La extrema crisis que nos afecta a todos

¡¡Exijamos lo Imposible!!
Por Esto!
Muerte y saqueo

Julio Pimentel Ramírez

No cabe duda de que en México nos encontramos en una etapa histórica extrema de la crisis que nos afecta en todos los órdenes de la realidad, desde la violencia que alcanza dimensiones y brutalidad que supera la que padecemos a lo largo de más de cien años desde la derrotada Revolución mexicana, así como en el ámbito de la corrupción, la impunidad y otros atributos de la clase dominante y sus corifeos del sistema político, que saquean a la nación y aceleran el proceso del total socavamiento de la soberanía nacional.

Subrayemos, en forma breve, que la barbarie en contra de mexicanos en los últimos años (mucho más de 100 mil ejecutados -que incluye a jóvenes que impregnados de la explotación y desesperanza neoliberal se suman a la trama de la delincuencia organizada-, arriba de 25 mil víctimas de desaparición forzada y millones de personas que padecen diversos delitos), es una parte de la realidad en la que la corrupción y el tráfico de influencias saquean los recursos públicos.

Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados detectó irregularidades en más de 100 contratos firmados por Petróleos Mexicanos (Pemex) entre el 2003 y el 2012 por un valor de 11 mil 700 millones de dólares, señaló Reuters en un amplio reportaje especial publicado en POR ESTO!

Se detalla un verdadero saqueo a la paraestatal, mientras el Gobierno federal al llenar los bolsillos de funcionarios y cómplices, voltea a ver hacia otro lado: hacia la inversión privada –sobre todo las transnacionales- que se prepara a apoderarse de los recursos energéticos de la nación (aunque ahora el desplome del precio del barril de crudo se reflejará en una retracción de la inversión en el sector, cederemos recursos a voraces grupos empresariales).

La influyente agencia de noticias económicas y financieras dice que las irregularidades detectadas van desde sobrecotizaciones de trabajos de mala calidad que no cumplieron especificaciones, hasta el “fraude descarado”. Dice que los contratos en cuestión abarcan alrededor del 8 por ciento de los 149 mil millones de dólares en contratos de Pemex registrados en la base de datos federal en ese periodo.

Reuters dice que Pemex recibió una segunda supervisión, “pero también este sistema falla. La Secretaría de la Función Pública (SFP), organismo del Poder Ejecutivo que vigila el fraude en el Gobierno, supervisa a los órganos internos de control en Pemex”.

La agencia explica que entre los contratistas que burlaron esta red de seguridad está Francisco “Pancho” Colorado, presunto colaborador de Los Zetas, uno de los cárteles de la droga más sanguinarios de México.

Refiere que la compañía de Colorado recibió decenas de millones de dólares de Pemex aún después de que la SFP buscó inhabilitarla por supuesto fraude. Posteriormente, dice, Colorado fue condenado por una corte federal de Estados Unidos bajo cargos de lavado de dinero para Los Zetas, un caso actualmente bajo apelación.

Cabe destacar que este estremecedor relato de irregularidades y corrupción en Pemex se refiere solamente a una parte de la realidad, pues también son conocidas las múltiples transas que incluyen a los “charros” sindicales y funcionarios de alto nivel, asociados con la esfera presidencial.

En otra de las caras del poliedro de la crisis, tenemos que a casi cuatro meses de la agresión cometida contra estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el representante legal de los familiares de los desaparecidos, Vidulfo Rosales, indicó que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el asunto presenta debilidades e inconsistencias de diversa índole. En primer lugar señaló el empecinamiento del gobierno federal en la versión de que los 43 desparecidos fueron asesinados e incinerados, a pesar de que no hay pruebas científicas irrefutables que sustenten dicha hipótesis.

Otra maniobra de las investigaciones, que resulta de suma gravedad, es que ninguno de los detenidos por estos hechos enfrenta cargos por desaparición forzada (delito de lesa humanidad, es decir con responsabilidad del Estado), sino por homicidio y secuestro.

En el caso de Ayotzinapa, la renuencia oficial a formular cargos por desaparición forzada es doblemente grave: primero, porque no se trata de secuestros ordinarios; segundo, porque da la impresión de que al omitir el cargo de desaparición forzada –el cual, cabe recordar, no prescribe porque se mantiene continuidad en tanto el ausente permanece desaparecido–, el gobierno busca eludir su responsabilidad de seguir buscando hasta encontrar a los normalistas.

Así, con la amenazante represión en contra del movimiento social y la persistencia de la brutalidad y la violencia, aunados al saqueo de la nación -como son ejemplo los casos de corrupción en Pemex- nos encontramos ante la parte visible del “iceberg” de la impunidad, la corrupción y la despiadada explotación que durante muchos años llevan a cabo amplios sectores políticos y económicos, y que amenaza con persistir profundizando el desequilibrio social, la pobreza y la violencia. Esto terminará con la movilización social, consciente y pacífica, que transformará verdaderamente el modelo imperante.