Las acciones oficiales son meros paliativos

¡¡Exijamos lo Imposible!!
Crisis política

Lilia Arellano

Estado de los ESTADOS

Partidos confrontados y sin brújula
Indígenas, los olvidados de siempre
Gobierno atiende sólo a unos cuantos
Campesinos vs presupuesto base cero

Lo lógico sería tener muy en cuenta que si los partidos políticos no pueden, no logran, no saben cómo enfrentar sus crisis internas y menos aún tienen decidido cuál es el camino a seguir en los próximos tiempos, menos sabrán cómo se puede y debe gobernar un país. El PRI está ahora, una vez definido su liderazgo nacional, es decir, refrendando y reiterando que éste no está en otras manos que no sean las del mexiquense Enrique Peña Nieto, iniciando la pugna de la sucesión presidencial ante la llegada de un personaje cuyo arribo estuvo precedido de grandes polémicas: Manlio Fabio Beltrones. Tanto el PAN como el PRD terminan por desgarrar sus ya de por sí dañadas vestiduras con el cambio de dirigencias que llevan a cabo. Los aliancistas bajan la cabeza, se agachan y permanecen al acecho para adherirse al mejor librado. Morena también habrá de nombrar a quienes tendrán la facultad de dirigir las elecciones del 2018 como prioridad. ¿Y del pueblo hay quien se ocupe?

Aunque todo lo anterior parecería ser un galimatías eterno, no es todo, faltan los que como Miguel Ángel Mancera, llegados al poder bajo una bandera partidista ante lo hecho por los dirigentes marca la “sana distancia” que con anterioridad hundió al tricolor. Sin el menor rubor, el jefe de gobierno del DF sostuvo que no pudo respaldar el documento que presentó Carlos Navarrete ante el Consejo Nacional perredista por una simple y sencilla razón: “No soy militante de ese partido; no tengo ninguna participación en ese instituto político”. Para quien en el pasado cometió una deslealtad aún mayor para con Andrés Manuel López Obrador, lo dicho sólo puede tener una interpretación muy clara: “el que a hierro mata, a hierro muere”.

Javier Corral y Ricardo Anaya representan en el PAN lo que Peña Nieto evitó en el PRI: el enfrentamiento de dos grupos que tienen en sus archivos el expediente de quien desean llevar a la candidatura presidencial. Aunque también la reagrupación de dos fuerzas que en su momento tuvieron en sus manos la posibilidad de cambiar el rumbo del país y una de ellas va en directo por una especie de reelección, de las cobijadas en las sábanas. Cadáveres y corrupciones así como impunidad son los males que dicen intentarán combatir, cuando la primera parte tendría que ser prohibir entre aquellos a los que habrán de postular para las próximas elecciones, tanto municipales como estatales y federales.

Con estos partidos políticos que incluyen a los aliancistas que se niegan a morir, como es el caso del Verde Ecologista y para quienes toda la protección está dada ante su sometimiento en la aprobación de las reformas estructurales –paso que no dieron los desaparecidos petistas-, son con quienes se pretende continuar gobernando a un pueblo al que día tras día se le hunde en la pobreza, al que se le cierran todos los canales de superación, de educación, de salud, de alimentación adecuada, de vivienda, de empleo con salarios dignos. La pobreza ya la han subdividido para presentar, en el papel, situaciones que hablan de algún progreso mismo en el que no se contempla a los indígenas salvo en días como ayer, en el que se celebra una fecha que sólo recuerda su existencia pero que en nada alivia su diario acontecer.

RAICES Y PASADO

Tan sólo en conmemoraciones como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebrado este año por el presidente Enrique Peña Nieto en el Centro Ceremonial Otomí, en el municipio de Temoaya, en el Estado de México, las autoridades federales voltean la vista a los indígenas del país, 15.7 millones de personas, el 14% de la población nacional, según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, grupos que son pobres entre los pobres, que viven una situación de rezago que se traduce en la vulneración sistemática de sus derechos fundamentales. El porcentaje de quienes hablan lenguas indígenas en pobreza está en alrededor del 80 por ciento.

La atención a la población indígena del país, que enfrenta condiciones de pobreza, desventaja social y precariedad en general, se queda poco menos que en el discurso oficial. Peña Nieto presentó la Estrategia Banderas Blancas, cuyo fin, dijo, es disminuir el rezago en materia de agua potable, drenaje y electricidad, en localidades indígenas de más de 100 habitantes. En el remoto caso de aplicarse correctamente, este programa abarcará a unos 2 millones de indígenas, el resto, casi 14 millones quedan fuera, no obstante que presentan carencias, acceso a los servicios básicos, vivienda, agua potable, drenaje, electricidad, salud, educación y alimentación.

Las acciones oficiales son meros paliativos, una cinta adhesiva para una enfermedad de hondas raíces sociales no atendida por los últimos gobiernos fedérales y estatales. De acuerdo con la información oficial, se entregaron certificados del programa para el mejoramiento de la producción y productividad indígena a pobladores de Acteopan, Puebla; zapotecas de Oaxaca; chontales de Tabasco; y otomís de Temoaya; así como infraestructura a habitantes de San Felipe del Progreso, Estado de México; Larrainzar, Chiapas; el Nayar, Nayarit, y de apoyo a la formación de jóvenes y para iniciar comunitarias a nahuas de Cuajitlán de García, Jalisco; zoques de Uxpanapa, Veracruz, y wixáricas del Mexquital, Durango.

Peña Nieto anunció una estrategia de cobertura total para dotar de luz, agua y drenaje a tres mil 250 comunidades indígenas. Explicó que el gobierno de la república tiene planteadas diversas acciones, entre ellas, la Cruzada Nacional contra el Hambre y la reforma educativa, además del Programa de Zonas Económicas Especiales para cuatro estados, que presentará al Congreso en el próximo periodo de sesiones.

Las acciones gubernamentales ni siquiera intentan abarcar la atención de toda la población indígena del país, que son pobres entre los pobres, como se puede apreciar fácilmente en estados con el mayor porcentaje de habitantes indígenas como son Yucatán, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Campeche, Hidalgo, Guerrero, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz, donde la población con algún rasgo de pertenencia étnica se encuentra en mayores condiciones de precariedad que las personas que no lo presentan.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reconoce que la situación de pobreza entre los indígenas mexicanos es más grave que entre la población en general, resienten más carencias en el acceso a la alimentación que la mayoría de los mexicanos, tienen serias dificultades para tener acceso a una vivienda, cuentan con serios rezagos educativos y no es coincidencia que las entidades con más población indígena tengan los mayores índices de reprobación en primaria y secundaria, como Guerrero, Michoacán y Oaxaca. En salud la situación es similar.

Una gran dificultad que enfrentan los indígenas en México son los obstáculos para acceder a la justicia. Cuando un indígena se ve involucrado en un problema legal, encara una alta probabilidad de tener un proceso judicial sin apego a la ley, que en última instancia termine con una sentencia en prisión. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay más de 8 mil indígenas mexicanos en cárceles mexicanas, la mayoría de ellos “no han sido asistidos por un defensor e intérprete o traductor acompañante, e incluso en muchas ocasiones desconocen el motivo por el que están internos”.

En términos generales, los derechos de los pueblos indígenas no se respetan en el país, como lo ha denunciado el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). El propio ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, admite que “no concluye aún el desarrollo legislativo para armonizar las constituciones locales conforme al contenido de la Constitución federal”, por lo que, al encabezar la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, puntualizó que “es deber de los juzgadores adoptar las medidas pertinentes que permitan alcanzar la igualdad de facto cuando exista discriminación estructural y sistemática”, cuando conozcan asuntos en que participen personas, comunidades o pueblos indígenas.

Durante el evento realizado en la sede de la SCJN, Aguilar Morales señaló que la emisión de resoluciones en materia indígena debe tener el efecto de cambiar prácticas procesales que aún persisten, para sustituirlas por otras que incorporen mecanismos que garanticen la igualdad de las partes. Por ello, agregó, el máximo tribunal ha emitido jurisprudencias y criterios para garantizar el derecho de los pueblos indígenas al acceso a la justicia, como el respeto pleno de la autoadscripción, la garantía de contar con un intérprete o traductor y un defensor que conozca su lengua y cultura.

Por los errores de los pasados gobiernos y el actual, a la sociedad mexicana se le está condenando al estancamiento, a la pobreza, a la inseguridad y a la desigualdad extrema.