos nada de lo que pasó? Señores, ayer nos enseñó la televisión mexicana los videos de la entrada y la salida, en diferentes momentos, de un departamento donde hubo una fiesta, una farándula de un día y una noche”, afirmó Penchyna, cuando ya los propios vecinos de la Colonia Narvarte habían desmentido la versión de que hubo una fiesta.
El senador panista Gil Zuarth le respondió a Penchyna y, de paso, cuestionó la estrategia de filtraciones de la procuraduría capitalina:
“Nos hemos acostumbrado como país a debatir los casos judiciales en el espacio público, en los medios de comunicación, a hacer investigaciones expeditas y formular condenas también expeditas sin investigaciones ministeriales, sin sentencias, sin resoluciones de los órganos competentes. Y esto también es una profunda distorsión de nuestro sistema político y también es una causa generadora de impunidad”.
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