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Desinterés
MEXICO, D.F., 13 de marzo (SinEmbargo).– Organizaciones de defensa a los Derechos Humanos expresaron su rechazo a las reacciones del Gobierno de México que descalifican el Informe del Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Méndez, y dijeron que “desconocer las recomendaciones de organismos internacionales de Derechos Humanos se está convirtiendo en una práctica recurrente del Gobierno”.
“Las reacciones de altos funcionarios hacia el informe del Relator expresan una actitud de desinterés”, refiere el comunicado firmado por 13 organizaciones, entre las que se encuentran Amnistía Internacional, Asilegal, el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, entre otras.
El pasado 9 de marzo, el Relator de la ONU dio a conocer las conclusiones en el tema de tortura en México. Dijo que esta práctica es generaliza y ocurre en un contexto de impunidad, lo que es un aliciente para su repetición y agravamiento.
“La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la Justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad”, indicó el primer párrafo de las conclusiones del informe de Méndez sobre México.
Horas más tarde, el Gobierno mexicano negó que en el país la tortura sea “generalizada”.
Primero, el embajador de México ante la ONU en Ginebra, Jorge Lomónaco, aseguró con oportunidad que la afirmación de que la tortura es generalizada es una falacia. “No puedo más que reiterar que no podemos compartir la observación de que la tortura es generalizada en el país, porque no corresponde con la realidad”, sostuvo Lomónaco.
Después, el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, señaló que había mucha información que hacía referencia a esta práctica, “pero solamente nos ha aportado información de 14 casos”, detalló el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Los organismos firmantes aseguraron que desconocer la evaluación sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones internacionales, no es nueva.
“El Gobierno mexicano lo ha convertido en una práctica común que intenta minimizar el alcance y contenido de las recomendaciones de los órganos internacionales de protección de derechos humanos, deslegitimando sin fundamento suficiente la veracidad de la información que los sustenta”, refiere el texto.
Añaden que la reacción del Gobierno es una clara contradicción con el discurso de cooperación y apertura con los órganos de vigilancia de derechos humanos que el Estado mexicano dice tener.
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