¡¡Exijamos lo Imposible!!Saqueo en puerta
Lilia Arellano
Estado de los ESTADOS
Reforma estructural contra el agro
Protestan maestros; Segob no cede
Estados y DF incrementan deudas
Michoacán convulsionado: MORENA
“Una pendejada hecha con solemnidad es un excelente acto de gobierno”.- Jorge Saldaña
Luego de que el incremento de los precios internacionales de petróleo frustraron, al menos por el momento, el gran negocio que representa la reforma energética para inversionistas, nacionales y extranjeros, y coyotes que les acompañan en la administración federal, ahora la gestión de Enrique Peña Nieto tiene en la mira la explotación privada de los ejidos. El gobierno federal está delineando una reforma agraria para fortalecer los derechos de empresas privadas que hacen negocios con propietarios rurales, a fin de atraer inversión e impulsar la economía. Esos son ahora los argumentos que, por cierto, están muy trillados y aterrizan solamente en el beneficio de unos cuántos, siempre explotadores.
Peña Nieto ha perdido la apuesta que hizo a una reforma energética para reactivar la debilitada economía, que entró nuevamente en fase de desaceleración, según el Banco de México, pero la caída de los precios del petróleo ha hecho menos atractiva esa industria. Ahora le apuesta a una reforma agraria para acelerar el crecimiento fomentando la inversión en sectores como la minería, el turismo, la generación de energía, la agricultura y el transporte. Lo que aún no se sabe es en cuáles manos irán a caer todos estos renglones, ya que tienen al país literalmente fraccionado y entregado a diversos intereses extranjeros. Un par de ejemplos en extremo claros están, precisamente, en el turismo y en la minería. En el primero, los capitales españoles se han multiplicado y en el segundo Canadá tiene la delantera.
El peñanietismo va, una vez más, contra los logros históricos del pueblo mexicano. Hay que recordar que tras ser creados bajo un programa de redistribución masiva de la tierra en la primera mitad del Siglo XX, derivada de la Revolución Mexicana, los ejidos tienen derechos de superficie en vastas zonas del país. De acuerdo con la Sedatu, poco más de la mitad de las 196 millones de hectáreas de tierra está controlada por grupos de tierras comunales. Ahora está al frente de la dependencia que tendrá que hacer la entrega, otra más, quien fuera procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, por lo que no hay que dudar que todo será con cargo al patrimonio nacional y en perjuicio de los mexicanos, porque si no se demostró el respeto a la vida y a los jóvenes poco puede esperarse.
La nueva reforma agraria se maneja con mucha discreción, pues al incluir ventajas legales para los inversionistas, puede encender protestas de los propietarios de tierras, reconocen los involucrados en el proyecto. La nueva legislación va contra derechos de los propietarios de tierras comunales, o ejidatarios, que han sido protegidos durante mucho tiempo. Sin duda, en el Congreso, el proyecto enfrentará una gran oposición por parte de la izquierda, por lo que dependerá de la conformación de la Cámara baja tras las elecciones del 7 de junio próximo. De llegar el PRI-PAN con su aliado, el Verde, a controlar la mayoría ya pueden despedirse, merced a la modernidad, a la “revitalización” del campo, los que poseen parcelas. La zanahoria para el conejo se las lanzarán en medio de una miseria que ya se hace ancestral y después, llegará una multiplicación aún mayor de quienes carecen de medios para sobrevivir.
De acuerdo con funcionarios federales y legisladores federales del PRI y del PAN, la actual administración federal está preparando la más dramática revisión de los derechos de tierras rurales desde una reforma promulgada en 1992. Con esta nueva reforma, elaborándose en al Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se pretende partir de la reforma energética del año pasado, que dio al gobierno más poder para actuar a favor de inversionistas en disputas con ejidos. Habrá que tomar en cuenta lo publicado por el diario El País sobre la riqueza en hidrocarburos para el tracking, colocándose al país después de EU.
Actualmente, la Ley de hidrocarburos, una parte clave de la reforma energética del año pasado, obliga a las empresas a pagar a los titulares de derechos de superficie un porcentaje de los ingresos de explotación de la tierra. La ley, que está restringida al sector energético, establece cómo los inversionistas deben negociar con los terratenientes para el uso de la tierra, obligando a ambas partes a realizar valoraciones del terreno. Y también habrá que recordar que la cantidad que se fija por hectárea es ridícula, si se toma en cuenta la riqueza a explotar.
En caso de no alcanzarse un acuerdo, el Estado debe mediar y si aún así no se llega a un trato, el Estado puede expropiar a favor del inversionista y determinar qué compensación recibirán los miembros del ejido. Es, precisamente esta parte de la ley energética, la que representaría la base para dar a los inversionistas una mayor protección, con el persuasor del ingreso compartido destinado a convencer a los ejidos. Situación ésta que se reproduce frecuentemente en diversos sectores donde las entregas y los apoyos que se brindan a los que invierten son excesivos y van en contra, inclusive, de los trabajadores, tal y como se ha dejado muy claro con la reforma laboral vigente, en la que de entrada se renuncia a las prestaciones que se tenían y que fueron resultado de muchas luchas en el pasado.
En la minería, empresas del sector buscan acuerdos con los propietarios de tierras, pero con el riesgo de tener que renegociar los términos si los ejidatarios más tarde cambian de opinión. De ahí los paros y bloqueos frecuentes a sus instalaciones, y los tribunales agrarios tienden a favorecer a los terratenientes. En este renglón, habrá que dejar muy claro que apenas se obligó a las mineras a pagar impuestos porque ni eso se hacía, y se han llevado durante siglos la riqueza nacional sin dejar un solo beneficio, sino estelas de muerte porque no se les exigen ni siquiera las mínimas medidas de seguridad para quienes debajo de la tierra encuentran el medio de sobrevivir.
PROTESTAN MAESTROS
Mientras el presidente Enrique Peña Nieto festejaba a los maestros en la residencia oficial de Los Pinos, y presumía que dentro de las reformas estructurales implementadas en su gestión, la de mayor impacto era la reforma educativa, miles de maestros marchaban en la capital del República, desde la avenida Ribera de San Cosme con dirección a la Secretaría de Gobernación, con la exigencia de que aparezcan con vida los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde septiembre pasado, y para exigir nuevamente la abrogación de la reforma educativa y el rechazo a la aplicación de una “evaluación punitiva”.
Así, en tanto Peña Nieto destacaba que “hace dos años impulsamos la reforma educativa largamente esperada”, y que la “educación de calidad ya es reconocida como un derecho humano”, integrantes de la Sección 22 de Oaxaca, encabezados por su líder Rubén Núñez Ginés, se dirigían, desde la antigua Normal Superior al Palacio de Covián para demandar una respuesta al pliego petitorio nacional que entregaron el pasado 1 de mayo, y advirtieron que si no hay solución no descartan el llamado a un paro nacional de labores.
Pero todo parece indicar que el gobierno federal no cederá. El presidente Peña Nieto dijo que este año se aplicará por primera vez el Censo de Educación Media Superior, y se pondrá en operación el Plan Nacional para la Evaluación de Aprendizaje, que sustituye a la prueba Enlace. También aseguró que el Servicio Profesional Docente no sólo implica reglas claras y objetivas para evaluar a los maestros, sino también respaldarlos con asesoría y seguimiento para impulsar su capacitación permanente.
Dijo que en diciembre se emitirán las reglas de operación del programa para el desarrollo profesional docente y lo ubicó como un esfuerzo gubernamental que estimula su preparación y que en este año, sólo para el sector de educación básica, contempla una inversión de 198 mil millones de pesos.
El secretario general de la Sección 22 de Oaxaca advirtió, por su parte, que el magisterio disidente del país también se movilizará en los estados donde habrá marchas y mítines. Núñez Gines expresó que “este 15 de mayo nuestra primera demanda es que aparezcan con vida nuestros normalitas, y que el gobierno abrogue las modificaciones al artículo 2 y 73 Constitucional”. Desde Veracruz, Oaxaca, Morelos, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Hidalgo y Distrito Federal, los maestros, tanto del SNTE como de la CNTE, llegaron a las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación. Una comisión fue recibida para hablar sobre la reforma educativa, particularmente el punto que plantea que los profesores permanezcan en sus posiciones a través de evaluaciones.
La Comisión Única Negociadora de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) entró a la Segob para tratar los 11 puntos de su pliego de demandas entregado el pasado 1 de mayo. La comitiva es encabezada por Rubén Núñez, líder de la Sección 22 de Oaxaca, y Juan José Ortega Madrigal, líder de la Sección XVIII. Como el subsecretario Luis Enrique Miranda no se encontraba en la dependencia –al parecer sigue en manos de diversos médicos-, fueron atendidos por Alejandro Osuna, jefe de la Unidad de Enlace Federal y Coordinación Estatal con entidades federativas. Aunque los maestros habían decidido llegar a la plancha del Zócalo capitalino, ésta se encuentra ocupada por la Feria de las Culturas Amigas.
Mientras, en Tixtla, Guerrero, organizaciones exigieron la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a 11 días de que se cumplan ocho meses de la desaparición forzada de los estudiantes. Padres de los normalistas desaparecidos encabezaron una marcha, apoyados por el Consejo Popular Municipal de Tixtla y otras agrupaciones integradas a la Asamblea Nacional Popular (ANP), y reiteraron su exigencia de que sean canceladas las elecciones el próximo 7 de junio.
A su vez, Miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que también participaron en esa marcha, la cual partió de la entrada de la Normal Rural de Ayotzinapa, exigieron la liberación de sus nueve compañeros, a quienes consideran presos políticos. Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia, informó que una comisión de éstos partió a Argentina, en la gira por países de Sudamérica, como parte de la internacionalización de su lucha.
MICHOACAN CONVULSIONADO
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