Más pobreza, más hambre y +marginación

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El agua: otro golpe contra la sociedad civil

La Asamblea General de la ONU reconoció en 2010, a través de la Resolución 64/292 –por cierto firmada por México– “el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que son esenciales para la realización de todos los derechos humanos”. Sin embargo, la privatización de este recurso ha ganado terreno especialmente en los países menos desarrollados, entre los que se encuentran los de América Latina. México ha estado acechado por esa amenaza desde 1983, cuando el entonces Presidente, el priísta Miguel de la Madrid Hurtado, impulsó cambios al Artículo 115 de la Constitución que descargaron sobre los municipios la responsabilidad del suministro del agua, con lo que también se trasladó las redes de infraestructura y de paso se les dejaron todos los problemas de gestión en décadas, lo que incluye fugas, redes obsoletas y en malas condiciones, y administraciones corruptas e irregulares, entre otros asuntos.

Luego, en 1992 y durante el gobierno del también priísta Carlos Salinas de Gortari, se aprobó una nueva Ley de Aguas Nacionales, con lo que esos municipios concesionaron el manejo de sus aguas a filiales de empresas transnacionales. En ninguno de los casos se ha logrado el objetivo central que los políticos argumentaron para privatizar el agua potable: bajar las tarifas; al contrario, en algunos de ellos el repunte en el costo ha sido de 100 o incluso 200 por ciento.

Es el caso de la compañía francesa Vivendi, que opera la distribución del vital líquido en el ayuntamiento de Aguascalientes; Gutsa y Suez, que lo hacen en las 16 delegaciones del Distrito Federal, y en el de Saltillo, donde el manejo del servicio de agua potable lo hace una empresa mixta en la que el municipio tiene 54 por ciento de las acciones y el resto Aguas de Barcelona, que es parte de la francesa Suez.

De acuerdo con el periodista y experto en temas ambientales Carmelo Ruiz Marrero, el municipio de Cancún o Benito Juárez, en Quintana Roo, es uno de los ejemplos más reveladores del fracaso de esas concesiones.

En Cancún, la primera compañía privada que administró el sistema de agua fue Azurix, una subsidiaria de Enron, aquella compañía estadounidense que tuvo una quiebra estrepitosa. Luego llegó Ondeo, que es subsidiaria de Suez y que, encima, financió la compra con todo y un préstamo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), esto es con dinero de los mexicanos.

Por si fuera poco y según Public Citizen, una Organización No Gubernamental (ONG) con sede en Estados Unidos, a estas alturas, en pleno 2015, “las inversiones comprometidas están todavía por realizarse y por tanto las aguas residuales son descargadas en el mar Caribe”.

Ahora, en esta tercera arremetida por el agua de todo el país, una mayoría que lidera el Partido Revolucionario Institucional (PRI) –al que también pertenece el actual Presidente Enrique Peña Nieto–, de la mano de diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aprobaron en comisiones el dictamen de una nueva Ley General de Aguas, que ahora sí pretende privatizar el suministro y construcción de infraestructura de agua en todo el país.

Además declara “de interés público” la participación de concesionarios y organismos privados que prestarán el servicio público y que regula el uso del líquido para la fractura hidráulica o fracking, una polémica actividad de exploración y extracción de hidrocarburos que se abrió en su totalidad con la aprobación de la Reforma Energética y que demanda grandes cantidades de agua para ser posible y rentable.

Y ya en una descarada movida –en un momento en que el gobierno atraviesa por una crisis de desconfianza histórica debido a sus relaciones e inclinación por dar contratos a empresas cercanas al Presidente y sus círculo más cercano–, la propuesta también ampara el poder hacer trasvases de una cuenca a otra, como ya ocurre con el proyecto Monterrey-VI (donde se lleva agua de Veracruz a la capital de Nuevo León) y que es una obra entregada por el Gobernador priísta Rodrigo Medina de la Cruz al polémico Grupo Higa.

Ayer, académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y grupos civiles rechazaron la iniciativa de la Ley General de Aguas, por considerar que se viola el derecho humano al agua, además de que “criminaliza la investigación científica, legaliza la contaminación del agua, intensifica conflictos ambientales y elimina la participación ciudadana”.

Además, diputados de oposición acusaron que el dictamen favorece a empresas particulares en detrimento del derecho humano plasmado en la reforma constitucional del 2012, entre ellas a Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú, que es una de las que, en múltiples ocasiones, ha sido beneficiada para construir obra del Gobierno federal y de gobiernos estatales. La ley cambia también el panorama de negocios y maximiza beneficios para constructoras como Grupo Higa, explicó el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, vicecoordinador de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en San Lázaro.

Por su parte, organizaciones de la sociedad civil afirmaron que esa legislación no garantizará el derecho al líquido a los grupos más vulnerables del país, a pesar de que en México casi 9 millones de personas carecen de acceso al agua potable (cinco millones de ellas en zonas rurales), y la iniciativa que propone el Ejecutivo federal y que respalda su partido, el PRI, “carece de mecanismos de garantía para los grupos étnicos, comunidades equiparables y personas en condiciones de pobreza, por lo que no debe ser aprobada en esos términos por el Congreso”.

Así entonces, el gobierno federal y los legisladores que lo apoyan se han comprobado otra gran pelea con la sociedad civil y que, seguramente, como ha pasado en fechas recientes, traspasará las fronteras pues contraviene no sólo la Constitución Mexicana sino también tratados internacionales firmados por México. Y todo porque este gobierno se ha empeñado en favorecer a las corporaciones, provocando aún más pobreza y marginación.

(SINEMBARGO.MX)