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El INE ante el desafío del Partido Verde
El Verde, en tanto, como ocurre en otros ámbitos de la vida nacional, mantuvo sus prácticas ilegales en materia electoral ante la falta de sanciones ejemplares. La impunidad, pues, le dio la llave para, una y otra vez, pasarse por el arco del triunfo los señalamientos del INE e incluso las multas millonarias que ya rebasan por mucho su asignación de recursos para este año: 335 millones 179 mil 346.79 pesos.
El pasado 29 de abril, especialistas electorales, politólogos y ciudadanos presentaron ante la Oficialía de Partes del Instituto Nacional Electoral una petición formal para que le quiten el registro al Partido Verde Ecologista de México por la sistemática violación a la legislación electoral y a la equidad en la contienda.
El ex Consejero del ahora extinto Instituto Federal Electoral (IFE), Alfredo Figueroa Fernández, dijo que existe un atentado a la contienda, ya que se han estimado 800 millones de pesos en la campaña ilegal del Verde. ”Estaríamos hablando de un monto implicado, debo decirlo ya con claridad, mayor al que se implicó en el asunto del Pemexgate”, expuso.
Figueroa Fernández, junto con otros ciudadanos, entregó la petición #QuitenRegistroAlVerde, que circuló en la plataforma Change.org con cerca de 140 mil firmas. Sin embargo, ese número se ha incrementado en los últimos días, y hasta el viernes pasado rebasaba ya las 150 firmas de ciudadanos.
Los usuarios de esta plataforma en Internet llaman a las autoridades electorales a no ser omisos ante la serie de irregularidades que ha cometido el PVEM durante la actual proceso electoral.
“Les solicitamos que, antes de que se celebre la jornada electoral del 7 de junio y con todos los elementos a su alcance vinculados a la equidad de la contienda, determinen por la vía más eficaz: La pérdida y/o cancelación del registro al Partido Verde Ecologista de México por el conjunto y magnitud de violaciones graves, sistemáticas y reiteradas cometidas en contra de la Constitución y de las Leyes en materia electoral en el marco de los comicios de 2015”, dice la petición que firman los especialistas.
Sin embargo, la Unidad Técnica de lo Contencioso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) afirmó que atendería el caso como un “Procedimiento Sancionador Ordinario (POS), cuando no hay ningún elemento de la petición que sugiera la presentación de una Queja y sin que sepamos cómo ha llegado (impulso procesal) a esa oficina una petición que no le formulamos sino a las y los integrantes del Consejo General con derecho a voto”.
El 9 de mayo pasado, los peticionarios impugnaron la respuesta porque una posible consecuencia de esa vía es “que se argumente que los hechos ya han sido juzgados y no es posible volver a sancionar por esas mismas conductas. Por eso nuestra petición es que se analice la sistematicidad del conjunto de hechos contra la equidad y la autenticidad de las elecciones”.
“Queremos que se respete nuestro derecho de petición y no se pretenda dar ‘carpetazo’ a la petición de más de 140 mil ciudadanos”, plantearon.
También acusaron que el INE ha puesto obstáculos burocráticos absurdos, como el requerimiento –hasta el momento– de 13 USB con el contenido de las firmas electrónicas recabadas en la plataforma Change.org.
El jueves pasado, y ante la presión de la ciudadanía y de medios independientes, el Instituto Nacional Electoral inició un procedimiento ordinario sancionador sobre la petición para quitarle el registro al Partido Verde.
El Consejero Enrique Andrade González dijo que “jurídicamente lo que prosiguió fue iniciar un procedimiento ordinario sancionador porque en la Ley, si bien está prevista esta sanción de pérdida de registro de un partido político, no está previsto cuál es el procedimiento que se debe seguir para llegar a esa sanción”.
Además expuso que el proceso iniciará con el fin de que el Partido Verde pueda presentar todas las pruebas necesarias para su defensa. La Unidad de lo Contencioso Administrativo presentará una propuesta a la Comisión de Quejas y Denuncias que será la que determinará en una sesión posterior, “si por lo que se denuncia y con las pruebas supervinientes (que presentó el PVEM)”, se puede dar paso o no a la petición de pérdida de registro del partido político.
Luego, el Consejo General del INE en sesión discutirá y en su caso, aprobará, modificará o ratificará la decisión que adoptó la Comisión de Quejas y Denuncias de ese Instituto, donde la presidenta de dicha Comisión, Beatriz Galindo Centeno, y la Consejera Adriana Favela Herrera, señaladas por su cercanía con el PRI, protegieron al Partido Verde e impidieron que la solicitud de los ciudadanos fuera votada en el pleno del Consejo General.
Así las cosas, en los próximos días el INE se juega con este caso, que dejó crecer como una bola de nieve, su ya de por sí escasa credibilidad de cara a los comicios del próximo 7 de junio, ante una ciudadanía harta del abuso de los partidos políticos, de sus intereses de grupo y de sus representantes prepotentes y corruptos, y siempre indiferentes a las exigencias ciudadanas.
(SINEMBARGO.MX)
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