La Jornada
Reforma energética e intereses oscuros
Las afirmaciones de que
la reforma energética recientemente aprobada y promulgada obedece en
última instancia a intereses políticos y económicos de Estados Unidos
son, según puede verse, más que productos del exceso de suspicacia: en
un documento presentado el pasado 11 de abril en el Congreso de Estados
Unidos por el ex embajador de ese país en México Carlos Pascual, el
gobierno de Washington delineó la operación de un proyecto denominado
Connect America, para que las empresas estadunidenses,
desde la frontera con México hasta la Tierra del Fuego, puedan generar y distribuir electricidad a través de un sistema hemisférico, que representaría un negocio de 1.4 billones de dólares. En el apartado correspondiente a México, el documento destaca la reforma energética como una de las prioridades del gobierno de Enrique Peña Nieto –a pesar a que la iniciativa correspondiente se presentó cuatro meses después–, y señala que
si tiene éxito, México podría atraer inversiones internacionales para desarrollar sus recursos de hidrocarburos. Esto reforzaría tanto la seguridad energética de Estados Unidos como la situación fiscal de México.
El documento de Pascual constituye, en suma, un indicio más que firme de la supeditación del reciente proceso de discusión legislativa a los intereses y designios del vecino del norte en materia energética, y coloca al conjunto de modificaciones constitucionales derivadas de esa discusión no como el resultado de un proceso soberano y circunscrito a la política interna de nuestro país, sino como parte de un juego geopolítico por medio del cual Washington busca consolidar su hegemonía en el hemisferio occidental.
El empeño de los legisladores priístas y panistas en aprobar la reforma energética de espaldas a la sociedad; los vicios y las irregularidades que se produjeron durante la discusión parlamentaria de esa enmienda constitucional; la aprobación de la misma mediante votaciones fast track en las dos cámaras del Congreso de la Unión y en las legislaturas locales, son actitudes incompatibles con un proceso de modificación constitucional que supuestamente buscó el beneficio de la nación. La posibilidad de que dicho proceso se supeditó en realidad a los intereses de Washington conllevaría, de ser cierta, una falta tan grave que merece ser esclarecida y sancionada.
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