Estado de los ESTADOS
Lilia ArellanoReformas S. A.
Avalan reforma a Telecomunicaciones
Inversión extranjera del 100 por ciento
“Nada va a cambiar”: López Obrador
Negocian “Must Carry” y “Must Offer”
Analizarán reforma “sin prisas”
Peña Nieto celebra aprobación de RT
Aumenta inflación y desempleo femenil
“El ejecutivo del Estado moderno no es otra cosa que un comité de administración de los negocios de la burguesía”.- Karl Marx.
El contenido del paquete de reformas que la administración de Enrique Peña Nieto diseñó y empuja para su aprobación en el Congreso confirma que su gestión está enfocada en establecer las bases legales –las reglas del juego- que garanticen las ganancias de los inversionistas nacionales y extranjeros. El carácter neoliberal de las modificaciones constitucionales aprobadas hasta ahora, laboral, educativa y telecomunicaciones, así como las proyectadas en materia financiera, energética, fiscal y hacendaria, convierten al Ejecutivo Federal en un mero administrador de un negocio que se llama México, S. A., y al poder Legislativo en un mero espectador, al imponerse a sus deliberaciones las negociaciones en el pequeño comité en que se convirtió el “Pacto por México”, que ha funcionado como un antídoto eficaz a la oposición de izquierda y derecha en el ámbito legislativo. Así, las Cámaras de Diputados y de Senadores funcionan como oficialía de partes y su carácter de equilibrio de poder es anulado en este neogobierno priísta.
La última reforma aprobada, en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, confirma lo anterior, pues fue orientada a dejar claras las reglas del juego a los poderosos concesionarios en Telecomunicaciones, Radiodifusión y Telefonía, quienes ocuparon dinero y esfuerzo en influir para que sus intereses no fueran tocados o que las nuevas reglas no afectarán sus actuales márgenes de ganancia. Lo lograron, pues los cambios aprobados buscan garantizar únicamente un campo parejo de competencia, tanto en el sector telecomunicaciones como en el de la radiodifusión. Hacia esos objetivos se enfocaron las modificaciones a los artículos 6, 7, 28, 73 y 94 de la Constitución, así como los 18 artículos transitorios, que permiten al ciento por ciento la inversión extranjera en telecomunicaciones, lo que fue calificado como “traición a la Patria” por legisladores del PT y MC. Se mantuvieron aspectos como la licitación de al menos dos concesionarios de cadenas de televisión abierta, y una del Estado; la desaparición de la Cofetel, para dar paso al Ifetel y la Cofeco como órganos autónomos y con más dientes para combatir monopolios, así como nuevas reglas para generar competencia en el mercado de televisión restringida.
“Nada va a cambiar y menos a corto plazo, todo va a seguir igual”, advirtió el principal líder opositor del país, Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que “es una dictadura que se ejerce a través de la televisión; el 90 por ciento de los mexicanos se entera por la televisión; ahí administran la ignorancia del país”. El dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) calificó de “falsos” los señalamientos de que la reforma a telecomunicaciones dará voz a todos los opositores y explicó que quienes harán uso de los espacios que se abrirán serán los “opositores disfrazados, los que no dicen la verdad”. En su último día de gira por Nayarit, el tabasqueño reiteró que su lucha se centrará en defender el petróleo y que no se aumente el IVA. Dijo que intentarán pasarlo del 16 al 19 por ciento “y eso no lo vamos a permitir, vamos a luchar para que no lo consigan”.
La audiencia, los espectadores, los 110 millones de mexicanos, fueron sólo eso: testigos de los cambios, a través de los propios medios de comunicación, sin derecho a voto, ni siquiera a emitir su opinión, pues sus presuntos representantes en el Palacio de San Lázaro ni siquiera conocieron el contenido de la reforma, sus modificaciones concertadas entre las tres principales fuerzas políticas, y sólo supieron de ellas hasta el momento de votar, acción que también estuvo dirigida por los coordinadores parlamentarios de sus respectivos partidos, quienes ya habían comprometido su palabra para aprobarla a como dé lugar el mismo jueves, aunque la sesión se prolongó hasta la mañana de este viernes. El pleno aprobó el dictamen en lo general, después de las 22 horas del jueves, con 414 votos a favor del PRI, PAN, PRD, PVEM, PANAL y un sector del PT; ocho abstenciones y 50 en contra del Movimiento Ciudadano (MC) y varios perredistas y petistas.
Con la constante presión de los cabilderos de las televisoras encima, y la intervención de integrantes del Pacto por México, como los panistas Juan Molinar Horcasitas y Santiago Creel, y los perredistas Guadalupe Acosta Naranjo y Jesús Ortega, la Cámara de Diputados aprobó, la madrugada del viernes, la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión en lo general y en lo particular, rechazando totalmente las reservas de los partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano. Tras 17 horas de sesión, a las 4:11 horas de este viernes, los legisladores terminaron de votar en lo particular los artículos reservados. No pasó ninguna observación que no haya sido revisada y cabildeada en el pequeño grupo de negociadores y coordinadores de las tres principales fuerzas políticas. Todas las reservas presentadas por los diputados del PRD, PT y Movimiento Ciudadano fueron desechadas una a una.
La reforma aprobada clarifica las reglas del juego que acota a los monopolios, genera competencia y abre el sector a la inversión extranjera al 100 por ciento. Resolvió temas que generaban confrontación entre los agentes dominantes, al mantener la gratuidad y la no discriminación para la televisión restringida en la retransmisión de señales de televisión abierta. Se advierten sanciones a aquellos agentes preponderantes en radiodifusión que pudieran abusar de las reglas de gratuidad mediante una relación accionaria, pero no comercial.
La reforma define a los “agentes económicos preponderantes” en radiodifusión o telecomunicaciones como los que tengan una participación mayor al 50 por ciento en el mercado. Además de la lista de usuarios, el tráfico de redes y la capacidad utilizada en las mismas, se añadieron condiciones como “suscriptores” y “audiencia” para considerar a una empresa como agente preponderante. También fue avalada la autonomía de los órganos reguladores Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) y la Comisión Federal de Competencia Económica. El Ifetel será el encargado de aprobar el otorgamiento de concesiones, combatir las prácticas monopólicas y decidir sobre la preponderancia en el mercado de los agentes económicos, así como decidir sobre la desagregación de las empresas dominantes.
La ley, votada la madrugada de este viernes, pasó al Senado de la República que se conformará como cámara revisora. Para entrar en vigor, como abarca modificaciones constitucionales, tendrá que ser aprobada también por la mayoría de los congresos estatales.
LAS REGLAS
La iniciativa enviada por el Pacto por México experimentó importantes modificaciones entre las que destacan: se cambió que el Presidente dé una “opinión no vinculante” al Ifetel para el otorgamiento o revocación de concesiones, para que lo haga el titular de la SCT, cuya opinión será “técnica”; en cuanto al polémico tema del “Must Carry” y “Must Offer”, se mantuvo la disposición de que los concesionarios de TV abierta permitan la retransmisión de su señal, gratuita y sin discriminación, a los concesionarios de TV restringida y que éstos la emitan de manera integral. Se específica que “los concesionarios de televisión restringida vía satélite, sólo deberán retrasmitir obligatoriamente las señales radiodifundidas de cobertura del 50 por ciento o más del territorio nacional. Todos los concesionarios de televisión restringida deberán retransmitir las señales radiodifusoras por instituciones públicas federales”.
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