Por Esto!
Hambruna en puerta
Lilia ArellanoEstado de los ESTADOS
* Voluminosas importaciones encarecen alimentos
* Reforma Energética, intento fallido de Peña Nieto
* Insatisfactorias explicaciones da Pedro Joaquín
* “Lavan” 29 mil millones de dólares anuales
* Tortura y malos tratos “generalizados”, dice ONU
“Cuando el gobierno te diga que algo es cierto, entonces tienes la certidumbre de que eso es falso”: Jorge Saldaña
Por el desliz del peso frente al dólar –que cerró este lunes en su peor nivel en la historia— y ante la carencia de una estrategia del gobierno para promover la producción nacional de bienes básicos y de abasto eficiente en el mercado interno, se espera que el gasto por las importaciones agroalimentarias en este año se incremente en más de 30 mil millones de pesos sólo por las importaciones de maíz forrajero, arroz y trigo. Es previsible que los precios de los alimentos de la canasta básica superen una tasa de cuatro por ciento.
México importa 85 por ciento del arroz; 90 por ciento del trigo; 30 por ciento de maíz –principalmente forrajero—, lo que repercutirá en los precios del pollo, carne de res y cerdo, y en 2013 gastó mil 200 millones de dólares en las importaciones de leche.
La administración de Peña Nieto no cuenta con un plan emergente de protección al consumidor, a pesar de que es previsible un proceso inflacionario que golpeará más a los pobres, quienes ya destinan 70 por ciento de sus ingresos a la compra de alimentos. No tiene una estrategia de producción de granos básicos para crear una reserva estratégica nacional, a pesar de que se espera que el déficit actual de 2 mil 500 millones de dólares de la balanza comercial agropecuaria se profundizará.
Engolosinados en llevarse las migajas del remate de la riqueza nacional energética, los tecnócratas de la administración de Enrique Peña Nieto no toman en cuenta que el crecimiento poblacional de México demanda una mayor cantidad de alimentos, por lo que es necesario producir más. En el país, el 50 por ciento de los que se consume se importa, advierte Manuel Bravo, presidente y director de Monsanto Latinoamérica Norte (LAN).
México ha aumentado su dependencia alimentaria con Estados Unidos y Canadá, al incrementar sus compras agrícolas y pecuarias, que representan el 79 por ciento del total.
REPORTAN “AVANCES” DE REFORMAS
No pasaron ni 48 horas de la instrucción presidencial de rendir informes periódicos sobre el avance de las reformas impulsadas durante los primeros años de la actual administración, cuando el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, salió ante las cámaras de radio y televisión a declarar que los avances logrados hasta ahora por la reforma energética detonarán inversiones por 62 mil 500 millones de dólares en los próximos años.
En el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, el quintanarroense dijo que la implementación de los proyectos del sector generarán alrededor de 212 mil empleos directos e indirectos. Informó que las inversiones y empleos son consecuencia de las primeras dos convocatorias de licitación de la Ronda Uno, gasoductos, así como proyectos eléctricos en el país.
Pedro Joaquín Coldwell salió, ante los micrófonos de la prensa nacional y extranjera, a repetir sólo promesas. No entró en detalles para dilucidar cómo se abre el camino para que compañías extranjeras exploren y exploten petróleo en México; cómo se permite que particulares generen y suministren electricidad; cómo se ha puesto a competir en condiciones adversas a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con otras empresas, y ni siquiera por equivocación se refirió a la política de precios de los energéticos.
El funcionario no mencionó cómo el gobierno de Enrique Peña Nieto ha cedido a particulares el control de los bienes estratégicos del país. No precisó cómo la reforma y sus leyes secundarias permiten que empresas privadas, nacionales o extranjeras, inviertan en México en la exploración y explotación de hidrocarburos: petróleo, gas y sus derivados, actividades que eran exclusivas del Estado.
No detalló la naturaleza de los contratos de licencia, servicios, utilidad y producción compartida, que son asignados a través de licitaciones a empresas privadas para la exploración y explotación de hidrocarburos. No mencionó los detalles de la forma en que se realiza la explotación de gas de esquisto o shale, que se obtiene mediante una práctica conocida como fractura hidráulica o fracking, que es contraria al medio ambiente, y que implica un elevado costo de agua y el riesgo de que se contaminen depósitos de este líquido.
Tampoco entró en los detalles de la privatización del sector eléctrico, en el que empresas privadas están en posibilidades de generar y suministrar este tipo de energía, y competir con la CFE. No habló de la subordinación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) al presidente y a su gabinete. No mencionó la privatización en marcha de las gasolineras del país, que en una gran mayoría serán adquiridas por la operadora de Coca-Cola en México.
Pedro Joaquín Coldwell omitió mencionar los cambios en la política de precios de los combustibles, que serán liberados en los próximos años. No se refirió a los cambios que experimentarán tanto Pemex como CFE al convertir en empresas productivas del Estado, como tampoco mencionó la absorción, por parte del Estado, de los pasivos laborales de Pemex y de la CFE, que ascienden a 1.6 billones de pesos por pensiones y jubilaciones de sus trabajadores.
El titular de la Sener no precisó cómo, presuntamente, incrementarán los ingresos del país derivados de los hidrocarburos a través del pago de derechos de Pemex y sus subsidiarias; las contraprestaciones que pagarán los particulares con contratos de exploración y explotación; y los impuestos que pagarán los dos. No habló de la forma en que se garantizará que el Fondo Petrolero aporte cada año recursos equivalentes al 4.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para el Presupuesto de egresos de la Federación.
En la conferencia de prensa del funcionario, no se explicó o justificó las “ventajas” que tendrá el país al transferir su riqueza al extranjero y desmantelar la economía nacional, con lo que se aumentará la pobreza y caerá el empleo. No se aclaró cómo se hará frente al agotamiento de las reservas petroleras de México, lo que nos hará perder soberanía energética. No se mencionó cómo se pierde la oportunidad de aumentar la competitividad de la industria nacional por medio del abastecimiento barato de insumos derivados de hidrocarburos a retos de la industria mexicana.
Joaquín Coldwell no señaló las ventajas de aumentar la carga fiscal a Pemex; de que la mayor parte de las empresas en el sector energético serán extranjeras; de que no se aumente significativamente la actividad económica y la generación de empleos; que se aumente la concentración del ingreso y la transferencia de riqueza al extranjero; que el gasto público continúe destinándose mayoritariamente al gasto corriente; que no se genere ahorro de largo plazo por ingresos petroleros y que aumente la deuda pública; que no se reduzca la pobreza y que se desaprovechen los recursos para atacar las determinantes estructurales de la misma en el país.
En un entorno de mayor corrupción y violencia, en un año en que se renueva el Congreso y nueve gobiernos estatales, la reforma energética enfrenta un escenario adverso con la caída de los precios del petróleo. A fines de febrero, Pemex anunció su quinta pérdida trimestral consecutiva, de 76,500 millones de pesos (USD 5,800 millones), como consecuencia en gran parte a una caída de la producción. Con esto, sumó pérdidas por más de USD 19.816 millones en todo el año.
En 2014, Pemex registró uno de los peores resultados de su historia. Acumula más de dos años de caída libre y una década ininterrumpida de mermas en la producción. La compañía se encuentra en medio de un fuego cruzado: desplome del precio del crudo, depreciación del peso y recortes presupuestarios.
“LAVANDERÍA MÉXICO-EU”
No hay comentarios:
Publicar un comentario