El PRI tiene miedo de perder el congreso

¡¡Exijamos lo Imposible!!
Colapso social

Lilia Arellano

Estado de los ESTADOS

Descrédito del gobierno federal
Golpe a la libertad de expresión
PRI cederá control del Congreso
Cocinan “zar” de desaparecidos

“En política se baja por honestidad y se sube por abyección”.- Jorge Saldaña

La situación del país es un desastre bajo el dominio total de una telecracia incrustada en una partidocracia cada vez más voraz. El equilibrio de poderes ha sido borrado de un plumazo. La subordinación del PAN, el PRD y el Congreso mismo al Presidente y la transformación del PVEM en un sector del PRI, son rasgos que dibujan la corrupción gubernamental desde su cúpula, donde es cada vez más poderosa e impune. El autoritarismo es la cara descarnada de nuestro régimen. La inseguridad campea, la economía se cae a pedazos, la confianza de la población en que las cosas mejoren es nula. México está llegando a un límite que no desembocará en un estallido social sino en algo tal vez más grave: un colapso social.

Las mentes más lúcidas del país coinciden en la gravedad de la corrupción gubernamental, en el descrédito del gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto, en su incapacidad para gobernar y resolver los problemas económicos, en lo peligroso de la impunidad que protege al crimen organizado, en lo riesgoso del autoritarismo para la gobernabilidad y en la apatía de una sociedad carente de valores que permite todo lo anterior. Esta gran presión social podría tener dos vías de escape: la de la violencia de autodefensas y de guerrillas enfrentadas contra la represión oficial o la resistencia no violenta, como la de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, o la que representan organizaciones como las del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, del poeta Javier Sicilia. Cualquiera de las dos tendrá repercusiones en las urnas.

En las altas esferas del actual gobierno federal, aún no logran descifrar el nivel de incertidumbre derivado del contexto político y social que se ha generado en los últimos meses. Tampoco logran comprender el contexto internacional en el que la recuperación de la economía mundial es “demasiado lenta, demasiado frágil y demasiado asimétrica”, como lo calificó Christine Large, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), en Nueva Delhi, donde dijo que la política monetaria de las principales economías mundiales está desfasada e incluso, si es bien administrada, podría provocar “volatilidad excesiva” en los mercados financieros internacionales. De ahí que de poco sirvan acciones como los recortes al presupuesto o la inyección de dólares al mercado cambiario.

Tampoco parecen entender la magnitud de los riesgos para la economía mexicana que derivan del estancamiento del mercado interno y que puede ocasionar retraso de inversiones e incremento del déficit y deuda pública, como la advierte el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que encabeza Gerardo Gutiérrez Candiani, quien señala que de continuar la volatilidad en tasas de interés, el tipo de cambio y la inseguridad y los problemas de gobernabilidad, dichos riesgos pueden incrementarse.

Golpe a la libertad de expresión

Hoy el país amaneció escandalizado por el despido de la colega Carmen Aristegui, de MVS. Silenciarla, controlarla y desplazarla se convirtió para el gobierno de Peña Nieto en una prioridad, en una cuestión de estado en el contexto electoral actual. Al régimen federal le es inaceptable que funcionen medios que cuestionan las mentiras del poder y las corruptelas que tiene su origen precisamente en su cúpula. De ahí que se busque no sólo intimidar sino aplastar a los periodistas independientes, generar zozobra y desánimo entre la población. Los golpes son planeados desde la misma cúpula del poder para desarticular la resistencia y la conciencia social en el país.

El atropello a la libertad de expresión que es el despido de Aristegui y sus colaboradores de MVS hay que verlo en su trasfondo político electoral. Hoy el PRI está en grave riesgo de perder el control sobre el Congreso de la Unión en las elecciones del 7 de junio próximo, además de varias gubernaturas. Actualmente ejerce el dominio de San Lázaro con 213 diputados federales, más los de sus satélites, el PVEM y el Partido Anal (Panal), con lo que suma la mayoría de 251, con los que se impone en todas las discusiones en la máxima tribuna del país.

Pero eso está a punto de cambiar impulsado por la crisis de legitimidad del gobierno de Enrique Peña Nieto, el derrumbe de la economía nacional en manos de su cómplice Luis Videgaray y del fondomonetarista Agustín Carstens, aunado a la exhibida corrupción de su régimen con los conflictos de interés en la adquisición de inmuebles cuya procedencia no han sido explicados convincentemente desde el poder. A eso hay que agregarle que la violencia sigue en los mismos niveles en los que la dejó el régimen de Felipe Calderón, por la sencilla razón de que se ha mantenido la estrategia del “espurio” michoacano. Los asesinatos siguen, las desapariciones continúan, la ausencia de investigación también, la impunidad está a la orden del día, la desesperanza está latente, los reclamos sociales y la represión ni qué decir…

La amenaza que enfrentan es grande porque durante las elecciones intermedias perderán escaños frente a otras opciones políticas que le pondrán freno al ejercicio del poder. La pregunta en este momento no es si el PRI perderá escaños, sino qué tan grande será el descalabro en la elección del 7 de junio, y este aumentará de dimensión si salen a votar en masa los ciudadanos libres y críticos, como se impulsa desde los medios de comunicación autónomos.

De ahí surge la explicación para los enormes gastos en la sancionada campaña del PVEM, a donde se pretende reorientar el voto de castigo hacia el PRI; de ahí también el inconstitucional intento de privatizar el agua; la imposición de un personaje como Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales se ven como acciones de un régimen al que parece que lo único que le importa es robar y saquear impunemente el tiempo que le quede en el poder.

Es en esta coyuntura, en que es indispensable callar a como dé lugar a voces críticas como la de Carmen Aristegui y su equipo. Oficialmente, las campañas ya inician el próximo mes. Al gobierno de Peña Nieto no le conviene una cobertura informativa balanceada y equitativa, que, de origen, se ha negado con las actuales leyes electorales que convienen a los tres grandes partidos políticos en el reparto de los tiempos y recursos oficiales. El PRI presenta una larga lista de candidatos cuestionables y muchas veces impresentables, cuyo prestigio o, mejor dicho, desprestigio, no ayudarán a llevarle votos a las urnas. Deberán de enfrentar, en muchos distritos, a abanderados con un gran prestigio personal, profesional y académico, con alta calidad moral o intelectual.

El régimen de Peña Nieto se enfrenta a un escenario totalmente desfavorable que le depara seguramente un resultado totalmente adverso, lo que le ocasionará grandes problemas. En el Congreso deberá enfrentar un bloque opositor que podría detener las próximas contrarreformas “estructurales”, así como formar numerosas comisiones especiales de investigación para transparentar los numerosos financiamientos ilícitos y conflictos de interés que corroen al régimen.

Es en ese trasfondo en que debe verse el intento de la empresa MVS de “desdibujar la independencia editorial de los periodistas” que colaboren en sus emisiones informativas, “quienes no podrán realizar ninguna investigación sin pedir autorización”, como criticó oportunamente la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi). El despido de Carmen Aristegui y sus colaboradores, más que una medida para evitar un uso indebido de la marca, representa “un caso de censura”, considera la Amedi.

La remoción de Aristegui y su equipo es un una acción estratégica para controlar e inhibir la difusión de lo que el poder económico o gubernamental considera favorable a lo beligerante, o a un movimiento social o político”, señaló la Amedi en un comunicado en el que consideró que las decisiones de la empresa MVS “son desproporcionadas y lastiman la pluralidad, la libertad de expresión y los derechos de las audiencias en detrimento de la democracia en el país”.

Zar de desaparecidos

Seis meses después de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y tras las fuertes críticas en el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, el gobierno federal mexicano determinó la creación de un zar con amplios poderes para la búsqueda de miles de desaparecidos a escala nacional y una nueva ley de mano dura, con penas de 50 años de prisión para sicario, policía, militar o servidor público que desaparezca a una persona. Esos aspectos están incluidos en el borrador de una nueva Ley General de Personas Desaparecidas, una de las principales demandas de la ONU al gobierno de Peña Nieto.

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