Verdad histórica secuestrada
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
MÉXICO, D.F. (apro).- Apenas declaró como verdad histórica su investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobierno de Enrique Peña Nieto recibió, una vez más, el descrédito internacional.
Organismos y organizaciones de derechos humanos reaccionaron indignados por la decisión del gobierno federal de querer cerrar el expediente cuando aún no hay evidencia científica de los dichos de los supuestos culpables y menos aún del papel, por acto u omisión, del Ejército mexicano.
El procurador Jesús Murillo Karam está empeñado en que los mexicanos hagan acto de fe y asuman que los militares no tuvieran nada que ver. Sólo porque él y el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, lo dicen, hay que creerlo.
Pero no hay pruebas de sus dichos. No hay, que se conozca, una línea de investigación sobre lo que ha sido la actuación de los jefes, oficiales y soldados de la Zona y Región militares con jurisdicción en Iguala, Guerrero, en relación con los grupos de delincuencia organizada.
Las relaciones de los militares con el poder político local y estatal, más allá del expresidente municipal, José Luis Abarca, y la actuación de los militares que han pasado a ser funcionarios de seguridad pública en la zona, son clave para explicar la tragedia.
Existen informes de seguimiento que los propios jefes castrenses han tenido que hacer sobre la operación de los grupos delictivos en la zona. Esa búsqueda y rastreo es una actividad cotidiana en su trabajo.
Formalmente, el Ejército no tiene facultad de investigación. Pero todas sus unidades de mando disponen de un grupo dedicado a la búsqueda y procesamiento de información del entorno en el que están destacadas. Esa información es básica para su operación y la toma de decisiones. Todas esas unidades reportan al cuartel general, en la Ciudad de México.
Por eso es tan inverosímil la versión del gobierno federal de que los militares son completamente ajenos a lo sucedido, aun cuando la madrugada de la desaparición de los normalistas, efectivos castrenses hayan ido al hospital, justamente a investigar quiénes eran los estudiantes heridos.
A cuatro meses de los hechos, el gobierno sigue sin convencer y la exoneración a priori del Ejército genera más dudas, dentro y fuera de México, sobre todo con el antecedente inmediato de la ejecución extrajudicial de civiles por parte de efectivos del Ejército en Tlatlaya, Estado de México.
Murillo Karam dice que ahora va por Los Rojos, el grupo delictivo con el que se ha querido relacionar a los normalistas desaparecidos, según la declaración ministerial de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, quien es acusado por la PGR como el principal encargado de incinerar y desaparecer a los normalistas y el que fue detenido justamente por elementos del Ejército, el 16 de enero pasado en Morelos.
Lo mismo se espera que haga la PGR con los Guerreros Unidos, señalados como responsables de la desaparición de los normalistas, organización a la que pertenecía el clan Pineda Villa, en el que durante una década jugó un papel destacado María de los Ángeles, la esposa de José Luis Abarca.
Pero sobre todo falta que la PGR indague las relaciones de ambos grupos criminales con la clase política local, estatal y tal vez federal que han dado protección a uno y a otro grupo.
No hay señal alguna de que el gobierno de Peña Nieto esté dispuesto a hacerlo porque sería tanto como reconocer que en México hay territorios perdidos por el Estado a manos de una amalgama político delictiva. Significaría también admitir que la desaparición forzada, delito de lesa humanidad, es posible en México gracias a la protección oficial.
Con su verdad histórica decretada, la PGR habrá de consignar su averiguación. Sólo falta que los jueces federales la avalen. Lo cual se da casi por descontado.
Comentarios: @jorgecarrascoa
MÉXICO, D.F. (apro).- Apenas declaró como verdad histórica su investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobierno de Enrique Peña Nieto recibió, una vez más, el descrédito internacional.
Organismos y organizaciones de derechos humanos reaccionaron indignados por la decisión del gobierno federal de querer cerrar el expediente cuando aún no hay evidencia científica de los dichos de los supuestos culpables y menos aún del papel, por acto u omisión, del Ejército mexicano.
El procurador Jesús Murillo Karam está empeñado en que los mexicanos hagan acto de fe y asuman que los militares no tuvieran nada que ver. Sólo porque él y el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, lo dicen, hay que creerlo.
Pero no hay pruebas de sus dichos. No hay, que se conozca, una línea de investigación sobre lo que ha sido la actuación de los jefes, oficiales y soldados de la Zona y Región militares con jurisdicción en Iguala, Guerrero, en relación con los grupos de delincuencia organizada.
Las relaciones de los militares con el poder político local y estatal, más allá del expresidente municipal, José Luis Abarca, y la actuación de los militares que han pasado a ser funcionarios de seguridad pública en la zona, son clave para explicar la tragedia.
Existen informes de seguimiento que los propios jefes castrenses han tenido que hacer sobre la operación de los grupos delictivos en la zona. Esa búsqueda y rastreo es una actividad cotidiana en su trabajo.
Formalmente, el Ejército no tiene facultad de investigación. Pero todas sus unidades de mando disponen de un grupo dedicado a la búsqueda y procesamiento de información del entorno en el que están destacadas. Esa información es básica para su operación y la toma de decisiones. Todas esas unidades reportan al cuartel general, en la Ciudad de México.
Por eso es tan inverosímil la versión del gobierno federal de que los militares son completamente ajenos a lo sucedido, aun cuando la madrugada de la desaparición de los normalistas, efectivos castrenses hayan ido al hospital, justamente a investigar quiénes eran los estudiantes heridos.
A cuatro meses de los hechos, el gobierno sigue sin convencer y la exoneración a priori del Ejército genera más dudas, dentro y fuera de México, sobre todo con el antecedente inmediato de la ejecución extrajudicial de civiles por parte de efectivos del Ejército en Tlatlaya, Estado de México.
Murillo Karam dice que ahora va por Los Rojos, el grupo delictivo con el que se ha querido relacionar a los normalistas desaparecidos, según la declaración ministerial de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, quien es acusado por la PGR como el principal encargado de incinerar y desaparecer a los normalistas y el que fue detenido justamente por elementos del Ejército, el 16 de enero pasado en Morelos.
Lo mismo se espera que haga la PGR con los Guerreros Unidos, señalados como responsables de la desaparición de los normalistas, organización a la que pertenecía el clan Pineda Villa, en el que durante una década jugó un papel destacado María de los Ángeles, la esposa de José Luis Abarca.
Pero sobre todo falta que la PGR indague las relaciones de ambos grupos criminales con la clase política local, estatal y tal vez federal que han dado protección a uno y a otro grupo.
No hay señal alguna de que el gobierno de Peña Nieto esté dispuesto a hacerlo porque sería tanto como reconocer que en México hay territorios perdidos por el Estado a manos de una amalgama político delictiva. Significaría también admitir que la desaparición forzada, delito de lesa humanidad, es posible en México gracias a la protección oficial.
Con su verdad histórica decretada, la PGR habrá de consignar su averiguación. Sólo falta que los jueces federales la avalen. Lo cual se da casi por descontado.
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