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INE: su contribución al desencanto
Humberto Musacchio
Como era de esperarse, hacer pública la grabación de una charla de Lorenzo Córdova ha suscitado un escándalo que agranda el desprestigio del Instituto Nacional Electoral, daña a su consejero presidente y empaña, más todavía, los próximos comicios, en tanto que deja a salvo, por lo menos hasta ahora, al vivales que se hace pasar por líder indígena, quien en su farsa estulta habla con verbos en infinitivo y una sintaxis teatral.
Para lavar su falta, Córdova se disculpó públicamente con quienes pudieron haberse sentido agredidos, lo que debió ser suficiente. Sin embargo, en un acto excesivo y no precisamente justificable, el consejero presidente recibió en su oficina a Mauricio Mata Soria, quien se presenta como “gran jefe de la comunidad chichimeca”, y a Hipólito García, presunto “jefe de la gubernatura”, a quienes nuevamente presentó sus excusas, pese a la más que dudosa representatividad de ambos sujetos.
Por otra parte, en lugar de asumir autocríticamente los hechos, el Consejo General del INE, por voz del propio Lorenzo Córdova, emitió un comunicado que no mejora la credibilidad del organismo. El texto se refiere a “los intentos deliberados que se han presentado recientemente para cuestionar y desacreditar en lo individual y en lo colectivo a los miembros del Consejo General”.
El documento, leído por Lorenzo Córdova, hacía referencia a “una serie de eventos” ocurrido en días pasados “que nos preocupan y alertan, porque evidencian que existe una premeditada intención de lastimar al INE y erosionar su credibilidad pública justo de cara a la realización de la elección y cuando estamos cumpliendo a fondos nuestras responsabilidades”.
Además de regalarse un elogio por algo más que dudoso (“estamos cumpliendo a fondo nuestras responsabilidades”), los señores consejeros, sin exhibir pruebas, afirman que existe “una premeditada intención” de dañar al INE, que bastante erosionada tiene ya su credibilidad, pues como todo mundo sabe, es una contrahecha criatura de los partidos, moldeada a su gusto y conveniencia para proteger a los mismos partidos, como ocurre con ese generador de prostitución política conocido como PVEM, al que el consejo general se niega a retirarle el registro, que es precisamente lo que en su caso dispone la ley, o a contener usos y abusos del PRD en la ciudad de México, donde sus porros amenazan, golpean, sabotean mítines, destruyen propaganda y continúan impertérritos regalando televisores, lavadoras, cemento y, entre muchas cosas más, dinero en efectivo, mientras retienen credenciales de elector sin más finalidad que garantizar la emisión de los votos comprados con dinero público.
Abundan las denuncias del PAN, de Morena y hasta del PRI, que hace lo mismo a escala nacional, pero ni el Instituto Electoral del Distrito Federal ni el INE o el Tribunal Electoral parecen inquietarse ante las continuas y reiteradas violaciones a la ley. La abúlica actitud de los órganos electorales no es casual ni mucho menos gratuita. Es la esperable cuando los consejeros y los magistrados son impuestos por uno o varios partidos a los que deben el cargo y han de rendir cuentas.
Pero hay otras muy poderosas razones para que los más altos funcionarios electorales opten por nadar de muertito, por ejemplo, el hecho de que cada consejero perciba de sueldo un cuarto de millón de pesos al mes o que el director ejecutivo con 206 mil pesos y el secretario particular del consejero presidente con 197 mil ganen más que algunos gobernadores. Los consejeros del INE, tienen, pues, buenas razones para cerrar filas.
Más felices que los anteriores son los magistrados del Tribunal Electoral de la Federación, quienes ganan, cada uno, 563 mil pesos de sueldo, más vehículos, choferes, gastos de representación, y otros ingresos propios de los altos cargos, lo que hace palidecer los 160 mil pesos que “gana” un diputado o los 227 mil de un senador. Lo más escandaloso es que un magistrado del Tribunal Electoral o un ministro de la Suprema Corte ganen más que el Presidente de la República, que recibe 357 mil.
Como puede verse, el problema mayor no es el lenguaje cordovés, sino los incalificables abusos de la burocracia dorada en este país de pobres.
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