Rechazan cierre del caso
MEXICO, D.F., 28 de enero (AFP / SinEmbargo / EFE / EL UNIVERSAL / APRO) - Los padres de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos en septiembre pasado advirtieron el martes que no permitirán el cierre de las investigaciones sobre el destino de sus hijos, en reacción a la conclusión de la Fiscalía que indica por primera vez que fueron asesinados e incinerados.
“Los padres de familia repudiamos la forma en cómo hoy (martes) el Procurador (General, Jesús Murillo Karam) pretende cerrar de manera descarada” la investigación, dijo en conferencia de prensa el vocero de los familiares de los estudiantes, Felipe de la Cruz.
Los padres de familia van “a mantener esta lucha hasta (...) que no se nos demuestre de manera científica” qué sucedió después de que los jóvenes desparecieron el 26 de septiembre tras ser baleados en Iguala (Guerrero, Sur) por policías municipales y sicarios, reiteró De la Cruz.
Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, dijo que hay una intencionalidad política por parte del Gobierno Federal para cerrar el caso a “toda prisa”; sin embargo, dijo, la investigación no es concluyente porque aún tiene puntos fundamentales que no han sido esclarecidos.
“Nosotros estamos viendo claramente que este caso empieza a tener una tendencia hacia la impunidad, por eso desde hoy lo decimos enfáticamente: México tiene responsabilidad internacional y de cara a los Derechos Humanos que han sido conculcados acá. [Las investigaciones] tendrán que ser revisadas por organismos de Derechos Humanos, tanto del Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, así como del Comité Interamericano de Derechos Humanos (CIDH). Hacia allá vamos a empezar a enfilar el presente caso porque aquí se perfila nuestro caso porque el Gobierno siembra impunidad”.
Vidulfo Rosales mencionó varios argumentos por los que aún debe permanecer abierta la investigación del caso, que hasta ahora -dijo- “no es concluyente”, y anunció que acudirán a instancias internacionales.
Dijo que el 2 y 3 de febrero viajará a Ginebra para denunciar al Gobierno ante el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada en Ginebra, en el marco de la evaluación a México en la materia, y aseguró que en el caso ya se ve una “tendencia a la impunidad”.
En conferencia de prensa, acompañado por el vocero de los padres, Felipe de la Cruz, así como familiares de los normalistas e integrantes de la Escuela Rural “Raúl Isidro Burgos”, dijo que el expediente no se puede cerrar porque no hay certeza científica de que los compañeros hayan sido asesinados en el basurero de Cocula, Guerrero.
“Nosotros solicitaremos que los peritajes estén avalados por los peritos argentinos para que puedan cotejarse y ver la objetividad y contundencia de los peritajes. Hay un largo historial en el Gobierno de México donde modifican a modo determinados peritajes. Por eso pedimos que sean corroborados por peritos argentinos”.
Vidulfo Rosales aseguró que no puede ser concluyente la investigación porque las autoridades se basan únicamente en declaraciones de detenidos, entre ellos la de “El Cepillo”.
“Para nosotros, las declaraciones de los detenidos y, sobre todo, de las personas con ese grado delincuencia y con ese grado de participación, no puede tener toda la veracidad en términos probatorios”, dijo.
El abogado también dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) ha dejado de investigar el homicidio de Julio César Mondragón Fontes. “Es un cabo que está suelto dentro de toda la investigación. Su muerte nos puede dar pauta para esclarecer muchas más cosas”.
Desde el Centro PRODH, insistieron que faltan dos líneas de investigación, la del Ejército y la de actores políticos como el Gobernador con licencia, Angel Aguirre Aburto; el Procurador de Guerrero, Miguel Ángel Godínez, y los alcaldes de la zona norte del Estado, de Taxco y de Cocula.
Por su parte, Felipe de la Cruz dijo que el Gobierno Federal está violentando los acuerdos que signó el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. El acuerdo con el Mandatario fue que la información primero se debe proporcionar a los padres de familia; sin embargo, “hoy nos damos cuenta del actuar y las prisas políticas de este Gobierno. No les importa el daño causado a nosotros como padres de familia y víctimas”.
“Le exigimos a la Procuraduría que tenga que respetar esos acuerdos que fueron signados por su Presidente”.
El vocero de los padres dijo que esperaban una reacción por parte de las autoridades a la marcha que se llevó acabo en la víspera al rededor del mundo por los cuatro meses de la desaparición de los jóvenes.
Posteriormente, el Comité Estudiantil de Ayotzinapa, en voz de David Flores, dijo que el Gobierno Federal los ha decepcionado y ha dejado ver cuál es la importancia que le dan al caso.
“Creemos que hay interés político, y como padres y normalistas no aceptemos la supuesta realidad, nosotros estamos convencidos de esta situación”, por lo que la lucha sigue.
“Las autoridades ya no tienen interés, ni ganas de buscar a nuestros 43 compañeros y nos mantendremos en lucha”, expresó e invitó a las organizaciones a sumarse al movimiento.
“Repudiamos la información por la PGR basada en hipótesis y las declaraciones de criminales”, qué podemos creer de personas que no se tocaron el corazón para desaparecer personas, cuestionó.
En tanto, el papá Epifanio Álvarez dijo que “el Gobierno nos ha pisoteado nuestra dignidad, nos ha destrozado y no estamos de acuerdo con todo lo que están haciendo. Primero nos dijeron que nuestros hijos estaban en las fosas y luego en Cocula, pero no tenemos pruebas para aceptarlo. Vamos a llegar hasta el final de esto, hasta que esto se aclare”, expresó.
En cuanto a los teléfonos, que, la Procuraduría dice que fueron quemados, Epifanio narró que un padre llamó al celular días después de los hechos y timbraba, por eso no creen que los hayan quemado. “Nuestros hijos no son animales, son personas que sienten, somos humanos”.
“Cada vez que el Procurador habla nuestros hijos nos llaman llorando. No sabemos cómo calmar nuestro dolor, no podemos irnos a casa con este dolor que sentimos. Los que el Gobierno ha hecho con nosotros es algo que no pensé vivir nunca, pero ya estamos aquí en la Tierra a atorarle a lo que venga”.
Mientras, Carmen Cruz aseguró que su hijo, ahora desaparecido, estuvo conectado en redes sociales el 19 de octubre.
Carmen Cruz, madre de Jorge Cruz Mendoza, consideró que las autoridades desde el principio empezaron a mentir, porque su hijo estuvo conectado en Facebook, según la fecha de su última conexión, por lo que rechaza que hallan quemado sus celulares. “Se contradicen”, refutó.
Además pidió la renuncia de Peña Nieto, Murillo Karam y Osorio Chong, “porque no pueden con el caso”.
Mencionó que militares de Iguala ya habían amenazado a sus hijos antes, “diciéndoles que se largaron de ese lugar donde estaban ‘boteando’, o los mataban y pues los mataron y los desaparecieron”, acusó.
También denunció que el celular de su hijo sonó en el Batallón de Iguala, y condenó: “no crean que esto se va a quedar así, que este caso se cierra. Tienen que pagar por lo que hacen y que se larguen porque no les queda ese pinche puesto que tienen”, al referirse a los funcionarios federales.
Cristina Bautista, madre de Benjamin Ascencio Bautista, dice que seguirán marchando hasta que les entreguen a sus hijos.
“No lloramos porque ya aceptemos que estén muertos, lloramos porque los extrañamos. Desde aquí le digo al Presidente Enrique Peña Nieto que nos entregue a nuestros hijos, que los dejen que realicen sus sueños, porque ellos apenas están empezando a crecer”, puntualizó
Sí están muertos y sí fueron quemados, insiste PGR
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