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Sobornos en San Lázaro
MEXICO, D.F., 2 de marzo (SinEmbargo).– El Senador panista Javier Corral Jurado acusó que en el Congreso se manejan grandes cantidades de dinero y se pagan compensaciones a los legisladores por votar determinadas leyes o ratificar los nombramientos propuestos por el Presidente Enrique Peña Nieto.
“El Congreso se maneja con dinero; además de la dieta que tenemos los legisladores. Los legisladores recibimos una serie de arremadijos que van haciendo una bolsa impresionante de recursos”.
“Incluso se llegan a ganar compensaciones por voto, recibe uno en sus cuentas bancarias, después se las tienen que andar descargando. ‘Oye, yo no voté la energética, yo voté en contra’. ‘Ah, pues te lo quitamos’. ‘Perfecto’. Porque hasta a mí me andaban sumando una compensación por votar reforma energética, pues ¿qué es eso?”, dijo el Senador al participar en las audiencias públicas sobre la Ley General de Transparencia.
En su discurso añadió que el Congreso debe rendir cuentas sobre el uso de recursos públicos, porque en ambas cámaras más de dos terceras partes de los recursos que manejan se hacen en completa opacidad.
Detalló que las Cámaras manejan recursos por 13 mil 398.3 millones de pesos; “al Senado le corresponden 4 mil 19.1 millones de pesos, de los cuales sólo se conoce de manera genérica cómo gasta el 34 por ciento y en el caso de la Cámara de Diputados, de los 7 mil 399 millones de pesos, sólo informa cómo ejerce el 26 por ciento”.
Este día, representantes de organizaciones de la sociedad civil demandaron al Senado no ceder a la presión de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República para modificar el proyecto original por el que se creará la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.
Asimismo, la directora ejecutiva de Fundar reprochó la ausencia del consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, durante la primera jornada de las audiencias públicas convocadas por comisiones del Senado. Recalcó que su presencia era fundamental para conocer su punto de vista para modificar el texto acordado el pasado 2 de diciembre en la propia Cámara Alta.
En el primer día de las audiencias públicas, ciudadanos organizados rechazaron las más de 80 modificaciones que pretende imponer el consejero jurídico, las cuales calificaron como un intento de frenar el derecho al acceso a la información pública.
Los especialistas consideraron como una “amenaza” la visión de la Presidencia que pretende debilitar toda la arquitectura legal que hace válido el derecho al acceso a la información en México.
Indicaron que los cambios propuestos buscan limitar la posibilidad de los órganos garantes, como el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), de ejercer un verdadero contrapeso al definir sanciones especiales para sus funcionarios públicos.
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