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La ONU en México, ¿para qué?
Ernesto López Portillo
Mientras el relator especial de la ONU concluye que la tortura es generalizada en México, el gobierno federal responde informando que identifica 14 casos, “con avances significativos en 13 de ellos”. Apenas es posible imaginar una distorsión mayor entre una y otra postura. El 9 de marzo pasado el representante de la ONU, Juan E. Méndez, presentó su informe final, a propósito de la visita que hizo hace poco menos de un año. La respuesta oficial desconoce de plano el contenido del reporte; ni siquiera sabemos si en efecto el mismo fue leído por nuestras autoridades, en tanto la reacción se redujo a una declaración política defensiva, señalando que el relator desconoce los esfuerzos del gobierno en la materia. La pregunta obligada es para qué nuestro país acepta el escrutinio internacional de la ONU en materia de derechos humanos, si en realidad no tiene la intención de reconocer o al menos discutir con seriedad el resultado del mismo. Más claro: para qué sirven las visitas e informes de éste y los demás relatores (ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas), todos los cuales han encontrado una dimensión generalizada de tales violaciones graves. En particular con respecto a la tortura, el gobierno enfatiza que el relator no ha documentado los casos que permitan afirmar que es generalizada. Sólo que, al responder así, el gobierno se muerde la cola, precisamente porque se trata del mismo gobierno que en su Programa Nacional sobre Derechos Humanos comienza por reconocer la crónica debilidad de los registros de violaciones a los mismos. Ha sido reconocida de manera oficial la incapacidad de las propias autoridades para crear un sistema de información confiable al respecto. De esta manera, las autoridades han usado como defensa ante el relator lo que en realidad está en la base del diagnóstico oficial del problema.
No hay tortura porque no está documentada la tortura, sería la esencia de la posición oficial. No está documentada la tortura porque no funcionan los sistemas institucionales para prevenirla, registrarla, investigarla, procesarla, sancionarla y repararla, es justamente parte de lo más importantes hallazgos del relator; pero lo que éste sí encontró es la consistencia en los testimonios de las víctimas. Los formatos de la tortura son claros, las circunstancias de modo y lugar se repiten y en esa evidencia se soportan las conclusiones de la ONU. Y desde aquí se desnuda la más grave característica de la postura oficial mexicana: desconoce justamente a las víctimas. En otras palabras, el ejercicio de escrutinio internacional es desacreditado porque se soporta “sólo” en la voz de las víctimas, justamente cuando lo que el relator encontró es que las víctimas de la tortura no acceden a la justicia, precisamente porque las autoridades, en especial el Ministerio Público, tiende a desacreditar las denuncias, actuando así, justo en sentido opuesto al estándar normativo nacional e internacional que obliga a realizar la mejor investigación posible cuando recibe información que podría implicar tortura. No hay diferencia entre la respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores al relator, de la que ofrece el Ministerio Público a las víctimas de la tortura, siendo éstas en su mayoría, por lo demás, personas sin recursos para una defensa adecuada, como también lo afirma el reporte de Juan E. Méndez. Apenas imaginable el sentir de cada una de las víctimas de la tortura impune al escuchar que el fenómeno se reduce a unos cuantos casos. Mi solidaridad con su dolor, frustración e impotencia.
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