Proceso
2013, la sombra de ‘Monexgate’
MÉXICO, D.F. (apro).- El Instituto Federal Electoral (IFE) se apresura a destruir la documentación de “los votos válidos, nulos y las boletas sobrantes” de la elección de 2012 y, gracias a la cual, más una serie de operaciones “encubiertas” de ese órgano, el país tiene al priista Enrique Peña Nieto como presidente de México.
Llama la atención la destrucción, pues a un año y medio de la elección presidencial el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no ha podido dar el fallo último sobre el caso Monex, huella indeleble de la elección de Peña Nieto.
Hace casi un año, el 23 de enero de 2013, el IFE sorprendió a algunos consejeros electorales y a la oposición al PRI, cuando presentó un dictamen sobre el famoso caso Monex y en donde exoneró a Peña Nieto de cualquier movimiento turbio o triangulación de recursos hacia su campaña presidencial.
A pesar de que la Unidad de Fiscalización detectó dinero irregular, aportaciones prohibidas, participación de cinco bancos, ya no sólo Monex, y la intervención de varias personas físicas, el IFE consideró los movimientos “atípicos” y no ilegales, por lo que no sancionó al PRI y su aliado, el PVEM.
Ya sabemos que Peña Nieto jamás recibiría castigo alguno por el uso ilegal de recursos en su campaña, pues el actual Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales ( Cofipe) no fija culpa ni sanción ni remoción del cargo a quien utilice el dinero que sí está prohibido.
A casi un año de distancia, el tema adquiere hoy relevancia, pues dos de aquellos nombres que el IFE detectó como quienes depositaban millonarios recursos a banco Monex, que después se traducirían en “monederos Monex” y se utilizarían durante la campaña presidencial de Peña Nieto, figuran en una investigación que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Sistema de Administración Tributaria (SAT) detectó a esos mismos personajes como parte de una red de “lavado de dinero”.
Se trata de Raúl Álvarez Longoria y Ricardo Mauro Calzada Cisneros, los mismos personajes que el IFE detectó realizando movimientos “atípicos”.
La instancia encargada de detectar lavado de dinero los incluyó a ambos en una investigación que alcanzó los niveles de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), y de ahí pasó a la Subprocuraduría de Delitos Federales de la PGR.
Dicen que no hay delito perfecto. Y en este caso, aunque están abiertas las indagaciones de la UIF y de la SEIDO, ello ocurrió en el 2012, cuando aún estaba en el gobierno el panista Felipe Calderón, así es que el PRI-gobierno y la PGR de Peña Nieto, de la cual dependen tanto la SEIDO como la Subprocuraduría de Delitos Federales, podrán decir hoy que no existen y así desaparecer las evidencias.
Sin embargo, en la trama de ocultamiento que realizó el IFE cometió un error: sacó a la luz nombres de personas y empresas involucradas que hasta ese 23 de enero de 2013 no figuraban en las diversas investigaciones periodísticas.
Los nuevos elementos obligan al TEPJF a retrasar su fallo, revisar el voluminoso expediente que tiene en sus manos, pues si ya en octubre pasado se puso a Bancomer como otro de los bancos mediante los cuales se utilizaron “monederos electrónicos” para la triangulación ilegal de recursos de la campaña de Peña Nieto, hoy el surgimiento de tales nombres debe llevar al Tribunal a no tratar de darle carpetazo a asunto. Por dignidad debieran seguir investigando.
Un presidente de la República que llega mediante la ilegalidad no puede menos que tener actos ilegales e imposiciones. Para ejemplo basta volver la vista atrás y pensar un poco en Calderón Hinojosa quien, como Peña Nieto, acudió al TEPJF por la puerta de atrás para recibir su constancia de mayoría que lo acreditaba como presidente de México.
Existe la certeza de que poco o nada se hará para llegar a las venas del Monexgate de Peña Nieto, sobre todo cuando el representante legal del PRI en la campaña, el que rechazó frente a los medios de comunicación la existencia de las tarjetas Monex, es hoy el procurador general de la República, la entidad en donde radican los expedientes por lavado de dinero que involucran a los mismos que participaron en la triangulación del dinero sucio de Peña Nieto.
No obstante, lo que la autoridad trata de negar y lo que el mismo Peña Nieto trata de olvidar, algunos medios insistirán en revelar… al tiempo.
Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx
Twitter: @jesusaproceso
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