México sufre crisis de derechos humanos
MEXICO, D.F., 29 de enero (SinEmbargo/EFE).– La “verdad histórica” no sobrevivió 24 horas de su propia historia. Los primeros en rechazar la versión del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, fueron los padres de los 43 normalistas que el martes mismo brincaron sobre la versión oficial.
“México está atrapado en un crisis de DH”: WOLA
En un comunicado, WOLA consideró que es prematuro y alarmante que las autoridades federales hayan dado por concluida la investigación sobre la “desaparición forzada” de los normalistas. Mientras que el Presidente Peña Nieto claramente quiere superar este caso, que ha herido gravemente tanto su popularidad interna como su credibilidad internacional, todavía hay muchas preguntas sin respuesta sobre el caso.
Según Maureen Meyer, la Coordinadora Principal del Programa de México en WOLA, “declarar concluida la investigación sobre el caso Ayotzinapa, cuando aún quedan varios pendientes a resolver, sólo reforzará la percepción de que el gobierno no está comprometido con el Estado de Derecho”.
“Es preocupante el peso que el Gobierno le da a las confesiones de los supuestos autores materiales, sobre todo cuando hay acusaciones de que algunos de los detenidos en el caso fueron torturados”, dice Meyer. Además, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), expertos reconocidos internacionalmente quienes fueron contratados a petición de las familias, ha dicho que no hay suficiente evidencia científica para certificar la versión del caso del Gobierno.
Otro aspecto preocupante del anuncio, según la organización, es que no se ha dado tiempo para que el grupo de expertos externos de asistencia técnica, cuyo apoyo fue acordado entre el Estado mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y representantes de las familias en noviembre, lleve a cabo su labor. Parte de este convenio de colaboración es justamente analizar si “se están agotando correctamente todas las líneas de investigación” en la desaparición de los estudiantes.
Advierte que el caso de los estudiantes desparecidos no es aislado, pues el Estado mexicano no ha podido dar respuestas contundentes a los miles de familias de víctimas de desapariciones forzadas y otras víctimas de violaciones graves a los Derechos Humanos en el país y tampoco ha investigado y sancionado a los agentes responsables, a cualquier nivel. Meyer concluye que:
“México está atrapado en una crisis de Derechos Humanos de una magnitud que parece no entender el Presidente Peña Nieto”.
El martes pasado, el Procurador Murillo Karam dio un reporte sobre la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, hace más de cuatro meses, donde reiteró la versión que ha defendido desde noviembre pasado: que los jóvenes fueron asesinados e incinerados junto con sus pertenencias en el basurero de Cocula, Guerrero, por integrantes del cártel Guerreros Unidos.
“Esa es la verdad histórica de los hechos”, afirmó el funcionario federal, en un intento vano por convencer que su investigación está completa y, peor aún, cerrada.
Acompañado de Tomás Zerón de Lucio, director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, Murillo expresó que la versión inicial se reforzó tras la detención, el jueves 15 de este mes, de Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Terco” o “El Cepillo”, jefe de sicarios del grupo criminal y quien, según las autoridades, participó en el secuestro, homicidio y desaparición de los normalistas.
La versión fue refutada unas horas después por los padres de los desaparecidos, quienes señalaron una serie de incongruencias y contradicciones en la versión ofrecida por la PGR y anunciaron que llevarán el caso hasta la Comisión de Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Ayer, José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización internacional Human Rights Watch (HRW), expresó en entrevista radiofónica que la información ofrecida por Murillo Karam “no es una verdad histórica, es una versión oficial”.
Manifestó que el hecho de que se haya hablado primero con los medios de comunicación en lugar de con los padres de familia, “da la impresión de concluir mediáticamente el caso”.
“Ha habido negligencia, empezando por la Procuraduría, que se tomó 10 días para tomar el reclamo de los padres”, reclamó.
El miércoles, Murillo Karam y el abogado de los padres de los normalistas, Vidulfo Rosales, debatieron en distintos medios de comunicación sobre la presencia del Ejército en la noche de la desaparición de los normalistas, el pasado 26 de septiembre, ya que los familiares no abandonan la exigencia de que los militares deben ser investigados sobre su rol en la noche de la tragedia. Pero las autoridades parecen haber dado ya carpetazo a esa duda.
“No hay nadie que los acuse [a los militares] de nada”, dijo Murillo Karam.
“Sostener que el Ejército no tenía nada que ver, es una posición política”, respondió por su parte el representante legal de los padres de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.
Desde el 5 de noviembre pasado, se dio a conocer, en un amplio reportaje, que el Ejército estuvo allí la noche de la tragedia, algo que apenas ha sido recogido por algunos medios a partir de la exigencia de los padres.
Caso Ayotzinapa NO se cierra: CNDH
Por su parte, Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dijo que el caso no podrá cerrarse hasta que se lleve ante la justicia a todos los responsables y se aclare el destino de los 43 estudiantes desaparecidos, de los cuales, hasta ahora sólo se ha logrado presuntamente identificar los restos de uno.
sigue leyendo
No hay comentarios:
Publicar un comentario