Privatizarán el agua
Lilia ArellanoEstado de los ESTADOS
Favorecen a Grupo Higa, acusa oposición
Científicos y académicos atacan proyecto
ONG critica complicidad de legisladores
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“Lo único superior a lo absurdo de nuevos políticos, es su evidente incapacidad para mentir y hacerlo bien”.- Jorge Saldaña
En México, en pleno Siglo XXI, más de 9 millones de mexicanos carecen del servicio de agua entubada y 13 millones que habitan en zonas rurales y urbanas reciben el líquido con ciertos grados de contaminación. Esta compleja problemática no será resuelta por la llamada “Ley Conagua”, avalada el pasado miércoles en comisiones de la Cámara de Diputados, presentada el jueves para su publicidad ante el Pleno, y que se prevé sea discutida el próximo martes. Lo que hace la probación de la Ley General de Aguas es abrir a la iniciativa privada el proceso de extracción, conducción, infraestructura y prestación de servicios de agua potable, así como su cobro al usuario final.
Tiene un claro enfoque mercantilista, va en detrimento del derecho humano al agua potable, plasmado en la reforma constitucional del 2012, legaliza la contaminación del recurso, intensifica los conflictos ambientales, elimina la participación ciudadana y criminaliza la investigación científica. Va encaminada a favorecer, entre otros, al Grupo Higa, la empresa de Juan Armando Hinojosa Cantú, que se ha visto beneficiada en múltiples ocasiones con contratos para construir obra del Gobierno federal, por lo que 10 diputados del PRD y Morena abandonaron esta semana el salón de las comisiones unidas y adelantaron que votarán contra el proyecto en cuanto se presente al Pleno de la Cámara de Diputados.
A pesar de lo anterior, los diputados integrantes de las comisiones unidas de Recursos Hidráulicos y Agua Potable y Alcantarillado demostraron su ignorancia e incompetencia o, en su caso, complicidad, al avalar 31 legisladores del PRI, PAN y PVEM un dictamen externo no consensuado con las organizaciones de la sociedad civil, ni con investigadores y académicos.
El vicecoordinador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en San Lázaro, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, destacó que hasta hoy las constructoras pueden participar únicamente en la construcción de infraestructura destinada a realizar trasvases pero nunca en su operación. Es decir que el consorcio operador no puede disponer de las aguas que trasvasa, por lo que sus funciones se limitarían en la actualidad a fungir como operario de Conagua.
Grupo Higa, al ser operario de trasvases, califica para convertirse en concesionario de las aguas nacionales, mismas que podrá disponer hasta por un periodo de 30 años con derechos a prórroga por similar tiempo. Ladrón de Guevara, en amplia entrevista con “SinEmbargo”, explicó que “al contar con un título de concesión de uso industrial o mixto podrá destinar el agua trasvasada para venderla, o utilizarla ella misma, a las empresas que realizarán procesos de facturación hidráulica –que es el objetivo real del Acueducto Monterrey VI— o a su vez venderla a los Organismos Operadores de Agua pudiendo cambiar las veces que quiera su título de concesión entre los usos industrial y público urbano, so pretexto de satisfacer el derecho humano al agua”.
Añadió que si lo prefiere, Grupo Higa podrá vender a la propia Conagua el agua previamente concesionada como agua en bloque con un sobreprecio amparado por los criterios de eficiencia y sostenibilidad financiera y por su propia posición monopólica. El legislador de Morena sostuvo que este modelo de negocios que la Ley General de Aguas abre a los particulares podrá replicarse a lo largo y ancho del país por Grupo Higa o por cualquier otro grupo de empresas constructoras que ahora podrán participar como operadores de los trasvases que actualmente realiza la Conagua.
Por su parte, la diputada perredista Aleida Alavez, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, indicó que la propuesta elimina el ámbito de “por asignación”, el cual sólo aplicará para el suministro de agua potable y los sustituye por el de “concesión”, lo que implica que todo el proceso de gestión y administración del agua podrá privatizarse por la vía de la concesión. “Esta iniciativa pretende concesionar los trasvases a compañías privilegiadas del sexenio peñista, como Grupo Higa, en detrimento de los derechos preferentes de los pueblos y comunidades indígenas señalado en el artículo segundo constitucional, como el caso del pueblo Yaqui y el Acueducto Independencia”.
En este punto, Ladrón de Guevara subrayó que “los trasvases quedarán a cargo, en primer lugar de los agentes privados que al tratarse de concesionarios podrán disponer y acaparar el líquido durante 30 años con derecho a prórroga. Los requisitos para autorizar trasvases a realizar a cargo de privados no quedan establecidos en la Ley sino a criterio del Ejecutivo a través del reglamento”. El legislador de Morena consideró que los trasvases debieran ser utilizados únicamente bajo condiciones de excepción, como lo es una emergencia hídrica, particularmente para atender el abasto en situaciones de sequías prolongadas. No obstante, éstas se abren de forma indiscriminada a la iniciativa privada.
PRIVATIZACION
El proyecto de la Ley General de Aguas no toca al Artículo 27 constitucional, pero va encaminada a la privatización del vital liquido, pues permite la participación de la iniciativa privada mediante concesiones “para la explotación, uso o aprovechamiento de zonas federales y demás bienes públicos inherentes”, de acuerdo con su artículo 88 fracción tercera. Y el artículo 94 estipula que la concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales tendrá una vigencia mínima de cinco años y máxima de treinta, tiempo que podrá ser prorrogable hasta por otros 30 años.
Un aspecto muy importante de la iniciativa es la regulación del “trasvase”, definido como la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales trasladadas de una cuenca para ser utilizadas en una cuenca distinta con la que no haya conexión natural, lo que implica que la autorización a la que se sujeta tal actividad tiene por objeto permitir el traslado de las aguas nacionales y no la construcción de la obra.
A pesar de que la ley específica que en ningún caso el concesionario puede disponer del agua en volúmenes mayores a los autorizados por la Comisión, en caso de que se explote más agua, se deberá tramitar una nueva concesión. Pero también entrega la obligación a los propios concesionarios de instalar medidores para medir la cantidad de agua descargada. Por lo que toca a la creación de infraestructura, si bien la nueva ley plantea que la Federación, las entidades federativas y el Distrito Federal deberán fomentar el desarrollo de este tipo de infraestructura para garantizar el derecho humano al agua, señala que para alcanzar este objetivo, el Gobierno podrá celebrar con particulares contratos de obra pública y servicios con la modalidad de inversión recuperable.
También podrá “otorgar concesión total o parcial para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura hidráulica construida por el Gobierno Federal”, así como para “construir, equipar, operar y mantener la infraestructura hidráulica federal y para prestar los servicios asociados a ésta”.
La ignorancia o, en su caso, complicidad de los diputados federales pertenecientes a las comisiones de Agua Potable y Recursos Hidráulicos es evidente en el hecho de que el dictamen que se aprobó en esas comisiones no fue elaborado al 100 por ciento por ellos, a pesar que desde hace varios meses habían trabajado de la mano con organizaciones de la sociedad civil. No obstante, durante la madrugada del miércoles 5 de marzo, los diputados recibieron una propuesta de dictamen “a altas horas de la madrugada”, con la intención de no dar los cinco días que marca el reglamento para dar la oportunidad a los legisladores a leer el documento y presentar sus reservas.
Los diputados Socorro Ceseñas (PRD), Manuel Huerta y Gerardo Villanueva (Morena) objetaron que la aprobación del dictamen en comisiones no cumplió los requisitos mínimos que dicta la Ley Orgánica de la Cámara, entre éstos la obligación de las juntas directivas de las comisiones de presentar el proyecto a sus integrantes con al menos 48 horas de anticipación,
SE OPONEN ACADEMICOS
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