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Las mazmorras del sexenio pasado
Brenda Quevedo Cruz, una de las personas acusadas por Isabel Miranda de Wallace del secuestro y asesinato de su hijo, Hugo Alberto Wallace, fue torturada en 2010, cuando estaba presa en el penal de las Islas Marías y, por lo tanto, bajo la custodia de la Secretaría de Seguridad Pública encabezada por Genaro García Luna.
Anabel Hernández
Proceso
MÉXICO, DF (Apro).- El viernes 15 de marzo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso ante la Procuraduría General de la República una denuncia penal contra Genaro García Luna y otros ex funcionarios de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI) por las violaciones a los derechos humanos de la francesa Florence Cassez.
Pero el caso de Cassez es sólo uno en el historial de García Luna. Bajo su mando, la AFI y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal violaron de manera constante los derechos humanos. Han comenzado a documentarse abusos de autoridad y torturas en algunos complejos penitenciarios administrados por la SSP durante el sexenio pasado. Algunos ya están siendo investigados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Proceso tiene copia del resultado de la evaluación realizada a Brenda Quevedo Cruz —acusada del presunto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace— bajo los términos del Protocolo de Estambul (Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes).
El resultado —hasta ahora inédito– de la evaluación hecha por la CNDH en 2011 prueba que Brenda Quevedo fue brutalmente torturada en el complejo penal federal de las Islas Marías estando bajo custodia de la SSP.
Otro caso: en febrero de 2012 la familia de Javier Herrera Valles, ex comisionado de la Policía Federal, principal crítico de la gestión de García Luna y quien fue encarcelado con base en testimonios falsos, presentó una queja ante la CNDH por la golpiza que asegura sufrió, meses antes de ser puesto en libertad, en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, también bajo custodia de la SSP.
Aún más: Proceso recabó declaraciones de familiares de presos del Centro Federal de Readaptación Social número 3, Noreste, localizado en Matamoros, Tamaulipas, quienes se quejan de trato inhumano, vejaciones y abusos sexuales de custodios y comandantes contra presos durante el sexenio anterior (el penal de las Islas Marías, otras cuatro cárceles federales y un centro federal de rehabilitación psicosocial estaban bajo la administración, custodia y operación del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, que dependía de la SSP, encabezada por García Luna).
BRENDA QUEVEDO
En el complejo federal penitenciario de las Islas Marías —donde por ley sólo pueden estar presos los sentenciados—, Brenda Quevedo Cruz, acusada y aún no sentenciada por el presunto secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, estaba apartada del resto de la población femenil en un área conocida como La Borracha.
La madrugada del 13 de octubre de 2010 el comandante de custodios Javier Jiménez Santana y las custodias Verónica Chávez Rojas y Eneyda Pérez sacaron a Quevedo de La Borracha y la subieron a una camioneta.
El vehículo avanzó por una carretera que bordea la isla María Madre (la mayor del archipiélago y que alberga la prisión), según consta en la declaración hecha por Brenda el 30 de junio de 2011 en el consultorio del Centro Femenil Noroeste, en Tepic, durante la evaluación aplicada por la visitadora adjunta adscrita a la Tercera Visitaduría General de la CNDH.
Fue ese día cuando la CNDH pudo entrevistar directamente a Quevedo y escuchar su denuncia. Ahí se corroboró la tortura de la que fue víctima la joven, cuando la SSP, con García Luna como titular, era responsable de la administración y manejo del centro penitenciario. La directora del anexo femenil del penal de las Islas Marías era María Teresa López Aboites.
Brenda, ex pareja de Jacobo Tagle, fue extraditada de Estados Unidos el 26 de septiembre de 2009 acusada del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace, quien según su madre, Isabel Miranda de Wallace, ocurrió el 11 de julio de 2005. Miranda de Wallace acusa a Quevedo, Tagle, César Freyre, Juana Hilda González y a los hermanos Tony y Alberto Castillo de haber hecho desaparecer a su hijo.
—¿A dónde me llevan? –preguntó Brenda.
—No tienes derecho a decir nada, sabes que estás en un caso muy fuerte y unas personas quieren hablar contigo.
—No me dejen sola…
—Nadie va a tocarte —dijo Jiménez Santana. Esa promesa no la cumplió.
La dejaron sola en una casa en obra negra donde había muchas ratas. La metieron a un cuarto pequeño donde no había muebles, sólo una cobija en el suelo. La puerta no tenía cerradura.
Hacia la una de la tarde del 14 de octubre de 2010 llegó al lugar una camioneta de la que bajaron cinco o seis hombres encapuchados con pantalones de mezclilla y camisas blancas.
—¡Chingaste a tu madre otra vez!, ¡creíste que no nos volverías a ver! —gritó uno de ellos al entrar al cuartito.
LA VEJARON
Le vendaron los ojos, la envolvieron con una cobija a la altura del torso y la ataron con cinta para inmovilizarla. La tiraron al piso boca arriba, le quitaron los zapatos y las calcetas y le pusieron en el dedo gordo de un pie un alambre. Le echaron agua en la cara; sin poder moverse Quevedo sentía que se ahogaba. También mojaron la cobija.
—¡Ahora sí pides perdón, perra! Vamos a hacerte respetar a la gente —le dijo uno de los hombres.
La golpearon con los codos en el pecho, le pegaron en las orejas y la amenazaron con dañar a su madre, la señora Enriqueta Cruz, y a su hermano.
—Te crees edecán pero eres una prostituta. Un perro vale más que tú –la insultaban.
Uno de los hombres le bajó el pantalón, le separó las piernas y le metió el puño en la vagina. Lo hizo varias veces.
—¿Qué se siente? –le preguntaba mientras repetía la acción.
Después le dieron toques eléctricos con el alambre que le pusieron en el pie.
—Vas a sentir como que te vas quemando poco a poco —le dijo uno de ellos.
El propósito de la tortura era obligarla a confesar que había participado en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace. La madre de éste, María Isabel Miranda, era muy cercana al entonces presidente Felipe Calderón y al titular de la SSP, Genaro García Luna. Quevedo no confesó y en todo el proceso se ha declarado inocente de los cargos que se le imputan.
La tortura duró cerca de tres horas. Después los encapuchados la desataron y se fueron. Brenda Quevedo se quedó hasta la madrugada del 15 de octubre en esa casa. Al amanecer de ese día Jiménez Santana fue por ella y la llevó de regreso a La Borracha.
Ningún médico certificó el estado de salud de Brenda Quevedo pese a que estaba visiblemente lastimada, tenía sangrado vaginal y un absceso en el seno derecho. Estuvo incomunicada de su familia durante un mes, hasta que finalmente pudo hablar con su madre, Enriqueta Cruz, quien recurrió a la CNDH. Brenda actualmente está recluida en el penal federal de Tepic.
CNDH OCULTÓ EVIDENCIAS
En la evaluación realizada por la CNDH, se le aplicaron a Brenda Quevedo las escalas de Beck, para medir la depresión y la ansiedad, y la de Impacto del Evento de M. Horowitz. "Se realizó la interpretación de los hallazgos clínicos y se establecieron las conclusiones", según se indica en el documento certificado por la CNDH al que este semanario tuvo acceso.
La evaluación se realizó el 30 de junio de 2011 para establecer el grado de concordancia entre los hallazgos psiquiátricos y la descripción del "presunto maltrato físico o mental" sufrido por Brenda Quevedo Cruz. Los resultados fueron elaborados por la visitadora adjunta adscrita a la Tercera Visitaduría General de la CNDH, cuyo nombre se mantiene en reserva en el documento en poder de Proceso y que forma parte del expediente CNDH/3/2010/6007/Q.
La visitadora adjunta señala que en el Protocolo de Estambul se afirma que tanto el uso de corriente eléctrica como la sofocación y la agresión sexual son prácticas recurrentes en la tortura.
"La sofocación hasta casi llegar a la asfixia es un método de tortura frecuente que en lo general no deja huellas y la recuperación es rápida.
"Las amenazas, los malos tratos verbales y las burlas sexuales forman parte de la tortura sexual pues incrementan la humillación y sus aspectos degradantes, todo lo cual forma parte del procedimiento (de tortura)", explica el documento.
La evaluación señala que Quevedo, actualmente de 32 años, a raíz de la tortura que sufrió presentó "depresión" y "ansiedad" aguda y en la Escala de Impacto del Evento de M. Horowitz tiene un "rango severo".
"Durante la valoración se encontró que la señora Brenda Quevedo Cruz presentaba trastorno por estrés postraumático crónico, depresión y ansiedad severas, así como un rango severo de impacto del evento."
"Emito la presente opinión con base en mi experiencia y conocimientos sobre la materia, para los efectos a que haya lugar", firmó la visitadora.
Pero inexplicablemente la Tercera Visitaduría General de la CNDH aseguró en un escrito enviado el 30 de septiembre de 2011 a Enriqueta Cruz, madre de Brenda, que hasta ese momento la Comisión no tenía elementos suficientes para acreditar las agresiones sufridas por Brenda. En realidad ya tenía los resultados de la evaluación realizada conforme al Protocolo de Estambul.
HERRERA VALLES
A las 11 de la noche del 13 de febrero de 2012, 20 custodios vestidos de azul entraron al módulo 11 del Cefereso de Tepic, administrado y controlado por la SSP. La directora era Lorena Campuzano.
Quien iba al frente del grupo, el general Mario Antonio Bonifaz Guillén, entonces director general de Seguridad y Custodia de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal, se paró ante una de las celdas y en voz alta preguntó quién era Herrera Valles.
Buscaba al ex comisionado Javier Herrera Valles, quien en 2008 fue detenido bajo falsos cargos de delincuencia organizada después de haber denunciado y documentado durante meses la corrupción de la SSP y de la Policía Federal que comandaba García Luna.
Herrera Valles, con 20 kilos menos luego de más de tres años de encierro, se puso de pie. Bonifaz lo observó y se retiró. Enseguida entraron a la celda —donde había dos presos además de Herrera— ocho custodios quienes los pusieron contra la pared y les ordenaron desnudarse para hacerles una revisión.
Dos de los custodios comenzaron entonces a golpear a Herrera Valles. Uno le jalaba una pierna, uno más le jalaba y abría la otra mientras le daban rodillazos en la zona genital así como codazos en la nuca y en el cuello. Aparentemente esperaban que el ex comandante reaccionara violentamente para poder justificar así el uso de las pistolas eléctricas que llevaban.
La queja por estos hechos fue presentada el 15 de febrero de ese año ante la CNDH por David Herrera Valles, hermano del ex comandante. Uno de los dos testigos que había en la celda ratificó la golpiza recibida por Herrera Valles.
No era la primera vez que la SSP federal actuaba por consigna contra Herrera Valles.
En septiembre de 2012, siete meses después de esa última golpiza, Herrera Valles fue liberado por orden de un juez. Se le absolvió de todos los cargos que se le imputaron falsamente.
EL ‘PAQUETE CALDERÓN’
Proceso pudo recabar testimonios de familiares de presos del Cefereso Noreste, de Matamoros. Las denuncias revelan una sistemática violación a los derechos humanos de los detenidos –muchos de ellos aún sin sentenciar– a quienes se les dio un trato inhumano durante el sexenio pasado.
Familiares del preso Miguel Jiménez Barrera cuentan que éste fue brutalmente golpeado cuando opuso resistencia ante un intento de abuso sexual por parte de un comandante del Cefereso al que apodan "El Chabelo". Al día siguiente de esos hechos el reo tuvo una diligencia frente al Ministerio Público federal y ahí denunció lo ocurrido e incluso se levantó la camisa para mostrar las huellas de los golpes.
El Ministerio Público asentó en actas lo ocurrido y el interno fue cambiado de módulo presuntamente para garantizar su seguridad.
De acuerdo con los testimonios recabados entre los familiares de los presos del Cefereso de Matamoros, durante el sexenio anterior se hizo célebre "el paquete Calderón" que consiste en la "fabricación" del auto de formal prisión por delitos como delincuencia organizada, portación de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud. Gracias a la "fabricación" de delitos, afirman, la PGR encerró a muchos inocentes.
Aseguran que en el "paquete Calderón" los autos de formal prisión son iguales, sólo cambian los nombres del detenido y de los testigos; pero se trata, dicen, de machotes en los que todo es idéntico, hasta las declaraciones de cargo.
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