Proceso
“¡Agarren, pero repartan, no sean culeros!”
MEXICO, D.F. (apro).- Al instinto autoritario e inoperancia económica de Enrique Peña Nieto en su primer año de gobierno, que se cumplió este domingo 1, hay que añadirle otro rasgo inequívoco de su naturaleza política: La corrupción.
No me refiero a él sólo como individuo –aunque el oscuro origen de su patrimonio genera dudas legítimas sobre su honorabilidad–, sino a la prioridad real que ha dado en su gobierno al combate a una de las principales enfermedades que padece México y de cuyo éxito, fracaso o indolencia depende nuestro futuro como nación.
Después de dos gobiernos panistas que fabricaron millones de pobres y un puñado de nuevos ricos, que se descararon en la incompetencia y el despilfarro –que también son corrupción–, los mexicanos se encontraron con el retorno al poder de quienes no predican honestidad porque no la practican.
Aún así, ante evidencias de uso ilegal de abundantes recursos para ganar las elecciones por la vía de la compra de votos a la población más pobre y también a la más rica –los magnates, sus operadores y portavoces, que le lavan la cara–, Peña ofreció un “Sistema nacional contra la corrupción”.
Antes de su toma de posesión, en noviembre de 2012, Peña presentó a través de los legisladores priistas dos iniciativas en ese sentido y luego estas propuestas fueron incorporadas en el Pacto por México, ese poder fáctico que ha domesticado al PAN y al PRD.
Compromiso 85: “Se creará un sistema nacional contra la corrupción que, mediante una reforma constitucional, establezca una Comisión Nacional y comisiones estatales con facultades de prevención, investigación, sanción administrativa y denuncia ante las autoridades competentes por actos de corrupción. Se pondrá especial énfasis en entidades como Pemex y CFE.
Y compromiso 86: “Se creará un Consejo Nacional para la Ética Pública con la participación de diversas autoridades del Estado mexicano y miembros de la sociedad civil para dar seguimiento a las acciones concertadas contra la corrupción”.
A un año de haber presentado las iniciativas y, más aún, de haberlas retomado el Pacto por México, esa promesa de Peña y de sus aliados del PAN y del PRD ha quedado como una entelequia.
Es obvio: Se trató de una simulación, ya no sólo de Peña sino de sus socios y cómplices panistas y perredistas que, en tanto políticos, no son de fiar para la mayoría de los mexicanos.
Según el Índice de Percepción de Corrupción elaborado por Transparencia Internacional, dado a conocer en julio, 7 de cada 10 personas considera que las instituciones políticas en México han aumentado su nivel de corrupción, cifra que supera el promedio mundial de poco más de 5 de cada 10 personas con esta percepción.
Si bien el 72 por ciento de los mexicanos encuestados considera inefectivas las acciones que el gobierno ha empleado para combatir la corrupción, la encuesta revela que, a nivel del Continente Americano, son nosotros –sólo detrás de los bolivianos– los que más sobornos pagamos: uno de cada tres.
En un país donde también tiene plena vigencia la impunidad, la corrupción se socializa como doctrina para el saqueo que describió, con gran capacidad didáctica, Elisa Ayón Hernández, regidora del ayuntamiento de Guadalajara y secretaria general del PRI municipal: “¡Agarremos lo que tengamos que agarrar, (pero) repártanlo, no sean culeros!”
Apuntes
¿Y el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo? Eso no fue una acción de combate contra la corrupción, sino un ajuste de cuentas entre mafiosos…
Comentarios vía Twitter: @alvaro_delgado
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