Violencia contra votos
Lilia Arellano
Estado de los ESTADOS
Ciudadanos, entre crimen y promesas
Partidos exigen garantizar seguridad
Fepade espera una complicada jornada
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OHL, mucho más lodo y de altos vuelos
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La elección del próximo 7 de junio será complicada. Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Jalisco, Tamaulipas y Nuevo León presentan focos rojos importantes que pueden degenerar en violencia y que podría derivar en la deslegitimación del proceso electoral, o en la anulación de algunas elecciones locales. Las actividades proselitistas ya se han manchado de sangre. Registros periodísticos dan cuenta de más de 70 incidentes violentos, entre ejecuciones, levantones, amenazas y agresiones contra políticos y candidatos. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) espera una intensa jornada en los próximos comicios en los que se elegirá a nueve gobernadores, ayuntamientos, diputados locales y federales.
A pesar de que las campañas arrojan un saldo de 19 políticos ejecutados en 9 entidades, entre ellos aspirantes o candidatos a cargos públicos, dirigentes partidistas, operadores y promotores del voto, así como simpatizantes, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, sostiene que a pesar de la situación de criminalidad que se vive en algunas entidades del país, no perciben que haya un intento de desestabilización por parte del crimen organizado. No obstante, se han hecho preparativos para blindar las más de seis mil secciones de atención especial incluyendo las que pueden presentar alguna complicación.
No obstante, los dirigentes de los partidos políticos nacionales han exigido a las autoridades federales y electorales garantizar la seguridad de las próximas elecciones. Para operar la estrategia de Despliegue Electoral, a fin de atender las demandas ciudadanas en materia penal electoral, un total de 71 agentes del Ministerio Público Federal (MPF) de esa fiscalía atenderán las denuncias antes, durante y después del 7 de junio. De igual manera, están listos 71 agentes del MPF de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) y 40 integrantes del personal administrativo de la Fepade.
En cada entidad serán desplegados cinco agentes del MPF, otros cinco de la SCRPPA y un administrativo. Michoacán y Guerrero, donde diversos grupos se han pronunciado contra la realización del proceso, serán las entidades con mayor presencia ministerial. Para el caso de Guerrero, de acuerdo con las autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE), las zonas de conflicto se concentran en dos regiones, Tixtla y Tlapa.
De acuerdo con el propio gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega, las zonas más riesgosas del estado son Chilapa, Teloloapan, San Miguel Totolapan y Arcelia. El mandatario aceptó que la entidad se convirtió en espacio de disputa territorial entre bandas delincuenciales, fundamentalmente vinculadas al narcotráfico. Cabe destacar que recientemente, los pobladores de Chilapa denunciaron la desaparición de 30 personas después de la entrada de una presunta policía comunitaria a su territorio, por lo que las fuerzas federales llegaron al municipio para apoyar en las labores de seguridad. Además, a principios de mayo, el candidato del PRI a la alcaldía de Chilapa fue asesinado por un grupo armado. Guerrero acumula el mayor número de ejecuciones con siete, incluyendo la decapitación de Aidé Nava, precandidata del PRD a la alcaldía de Ahuacuotzingo, y la ejecución de Ulises Fabián, abanderado del PRI al gobierno de Chilapa.
Muchos guerrerenses opinan que las elecciones no deberían realizarse en la entidad, dada la presencia del crimen organizado en la entidad, los conflictos sociales y la operación de grupos armados en las comunidades. Lacerante es el recuerdo del secuestro de 43 normalistas de Ayotzinapa y el conflicto magisterial. En Chilpancingo y Acapulco hay intenso activismo social con el llamado magisterial a no salir a votar, que se sumó al de los padres de los 43 normalistas.
La dirigencia nacional del PRD, que encabeza Carlos Navarrete, demandó a las autoridades federales, estatales y electorales tomar previsiones para evitar que “un grupo minoritario, antidemocrático y radical” impida desarrollar las elecciones del 7 de junio en algunas regiones de Guerrero, donde la izquierda concentra su voto duro. El ex presidente nacional del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, manifestó que las autoridades federales y locales están obligadas a garantizar el voto libre y tranquilo de los ciudadanos. También destacó que la advertencia de la CETEG de sabotear los comicios no ha generado ningún tipo de posicionamiento por parte del PRI en la entidad, lo cual le hace sospechar que “casualmente” en donde se dice que van a impedir las elecciones son municipios en los que el Sol Azteca tiene altas preferencias electorales.
En Oaxaca está en riesgo la instalación de 21 por ciento de casillas ante las amenazas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), advirtió el Instituto Nacional Electoral (INE). El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, precisó que del total de casillas que serán instaladas en esa entidad, alrededor de 21 por ciento están ubicadas en escuelas, por lo que se ha establecido una estrategia para que en caso de que la CNTE impida su instalación, éstas puedan ser reubicadas.
Michoacán presenta riesgos para las elecciones por la presencia de las autodefensas en Apatzingán, Múgica y Buenavista Tomatlán. Por la actividad del crimen organizado en la zona de Tierra Caliente, la Policía Federal no descarta que surjan nuevas autodefensas. En Morelia, hay una fuerte presencia de grupos sociales y estudiantiles, especialmente de la Escuela Normal Rural de Tiripetío, quienes exigen la aparición de sus 43 compañeros normalistas secuestrados, y difícilmente permitirán las elecciones hasta que se cumpla dicha demanda. El asesinato de Enrique Hernández Salcedo, candidato de Morena a la alcaldía de Yurécuaro y Héctor López Cruz, prendió los focos rojos en la entidad.
En Jalisco, donde recientemente hubo hechos de violencia, habrá cuatro agentes del MPF, dos por cada una de las fiscalías, y un administrativo. La irrupción violenta del Cártel Jalisco Nueva Generación ha provocado una crisis de seguridad en la entidad que puede convertirse en un factor decisivo en las elecciones próximas. El narco ha desafiado a las autoridades con las emboscadas a 15 policías estatales, que murieron cerca del municipio de San Sebastián Oeste. El pasado 1 de mayo se registraron 39 narcobloqueos en 25 municipios de la entidad, que dejaron un saldo de 15 personas muertas y 19 detenidos. El proceso electoral se ha enturbiado por la muerte de aspirantes a cargos de elección popular y por las denuncias presentadas por la intervención del padre del mandatario estatal en la elección.
En Nuevo León, donde se elegirá gobernador, habrá tres agentes del MPF, uno de la SCRPPA y uno de personal administrativo. Los neoleoneses han tenido que lidiar con la violencia, altísimos números de secuestros, robo de autos y delincuencia organizada. Hay enojo generalizado por la crisis, el desempleo y la violencia que se acentuó en los primeros años del gobierno estatal encabezado por el PRI. La elección en esta entidad será emblemática. La encuesta más reciente sobre las preferencias electorales rumbo a las elecciones a gobernador puso como líder al candidato independiente, Jaime Rodríguez, “El Bronco”. Pero aún no hay algo escrito. Priístas y panistas parecen unir esfuerzos para impedir que el candidato independiente gane la elección, lo que pondría en riesgo la actual partidocracia que predomina en el país.
La elección en Tamaulipas también está considerada de alto riesgo. En los municipios de Reynosa, Matamoros, Tampico, Nuevo Laredo, El Mante y San Fernando hay una presencia brutal del crimen organizado. Las principales fuerzas criminales son el Cártel del Golfo y Los Zetas. En esta entidad son varios los municipios donde existen problemas, sobre todo porque son zonas controladas por el Cártel del Golfo, y otras en las que tienen control los remanentes del grupo Los Zetas. Los grupos criminales influyen en las elecciones amedrentando o asesinando candidatos, secuestrando equipos de campaña, persiguiendo a encuestadores, etc.
El último de los hechos violentos registrados en Tamaulipas se verificó apenas el jueves por la tarde: civiles armados atacaron a Mario de la Garza Garza, presidente municipal de San Fernando, durante una gira de trabajo por el ejido El Norteño. Afortunadamente, tanto el alcalde como sus acompañantes resultaron ilesos.
Dentro de este marco de violencia que ha caracterizado el actual proceso electoral, el dirigente nacional del PRI, César Camacho, exigió la intervención de las autoridades para esclarecer las agresiones y atentados contra candidatos y hacer justicia con el castigo correspondiente.
Será en el Distrito Federal donde se coordinará y concentrará toda la información y es donde mayor presencia de personal de la Fepade habrá, con 12 agentes del MPF, cinco de la SCRPPA y nueve de personal administrativo. El país vive momentos de incertidumbre política, económica y social, por lo tanto las próximas elecciones serán el parámetro para saber qué podrían esperar los ciudadanos en lo que falta de la actual administración a cargo de Enrique Peña Nieto.
Más de 300 académicos e investigadores que pertenecen al Consejo Nacional de Universitarios (CNU), consideraron que las elecciones en puerta van a terminar con más decepciones que expectativas halagüeñas de solución a los problemas nacionales. Los académicos firmantes del texto titulado “¡Reconstruyamos nuestra nación!” pertenecen a 38 instituciones de educación superior públicas y privadas, como la UNAM, el IPN, el Colmex, la Ibero, el Tec de Monterrey y la UAM. José Luis Calva, de la UNAM y quien coordinó esta labor, expresó que “no va a haber grandes cambios con estas elecciones y los problemas del país van a continuar igual o peor, porque vamos en una especie de tobogán”.
El diagnóstico presentado habla de los problemas del campo, de la recaudación fiscal (México recauda en impuestos 12 por ciento de su PIB, mientras Brasil recauda 36 %), del sistema educativo, con seis millones de analfabetas, la desigualdad, entre otros temas. Sostiene que “no sólo extraviamos el camino del desarrollo, sino también sufrimos un fuerte deterioro del bienestar de las mayorías nacionales”. Más de 30 millones de mexicanos cayeron en la pobreza. Concluye que “nos enfilamos hacia una grave pérdida de cohesión social, cuyas manifestaciones son cada vez más alarmantes”.
MÁS LODO DE OHL
Así como todos los triunfos tienen paternidades múltiples y las derrotas carecen de maternidades, lo que se sabe de corruptos y corruptores, de negocios entre privados y autoridades o arreglos políticos entre las altas jerarquías, también tiene fondo y cuando éste involucra los pesos y los centavos o como sucede en la actualidad los cientos y los miles de millones, se torna en comprensible que salgan a la luz con toda crudeza. Ahora que, el hecho de que existan fines para que se lleven a cabo denuncias públicas, mediáticas, no les resta ni un centímetro de ilegalidad aunque sí algunos arañazos económicos.
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