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Tiempos de Canallas
Autor Invitado
Javier Corral Jurado
prácticas de corrupción, cooptación e intimidación. Criminaliza la protesta, y recurre a la calumnia. El dinero público vuelve a ser tonel sin fondo para la colusión de medios y poder. Es un tiempo de canallas el que vivimos.
Rendido el Poder Legislativo a los pies del Presidente de la República, quiere ahora apropiarse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el exceso, está dispuesto a colocar no sólo a uno de sus más cercanos e incondicionales subalternos, sino a quien hizo compadre de un hijo fallecido: Eduardo Medina Mora. No importa que no cumpla incluso con el requisito constitucional señalado en la fracción V del artículo 95, que exige residencia efectiva “en el país” de cuando menos dos años antes de su designación como Ministro, lo que en el caso de Medina Mora no sucede pues desde 2009 residen en el exterior, primero como embajador en Londres y luego en Washington. Una estrambótica interpretación de residencia y domicilio legal, y entre residencia genérica y residencia efectiva, está a punto de hacer juez constitucional a Medina Mora a partir de un atropello a la Constitución. Estan dispuestos a cualquier cosa, porque han cantado que van por todo. También por nuestro máximo Tribunal Constitucional, desde el que Peña Nieto diseña una impunidad transexenal, pues después de Medina Mora, enfilan a otro operador político del Presidente, el Senador priísta con licencia Raúl Cervantes.
En los procesos de elección de Ministros a la Suprema Corte de Justicia que ha llevado la actual legislatura, la propuesta de Medina Mora dentro de la terna enviada por el Presidente al Senado de la República ha concitado un amplio rechazo en diversos sectores, incluso se advierte desde sus corrillos una profunda molestia en la Suprema Corte, no sólo por los lazos tan cercanos con Peña Nieto y carecer de una carrera judicial que acredite una experiencia como juzgador, sino porque su desempeño tanto en la PGR bajo el gobierno de Felipe Calderon, como en el CISEN con el de Vicente Fox – el centro de investigación política del gobierno -, ha dejado mucho que desear su compromiso con la justicia y los derechos humanos. Resulta tan absurda la propuesta que equivaldría a que, guisa de ejemplo, en los Estados Unidos al director de la CIA lo hicieran Ministro de la Corte Suprema.
Pero son varios los flancos de la nutrida impugnación social al desempeño de Medina Mora y en cascada la revelación de información que se mantenía semi-oculta, varios conflictos de interés y la confirmación de que como Procurador, tuvo pleno conocimiento del ingreso de armas de fuego de alto poder a nuestro país desde los Estados Unidos, en lo que también se conoció como la operación “Rápido y Furioso”. Ni más ni menos una de las operaciones policiacas que de manera vil violentó la Constitución y puso en riesgo la soberanía nacional. También está acreditada su vinculación orgánica a Televisa, en donde fue socio accionista de la principal empresa productora de contenidos desde la que se lanzaban las campañas de promoción personal y política de varios personajes mexicanos, incluído por supuesto Peña Nieto, de donde les vino el vínculo de amistad y compadrazgo.
Entre quienes han organizado una protesta en las redes sociales están Alejandro Madrazo Lajous, Catalina Pérez Correa González y Jorge Javier Romero Vadillo, ellos han promovido una carta enviada a todos los Senadores de la República para que #NoHaganMinistroaMedina que ha conseguido mediante la plataforma change.org una adhesión de más de 22 mil firmas, entre las que se encuentran varios de los mexicanos y mexicanas de mayor prestigio en sus diferentes ámbitos académico, juridico, social y político.
Argumentan y con razón que “La postulación de Eduardo Medina Mora, lejos de contribuir a reconstruir la confianza, confirma la percepción de que la clase política prefiere nombrar a funcionarios que, aún siendo poco eficaces en el desempeño de su cargo, son propensos a inclinar su proceder por razones políticas”.
Para los promoventes de la carta, Eduardo Medina Mora se desempeñó en puestos clave para la seguridad pública, seguridad nacional y procuración de justicia en el que su desempeño coincidió precisamente con el período en que la seguridad y la justicia sufrieron procesos de descomposición acelerados y notables, y caracterizado por la parcialidad y la incompetencia. Señalan varios ejemplos, como el de la violación grave de los derechos de Alberta Alcántara Juan, Teresa González Cornelio y Jacinta Francisco Marcial, tres mujeres indígenas ñhä-ñhú (otomíes), detenidas en 2006 y encarceladas por más de tres años acusadas de secuestrar a seis agentes de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI). La irregular integración de la Averiguación Previa por la institución que él encabezaba resultó en la recomendación 47/2009 por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
También el caso conocido como el “Michoacanazo”, en el fueron detenidos 38 funcionarios públicos estatales y municipales de aquella entidad, por presuntos vínculos con el crimen organizado, operativo en el que se abusó de la figura del arraigo, esto es, sin fincar cargos a los detenidos en el momento de la detención. El arraigo, en teoría, es una figura excepcional que debe usarse con el fin de avanzar una investigación y sólo en casos en que las personas arraigadas estén en riesgo de darse a la fuga o estando su integridad física en peligro debe usarse. “Es difícil creer que los funcionarios públicos arraigados, quienes ejercían cargos públicos en ese momento, estuvieran próximos a fugarse o hubiesen manifestado estar en peligro”. Todos sabemos el penoso desenlace de aquel pomposo operativo: Un año y medio mas tarde 37 de los 38 detenidos fueron puestos en libertad, debido a que las pruebas aportadas por la PGR fueron desechadas. Al cabo de 18 meses fue liberado el último detenido por falta de pruebas.
“Siendo la incompetencia y la parcialidad los dos males mayores que aquejan hoy al sistema de procuración e impartición de justicia en el país, y que nos tienen en una crisis política y social de proporciones históricas, es un error hacer Ministro al Lic. Medina Mora” señalan los impulsores de la misiva que también hicieron llegar a la Comisión de Justicia, pero que ésta desestimó ya que la terna fue calificada como “idonea” y se dio el primer paso para hacer Ministro a Medina Mora.
Desde la organización social “Familia Pasta de Conchos” se lanzó otra alerta al Senado denunciando que la actuación de Medina Mora para investigar las responsabilidades en esa tragedia humana, acrecentada en injusticia y devenida en impunidad, lo incapacita como impartidor de justicia y anula su pretensión de constituirse como Ministro, “pues carece de la autoridad moral para la defensa y promoción de los derechos humanos de los mexicanos y mexicanas”.
Dicen que en 2008, cuando fungía como titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora rechazó la Recomendación 64/2008 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que se concluyó el ejercicio indebido de la función pública y la existencia de violaciones a los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica, atribuibles a servidores públicos de la PGR, en perjuicio de los mineros del carbón fallecidos en la mina Pasta de Conchos y de sus familiares. Señalan que les dio la espalda en la lucha por el debido proceso en el caso Pasta de Conchos.
En efecto, de haber cumplido, se hubiera abierto una puerta al conocimiento de la verdad sobre lo sucedido y a la sanción de los responsables de la explosión, ya que la CNDH demostró que el Ministerio Público de la Federación, responsable de la averiguación previa 20/UEIDCSPCAJ/2007, no actuó con diligencia para la pronta, completa y debida procuración de justicia. “Negligencia ha sido uno de nuestros argumentos para la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso”, dicen los familiares de las víctimas.
Además de las omisiones que se han señalado en estos días, no se puede olvidar una de las actuaciones mas cuestionables de Medina Mora. En febrero de 2009, el entonces Procurador General de la República, archivó las averiguaciones previas iniciadas en contra de Arturo Montiel Rojas y su hijo Arturo Montiel Yañez, por los delitos de peculado, lavado de dinero, evasión de impuestos y ejercicio indebido de atribuciones y facultades.
Se trato de las averiguaciones previas con numero UEIDFF/FISM02/305/2005 y UEIDFF/FISM02/103/2006 a las que se determinó el no ejercicio de la acción penal por la PGR a cargo de Medina Mora, por supuestamente no existir elementos. Es decir, las mandó a la congeladora.
De ahí que yo también esté convencido de que el Senado de la República no debe hacerlo Ministro de la Suprema Corte, mucho menos por el plazo de 15 años. En ese sentido expresaré mis razones y emitiré mi voto.
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Hablando de tiempos de canallas, que bien se ha retratado el gobernador de Chihuahua César Duarte Jaquez, en las dos últimas semanas. De cuerpo entero en la puerilidad de sus métodos, tan arcaico en concebir la política, que lo único que consigue es que quienes no están debidamente enterados de su caso de corrupción, ahonden en la pesquisa, asombrados de su fortuna, los negocios que apaña, las respuestas que ofrece, de su cinismo.
Si la provocación a la concentración de Unión Ciudadana del pasado 28 de febrero, llamó la atención de los medios nacionales, la treta orquestada esta semana por Duarte en el Senado ha evidenciado la enorme debilidad política y baja condición moral del gobernador, incapaz de explicar, razonar para enfrentar la acusación penal en su contra por enriquecimiento ilícito y peculado.
Define a Duarte el tener que recurrir al ex-panista con el mayor descrédito público en todo el Estado, Cruz Pérez Cuellar – que ha llegado por cierto a un nivel de degradación personal y política que causa verguenza ajena -, para reproducir y extender sus insinuaciones calumniosas sobre mi persona. Traza su vulgaridad cuando recurre a la “Negra Tomasa”, una lideresa príista protegida por el fiscal estatal Nicolas y financiada por el Ayuntaiento de Chihuahua a la que usa para provocar y agredir a manifestantes que se le planten para protestar.
Pero muestra su miedo cuando usa a los indigenas como carne de cañón. El jueves pasado llevó al Senado a un grupo de 15 indígenas tarahumaras, para realizar una protesta en mi contra con mantas muy bien impresas, acusándome de un supuesto despojo de tierras. Lo cual obviamente nunca supieron explicar los raramuris, ni siquiera quien los encabezaba, Enoé Carrasco Jordán, que medra en la Coordinadora Estatal de la Tarahumara y tanto explota para estos fines a varios indigenas.
Por supuesto he desmentido esos señalamientos. Pero tomé la oportunidad para mostrar la campaña sucia que ha lanzado el vulgar ladrón, para salir al paso de las acusaciones en su contra.
Un día antes y el mismo jueves por la mañana desde el Área de Comunicación del PRI en el Senado de la República, se anticipó la espontánea protesta. Varios reporteros fueron instruidos por sus jefes de redacción para cubrir la nota contra Corral, que hoy se iba a presentar. Incluso el periódico en el que escribo, El Universal, fue parte de la planeación anticipada.
Es falso que no quise recibir a los indigenas, nunca pidieron hablar conmigo. Quien los recibió fue el Senador priísta Patricio Martínez, también de Chihuahua. Ellos fueron al Senado para lo que Duarte les compró los boletos de avión: para producir una nota informativa calumniosa contra mi persona, que varios medios retomaron profusamente, sin aportar un sólo dato que sustente los dichos. Milenio TV transmitió en vivo el montaje!!!.
Porque fue un montaje realmente lastimoso. Una embustera operación.
La campaña de César Duarte es una demostración, no solo del tiempo de canallas que vivimos, sino de un momento de regresión a tiempos muy lejanos: usar la nobleza de los más pobres de nuestro estado, los indígenas. Lo único que demuestra es miedo, está desesperado, porque la denuncia penal en su contra por enriquecimiento ilícito es muy fuerte y muy sólida. Sólo un contubernio brutal entre la PGR y el gobierno de Chihuahua, lo pueden librar de la cárcel, por más que se desviva felicitando a la nueva Procuradora Arely Gómez.
P.D. Ricardo Raphael, analista, periodista, escritor, demócrata sin fisuras, ha lanzado una idea fabulosa al cerciorarse de la singular batalla del Movimiento chihuahuense Unión Ciudadana contra la corrupción y el cinismo político de César Duarte Jaquez. Ha propuesto integrar un grupo de observadores nacionales de gran prestigio, a manera de testigos sociales, para recoger directamente lo que pasa en nuestro Estado, los actos de provocación y amenaza a las libertades políticas en contra de quienes combatimos la tiranía duartista, así como los diversos casos de enriquecimiento ilícito del recién desconocido gobernador de Chihuahua. Es espléndido su texto en El Universal sobre este hecho, es profunda la mirada sobre la trascendencia de lo que en el Norte se está labrando de nuevo para todo México. Se los recomiendo: http://javiercorral.org/articulos_invitados.php?id=9439
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