El fracaso de sus reformas estructurales

¡¡Exijamos lo Imposible!!
En graves aprietos
Lilia Arellano

Estado de los ESTADOS

Crisis electoral, económica y de seguridad
Desaceleración domina actividad económica
Militarización y crímenes de lesa humanidad
Mafia complica elecciones en siete Entidades
Campañas exhiben corrupción de gobernantes

“Lo que verdaderamente desnuda al hombre no es la pobreza, es el poder”: Jorge Saldaña

Tres crisis simultáneas resiente la administración de Enrique Peña Nieto: el fracaso de sus reformas estructurales, que no lograron detonar el crecimiento de México, anclado a una desaceleración que se amplía cada vez más; una grave inseguridad a nivel nacional que no ha sido frenada por la militarización de grandes zonas del país, donde la represión a la población es inocultable; y una democracia que desfallece ante un proceso electoral plagado de inconsistencias, campañas negras y sucias, carente de propuestas y autoridades electorales cuestionadas de origen, y por sus propias actuaciones.

 El crecimiento económico prometido no llegará este sexenio. Factores externos, como la caída de los precios internacionales del petróleo y la reducción del crecimiento económico de Estados Unidos lo impiden, pero también factores internos como el pésimo manejo que ha hecho de la economía el gabinete a cargo de Luis Videgaray, quien ya reconoció que no habrá de mejorarse el mediocre crecimiento de las últimas dos décadas en el corto plazo. El “blindaje” de la economía mexicana, que tanto presume Peña Nieto, no impide la pérdida de dinamismo de las actividades productivas, por lo que la desaceleración domina el comportamiento de la inversión, la producción y el empleo en los meses por venir.

 La volatilidad de los mercados financieros, el ajuste en el mercado petrolero, el nerviosismo de los capitales privados nacionales y extranjeros, la desaceleración de la economía estadounidense y la incertidumbre y cautela de inversionistas y consumidores, aumentaron los factores de riesgo para el desempeño de la economía en el corto plazo. Las propias cifras oficiales lo confirman: en el primer trimestre de 2015, la actividad económica y la producción fabril perdieron parte de la energía mostrada en trimestres previos. El avance de la economía respecto al trimestre anterior fue de sólo 0.4 por ciento.

 Por otro lado, la militarización del país no ha logrado disminuir la inseguridad y la ola de violencia. Los ejemplos están a la vista de todos: las masacres o “enfrentamientos” en Villa Purificación, Jalisco; y Tanhuato y Apatzingán, Michoacán, con sus decenas de muertos, o la localización de fosas clandestinas en territorio guerrerense a raíz de la investigación por la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, no hacen sino cuestionar el papel que desempeñan las fuerzas armadas en labores que no les corresponden y que ni siquiera cuentan con un marco legal adecuado para su intervención.

 La militarización es visible en municipios de Jalisco y Michoacán. Tropas militares sobrevuelan la zona y patrullan calles, carreteras y brechas, y plantan retenes. Los habitantes de los municipios de la frontera entre Jalisco y Michoacán viven en la zozobra, temen enfrentamientos entre cárteles de la droga y fuerzas armadas federales. Los familiares de los caídos buscan los cuerpos de sus seres queridos sin que obtengan información oficial sobre su paradero.

 Más de once mil efectivos militares han sido desplegados en Jalisco para intentar detener a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los muertos en los operativos militares se acumulan por decenas. El número de víctimas fatales superaba la centena hasta el viernes pasado. La sicosis se extiende por los municipios de Villa Purificación, Casimiro Castillo, La Huerta, Cuautitlán de García Barragán.

 Tanquetas, camiones pesados repletos de soldados, camionetas con metralletas empotradas en las cajas, sobrevuelo de helicópteros, muestran una zona en “estado de guerra”. Pero la inseguridad crece, los cárteles se vuelven más poderosos, y la población se encuentra entre dos fuegos. La violencia se extiende y la estrategia militar oficial actúa como gasolina y la prende.

 Las matanzas se acumulan, como la del pasado viernes, en el municipio de Tanhuato, Michoacán, que dejó como saldo 42 civiles y un federal muertos. Es la matanza más grande que se recuerde en la historia de Michoacán, desde la Guerra Cristera. Los mandos castrenses están preocupados sólo por dejar claro que no hubo una sola ejecución, como se ha divulgado en investigaciones periodísticas independientes, en las que han declarado testigos que han pedido el anonimato ante los riesgos de la represalia militar.

 Al igual que en el caso de la matanza de Tlatlaya, el comisionado nacional de la Policía Federal (PF), Enrique Galindo Ceballos, ha salido a los medios de comunicación a declarar que no hubo una sola ejecución en el enfrentamiento contra presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación el pasado viernes, en el municipio de Tanhuato, Michoacán. Aclaró que el grupo criminal que se escondía en el rancho El Sol era de entre 60 o 70 personas, pero algunos lograron huir. Destaca que hubo detenidos y decomiso de armas.

Pero familiares de los presuntos delincuentes muertos han calificado de “masacre” lo ocurrido en el rancho y cuestionan la versión oficial, a partir de la desproporción entre el número de muertos entre uno y otro bando, y el hecho de que algunos cuerpos quedaron “irreconocibles”. El hecho recuerda el del pasado mes de junio, cuando 22 presuntos delincuentes murieron después de un tiroteo contra el Ejército en la localidad de Tlatlaya, en el Estado de México. La primera versión oficial aseguraba que se había tratado de un enfrentamiento, pero investigaciones periodísticas dejaron al descubierto que varios habían sido asesinados por los soldados cuando ya se habían rendido. Siete militares están bajo proceso por al menos ocho muertes.

 El presunto enfrentamiento ocurrió en la “franja de los narcos”, que comprende varios municipios como Zamora, Ecuandureo, Yurécuaro y Tanhuato, en donde son frecuentes los combates entre grupos del crimen organizado. Desde la organización de “Los Zetas” hasta el “Cártel Jalisco Nueva Generación” (CJNG), el municipio de Tanhuato ha servido como refugio de integrantes del crimen organizado que operan en Michoacán. Hoy es un territorio en disputa.

 Fresca en la memoria también está la matanza del pasado 6 de enero en Apatzingán, Michoacán, donde murieron al menos 16 civiles. En ella participaron policías federales y efectivos militares, de acuerdo a partes oficiales. En una clásica operación de pinza, policías y militares dispararon a un plantón de 70 rurales y autodefensas que, armados sólo con palos, pernoctaban en el sitio. Fueron detenidas 44 personas y se aseguraron 13 armas largas, seis armas cortas y una granada de fragmentación, además de 18 vehículos.

 Investigaciones periodísticas revelan que, de acuerdo con múltiples testigos, los policías federales dispararon contra civiles desarmados en dos eventos: el primero a las 02:30 horas en la plaza central de Apatzingán, y el segundo a las 07:45 horas en la avenida Constitución de esa ciudad. En ambos hechos, fueron ejecutados un número indeterminado de civiles desarmados.

 A pesar del despliegue militar, de la ocupación por la fuerza de vastas zonas en varias entidades de la República, de los abusos y hasta de los crímenes de lesa humanidad, la violencia no cede, los índices delictivos no bajan y los cárteles de la droga siguen operando, reconfigurándose al caer sus líderes.

 ELECCIÓN EN RIESGO

 Otra gran crisis en proceso es la electoral. El crimen organizado ha puesto en riesgo la elección en al menos siete entidades: Guerrero, Jalisco y Tamaulipas, en un primer frente, y Michoacán, Nuevo León, Veracruz y el Estado de México. Ante los riesgos, se han desplazado a esos estados más de 12 mil efectivos militares, marinos, policías federales, del Cisen y la PGR, para salvaguardar la elección, quienes se coordinan con autoridades estatales.

 La actividad del “Cártel Jalisco Nueva Generación” tiene en jaque la elección en Jalisco y Michoacán; la movilidad del “Cártel del Golfo” pone en peligro los comicios en Tamaulipas y Nuevo León; las movilizaciones de la CETEG han puesto en jaque los comicios en Guerrero, donde se resiente también actividad del crimen organizado contra candidatos a cargos de elección popular.

 Los focos rojos para la elección, detectados por el Instituto Nacional Electoral (INE), se han duplicado en estos comicios en comparación con los de hace tres y seis años. En 2009, se reportaron 6 mil 376 secciones de atención especial; en 2012, se registraron 9 mil 972 y para estos comicios se tienen contabilizadas 12 mil 57. El aumento de estas secciones electorales “que presentan una dificultad extrema”, para desarrollar las actividades de capacitación e integración de las mesas directivas de casilla, destaca en zonas de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León y Jalisco.

 El PAN, a través de su dirigente nacional, Gustavo Madero, ha pedido al gobierno federal atender con responsabilidad los “focos rojos” prendidos en Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Veracruz. Pero para el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, “el país no está en llamas, no está incendiado”, y sostiene que la autoridad no está rebasada por los casos de violencia.

 Este proceso democrático no sólo está en riesgo por la violencia y el crimen organizado, sino por la pobreza intelectual de los participantes. Las campañas no destacan por las propuestas de los aspirantes a cargos de elección popular, sino por la difusión de ataques y acusaciones, que trivializan la política y causan daño a adversarios. Las campañas se hacen a través de acusaciones desde la renta de aeronaves, hasta la adquisición de casas y terrenos que no fueron declarados para el conocimiento de la opinión pública; deudas pendientes que se dejaron en cargos públicos anteriores, llamadas telefónicas intervenidas, viajes ostentosos de familiares, acusaciones de enriquecimiento inexplicable.

En Sonora, la candidata del PRI, Claudia Pavlovich, y el panista Javier Gándara Magaña se exhiben por viajar en aeronaves privadas, por las propiedades que tienen y por presunto tráfico de influencias e incluso por pedir recursos del erario federal para hacer campaña; en Nuevo León, a la candidata del PRI, Ivonne Alvarez, le hacen público un audio donde se ve envuelta en una polémica de desvío de recursos cuando fue alcaldesa del municipio de Guadalupe, mientras que a su adversario, Jaime Rodríguez, “El Bronco”, le exhiben terrenos sin declarar.

 A los candidatos panistas en Querétaro y Baja California Sur, Francisco Domínguez Servién y Carlos Mendoza Davis, respectivamente, les difunden un audio en donde aparentemente el primero se compromete a entregar al segundo “seis kilos” mensuales durante cinco meses, hasta el día de la elección. En Colima, al candidato del PRI, José Ignacio Peralta, lo acusan de pretender instalar, con el gobierno estatal, un sistema de espionaje contra el PAN.

 En Michoacán, la panista Luisa María Calderón acusa al candidato del PRD, Silvano Aureoles, de proteger a un familiar, a una mujer, quien presuntamente fue detenida con droga en un retén militar. Y en el Distrito Federal, al dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, le divulgan en redes sociales que sus hijas e hijo se dedican a viajar por el mundo con aparentes gastos ostentosos.

La guerra sucia ha exhibido ante la opinión pública la utilización de recursos del erario para aprovechamiento particular de los gobernantes. Un caso que ha resaltado en las últimas semanas es el del gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, y su familia, quienes aprovechando las ventajas de territorios como las Islas Caimán, ha triangulado a ese paraíso fiscal la ganancias de sus operaciones financieras.

 Tras la denuncia hecha por el diario “Reforma”, Luis Castro Obregón, presidente del Partido Anal, aseguró que se debe investigar a fondo al gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, y a su familia.

 Otro caso más es la forma como operan panistas en la capital de la República. En la Delegación Benito Juárez, encontraron la fórmula del bien común: beneficiarse entre ellos con negocios millonarios. De 2012 a la fecha, la administración de Jorge Romero entregó a empresas de colaboradores y familiares de Camilo Campo, hoy candidato del PAN a delegado de Cuajimalpa, contratos por más de 50 millones de pesos, según una investigación de un diario capitalino.

 El propio consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, se ha visto envuelto en esta guerra de lodo. Le difunden un audio en el que se mofa de comunidades indígenas en una conversación telefónica. El escándalo escala hasta las redes sociales en las que se le pide que presente su renuncia. Este domingo, los consejeros electorales cerraron filas en torno a Córdova Vianello, y repudiaron “los intentos deliberados que se han presentado recientemente para cuestionar y desacreditar en lo individual y lo colectivo a los miembros del consejo general”.

En tanto, indígenas de pueblos amuzgo, maya, mazahua, me´paa, nahua, purépecha, tlapaneco, triqui, yaqui, zoque, wixárika, ñañu, nashinanda y mixes, condenaron el “tono de mofa” del presidente del INE, Lorenzo Córdova, para referirse a la forma de vida de los pueblos originarios. Consideraron que las palabras del funcionario son discriminatorias y racistas, representan en el fondo y forma una violación a la dignidad de las personas indígenas en los ámbitos público y privado, de los derechos humanos individuales y colectivos.

 Señalaron que Córdova viola el derecho a la autonomía de los pueblos para determinar su forma de gobierno, organización y participación política, así como la Ley General de Derechos Lingüísticos, la ley federal contra la discriminación, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

DE LOS PASILLOS
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