Por Esto!
Peña Nieto, sepulturero de la Carta Magna
Gilberto Balam Pereira
El desmantelamiento de la Constitución
Se dice que no hay verdades absolutas. Pero en el quehacer periodístico pocas veces nos encontramos con la negación de esa afirmación relativa. ¿Quién podría estar en desacuerdo, por ejemplo, con lo expresado por nuestro gran amigo Arnaldo Córdova, quien antes de salir de vacaciones nos dejó un legado de Noche Buena? No digo “navideño” porque no soy creyente de los mitos religiosos. Perdón.
Ese legado ocupa un especial espacio en la colaboración de hoy.
Arnaldo comienza diciendo que: “Enrique Peña Nieto es el sepulturero de la Constitución de 1917”.
“La Constitución está moribunda –agrega. Ese pacto social y político que encarnaba no existe ya. Lo que hoy tenemos es una oligarquía convertida en sistema dominante”.
Entonces Arnaldo, tenemos hoy el gobierno de los ricos más ricos y el dominio absoluto del dinero con sus secuelas de corrupción, dilapidación y desperdicio que es propio de los regímenes plutocráticos.
Por supuesto que estamos de acuerdo en que ese PACTO fue signado por los ciudadanos integrantes de la sociedad en general, con el carácter de permanente pero modificable con aportaciones que enriquezcan el contenido hechas por el pueblo para el bienestar colectivo de todos los mexicanos como lo denomina el artículo 27.
El objetivo de la Constitución fue y es: “dictar un PACTO que permita y procure al pueblo la protección y la defensa de sus derechos frente a la opresión del mal gobierno”.
Vale la pena insistir un poco más:
“La Constitución es el PACTO PROTECTOR de las instituciones del pueblo y puede ser modificada en su letra y en su texto, pero no puede ser cambiada en sus institutos protectores, como la distinción que ella hace entre el pueblo de los ciudadanos y la nación de los mexicanos, el principio de la división de poderes (división que por hoy no existe), la definición del patrimonio nacional, el sistema de los derechos humanos y el sistema democrático de designación de los funcionarios y representantes del Estado” (Sufragio Efectivo, no Reelección)”.
Pero lamentablemente, Arnaldo, cambiar los términos de ese entramado garante y protector es cambiar el pacto mismo o dejarlo sin ninguna razón de ser.
El testarudo gobierno parece no entender que el poder del Estado está para servir a todos y no puede ejercerse para favorecer a unos cuantos o ponerse al servicio de grupos privados. La Constitución garantiza la existencia de los trabajadores asalariados que forman la inmensa mayoría de la población a través de las instituciones protectoras del artículo 123.
Pues todo ese armazón de instituciones fundadoras y protectoras ha sido desmantelado y abolido por el conjunto de reformas anticonstitucionales que el gobierno de Peña Nieto ha hecho aprobar dictatorialmente en el Congreso. Los diputados son así –digo– cómplices, alcahuetes, instrumentos para el uso y servicio de los intereses del Poder Ejecutivo que ni siquiera tuvieron el mínimo interés de enterarse de las torpes contradicciones de las resoluciones que los senadores añadieron a la iniciativa peñanietista. Todas ellas (las resoluciones) han estado dirigidas a destruir el antiguo pacto de la nación mexicana. Sus instituciones fundamentales ya no serán las mismas. México ahora es ya otro país, otra cosa más empequeñecida como se ha propuesto lograr la oligarquía neoliberal enemiga de los mexicanos.
Arnaldo destaca en su legado, además, que “el hecho esencial de que todos los principios de la convivencia social a los que daba lugar el pacto, están siendo subvertidos para anular los derechos y las prerrogativas de los más amplios sectores de la población mexicana”.
Por tal razón, repito, ya no podremos hablar de un régimen popular y social de derechos y garantías, sino tan sólo de un nuevo régimen en el que se reinstituyen antiguos privilegios de grupos elitistas que ahora vienen a sustituir a las mayorías, a cuyos intereses servía el antiguo pacto.
México ha dejado de ser el país plurisectorial y pluriclasista que era antes, para volverse el nuevo país de los dueños de la riqueza y del poder.
El pacto fundador del Estado mexicano del siglo XX (Carta Magna) está moribundo, en fase terminal, ni llevándolo a terapia intensiva se salvará. Será, en adelante, un factor de desestabilización social y de desequilibrios que nadie sabe en qué pueden parar. Recordemos que lo social y lo político son imprevisibles por innumerables contingencias que podrían presentarse, digo además.
Las antiguas riquezas de Pemex y de la CFE que se buscaba preservar para todos los mexicanos ahora serán pasto de la avaricia y la sed de lucro de los privados, en especial trasnacionales. México como país soberano ha cesado de existir.
A menos de 24 horas de que EPN declaró en el extranjero la aprobación de su mortífera reforma energética, todos los obreros subcontratados (transitorios) de Pemex en Ciudad del Carmen, Campeche, fueron despedidos, a unas horas del “buen fin” y en plenos días decembrinos, mientras los dictatoriales alcahuetes –legisladores y poderes fácticos– de Peña Nieto se disponen a hacer ostentación de derroche, de toda clase de lujos y excesos para el gran festejo de la noche “cristiana” del día 24.
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