Nuevo León, “parteaguas” electoralLilia Arellano
Estado de los ESTADOS
“Las promesas no son mentiras hasta que no se cumplen”.- Jorge Saldaña
Un fenómeno histórico está cuajándose en la elección para gobernador de Nuevo León: la partidocracia no es invencible y los ciudadanos pueden vencerla y gobernarse solos. A poco más de dos semanas de la elección, la intención del voto favorece al candidato independiente Jaime Rodríguez, quien semana tras semana ha ido creciendo en la intención del voto en la entidad y el miércoles pasado recibió la adhesión de su adversario del Movimiento Ciudadano, Fernando Elizondo. Según una encuesta del Grupo Reforma, Rodríguez ya se había despegado cinco puntos porcentuales en la intención del voto de su más cercana competidora, Ivonne Álvarez, de la alianza PRI-PVEM-Panal. El sondeo aún no incluye el efecto de la declinación de Elizondo hacia Rodríguez, por lo que la ventaja en la elección puede ser mayor.
El hecho es trascendente porque en México la democracia degeneró en partidocracia por efecto de la debilidad para gobernar que mostraron los regímenes del PAN, de Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes tuvieron que pactar con el PRI para lograr gobernar. Se cuajó así la partidocracia en México, en la que los que gobiernan al país son las cúpulas partidistas y no los ciudadanos, lo que se refleja desde la elaboración de leyes hasta la ejecución de programas y acciones de gobierno, que van encaminados no al beneficio de la población, sino de los clanes gobernantes, constituidos por unas cuantas familias.
Fox y Calderón terminaron pactando con Carlos Salinas, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, entre otros. Sin los jefes del PRI no podían gobernar. Los presidentes panistas traicionaron así a los electores que votaron por ellos. En el PRD, “los chuchos” vendieron a la izquierda. Obligaron la salida de Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas de sus filas. Pactaron con el poder presidencial para fortalecerlo y beneficiarse personalmente. El Partido Anal y el PVEM operan como meros satélites al servicio del mejor postor. No tiene ideología, sólo intereses. Su prioridad es salvar las canonjías.
La partidocracia mexicana es una oligarquía, es decir, el gobierno de una élite que busca su propio beneficio sin considerar el del país ni el de la población. Su meta es la obtención del poder por el poder, cueste lo que cueste, y la obtención también de grandes riquezas para sus integrantes. Dentro de este sistema político de élites, los gobernantes se han ocupado más de ellos mismos y sus partidos que de sus electores. Estos grupos gobernantes no son, ni de lejos, los más preparados ni los más honrados, como lo hemos visto en infinidad de ocasiones. Sin embargo, pese a sus fechorías cuentan a su favor con el imperio de la impunidad que les otorgan sus relaciones políticas y la complicidad de sus propios adversarios políticos.
México resiente una partidocracia, es decir, una democracia fallida, con el abuso de poder como sello. Actualmente, el aparato del Estado está soportado por el Pacto Por México, es decir en acuerdos partidocráticos, que se dan entre el gobierno de la República, a través del PRI, con el PAN y el PRD. En el país, sólo tres partidos toman las decisiones del rumbo nacional y reciben millones de pesos de recursos públicos. Incluso los órganos autónomos que toman decisiones políticas, económicas, judiciales y donde hay poder y, sobre todo, dinero, se convirtió en botín de los políticos.
Hoy todo es cuotas partidistas. Incluso el INE, que fue totalmente partidizado desde su conformación en el Congreso. Hasta la designación de embajadores se ha partidizado, pues éstos tienen que pasar por el filtro en el Senado. Lo mismo se da en la integración del Ifecom (Instituto de Telecomunicaciones), la Comisión Federal de Competencia y hasta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con lo que este órgano colegiado deja de ser parte fundamental del equilibrio de poderes al convertirse en apéndice del gobierno y de los partidos políticos.
Este esquema puede romperse a partir de Nuevo León. La elección del gobernador puede representar un parteaguas histórico para el país, pues rompería todo un esquema que ha beneficiado a las cúpulas partidistas de las tres principales fuerzas políticas. El propio Jaime Rodríguez ha señalado que busca cambiar el actual sistema partidista. Insiste en que en condición de candidato ciudadano, al llegar al gobierno estatal, no tendrá las manos atadas ni se verá comprometido a rendir cuentas a ningún partido político, por lo que no tendrá “cuates a quien premiar”.
Es digno de mencionarse el esfuerzo de los ciudadanos neoleoneses por sacar adelante la candidatura de Jaime Rodríguez, aunque ex priísta, alejado de cualquier sello partidista. Puede ser el inicio de cortar el yugo que significa la obligación de buscar siglas prestadas para poder postularse a un cargo de elección popular. Sería llevar a la práctica el derecho constitucional de cada mexicano de votar y ser votado, sin exigir que bajo su postulación tengan por obligación que recurrir a algún partido.
Son dignas de mencionar las condiciones en que se da la declinación de Fernando Elizondo a favor de Jaime Rodríguez. De ganar el independiente el próximo 7 de junio, el ex panista y abanderado de Movimiento Ciudadano se integraría al gobierno de Rodríguez en una responsabilidad equivalente a jefe de gabinete, pero sin recibir remuneración ni ser subordinado. Dentro de esa labor fungiría como consejero en finanzas, administración y políticas públicas y como responsable del enlace con la sociedad civil.
A Jaime Rodríguez también se le unieron ya el ex panista Fernando Canales Stelzar, hijo del ex gobernador panista Fernando Canales, y el empresario Fernando Turner, quienes apoyaron la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2012, mismos que se sumarán al proyecto independiente en las áreas de gobierno y finanzas. Elizondo y Rodríguez asumieron el compromiso de establecer la revocación del mandato de medio término o someterse a una consulta ciudadana en 2018, en caso de que ésta no sea aprobada por el Congreso local. También a integrar un gobierno que trabaje en alianza con la sociedad, formar un gabinete con las mejores propuestas ciudadanas, promover una ley de participación ciudadana e integrar órganos autónomos anticorrupción encabezados por titulares propuestos por la sociedad civil.
Lo cierto es que después de tres sexenios, la ciudadanía muestra un hartazgo por la partidocracia, es decir ese pequeño grupo de jefes supremos de los partidos políticos que hacen acuerdos por encima de sus ideologías y principios, para preservar el poder y la manga ancha para que cada quien actúe por la libre, disponiendo de presupuestos, vidas y voluntades.
MILITARIZACIÓN
“Regresar a los soldados a los cuarteles” sólo fue una frase propagandística utilizada en la campaña de Enrique Peña Nieto para alcanzar el voto de los ciudadanos. Su proyecto de gobierno va en sentido contrario, tiende a que la militarización del país se mantenga y se refuerce ante el potencial de ingobernabilidad que va gestando su fallida administración.
La cada día mayor dependencia de Estados Unidos, económica y política, y la inserción de México en el esquema del Proyecto Hemisférico, profundizan esa tendencia. Las fuerzas armadas de México se usan cada vez más como garantes del orden, aunque conduzcan a la corrupción y descomposición de la institución, particularmente por su cercanía a los grupos de la delincuencia organizada que controlan el boyante negocio del narcotráfico. También dispara la violación de derechos humanos al estar a cargo de acciones represivas.
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