Simplemente no le creen
MEXICO, D.F., 8 de febrero (SinEmbargo).– Las dudas que los mexicanos tienen sobre la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR), que asegura que los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre del 2014, fueron ejecutados, calcinados y sus restos arrojados al río, son también una expresión contundente de las dudas que sienten hacia el propio gobierno que “ha perpetrado incontables transgresiones contra el pueblo mexicano y la ley en los últimos años, que casi nunca son castigadas”, plantea en un reportaje del reconocido periodista Francisco Goldman, publicado en The New Yorker.
Goldman es un escritor con un fuerte reconocimiento en Latinoamérica y una sólida reputación en Estados Unidos. “Crisis en México: ¿quien es realmente el responsable por la desaparición de los 43?”, es el título de su quinta entrega sobre la reciente agitación en México, de una serie que ha sido publicada por la prestigiada revista neoyorquina, en la que ha dado puntual seguimiento al país que ha quedado después del 26 de septiembre.
Detalla cómo diferentes organizaciones sociales internacionales y nacionales, e incluso el mismo equipo de peritos forenses argentinos –contratados por el propio Gobierno Federal– y científicos e investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), han cuestionado la versión en la que el Procurador General Jesús Murillo Karam y el titular de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Lucio Zerón aseguraron que las líneas de investigación en el caso Ayotzinapa estaban agotadas y que los estudiantes fueron asesinados.
Dentro de las 24 horas luego de la conferencia de prensa, continúa Goldman, la organización Amnistía Internacional, la Oficina de Washington para América Latina, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México, y más de 70 grupos cívicos mexicanos condenaron lo que ellos interpretan como otro intento político motivado por el gobierno de México para dejar atrás el caso Ayotzinapa.
En tanto, Kerry Kennedy, del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos, dijo: “Es una afrenta a las familias de los desaparecidos cerrar la investigación con tantas preguntas sin respuesta, tales como el posible papel de los militares”.
“No es una verdad histórica”, respondió al día siguiente José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Es una versión oficial”, afirmó.
También Goldman se cuestiona: “¿Dónde están los dos camiones en la que los estudiantes fueron supuestamente transportados al vertedero, y que presumiblemente estarían plagados de ADN y otras pruebas de sangre?”.
“Muchos se preguntan por qué el Gobernador perredista de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, ex peso pesado PRI [Partido Revolucionario Institucional] y amigo de Peña Nieto, quien estaba directamente vinculado en las noticias de corrupción en Iguala y a la esposa del Alcalde Abarca, no ha sido detenido o investigado. (Fue, sin embargo, obligado a dimitir.) ¿Y por qué, finalmente, la prisa por cerrar el caso? ¿Por qué la insistencia en la completa inocencia del Ejército, cuando se sabe que tuvieron al menos un encuentro agresivo con los estudiantes esa noche? ¿Por qué no hacer frente a las crecientes críticas y expresiones de escepticismo internacional directamente, y permitir una investigación sobre el posible papel del Ejército?”
Y continúa: “Las dudas de que los mexicanos y otros tienen acerca de las conclusiones del gobierno en el caso son también una expresión contundente de las dudas que sienten hacia el propio gobierno mexicano, no sólo del Presidente, sino a las autoridades oficiales de todos los niveles que han perpetrado incontables transgresiones contra el pueblo mexicano y la ley en los últimos años, que casi nunca son castigados”.
Dudas que apuntan, dice Goldman, a las recientes acusaciones de corrupción contra Peña Nieto, que implican posibles conflictos de interés financieros, o al menos, “de mansiones que se venden a la esposa del Presidente y su Ministro de Finanzas [Luis Videgaray] por un contratista que ha recibido contratos gubernamentales lucrativos”.
Aunado a ello, agrega el periodista, está el hecho de que, en junio pasado, los soldados mexicanos masacraron a 22 jóvenes que según ellos eran traficantes de drogas, en un almacén en Tlatlaya, Estado de México. “Los grupos de derechos humanos y periodistas expusieron el intento del gobierno de encubrir el incidente”, caso que ha detonado incluso críticas y cuestionamientos de la prensa que por lo general apoya al gobierno.
Detalló que diversos diarios nacionales han planteado que el problema en el país es político y jurídico, al igual que las soluciones.
Un Gobierno de otro tipo podría no necesitaría de afirmaciones vehementes de su Procurador General si la investigación hubiera sido exhaustiva y honesta, pero en el caso de los cuarenta y tres ha sido sometida rápidamente a la burla, dice.
Incluso cita que Jorge Castañeda, en su artículo de opinión en un diario nacional, expuso el crítico escenario del Gobierno: “En el fondo, el problema [es] político, no jurídico. Según las encuestas, nadie cree que el gobierno: no se trata de Aytozinapa, o alrededor de Tlatlaya, o acerca de la mansión blanca, o cualquier cosa. El problema de la credibilidad del gobierno … excede el alcance de Ayotzinapa y los escándalos.
También destaca el que un diario como El Universal, que ha sido defensor del Gobierno, haya planteado el 18 de enero pasado: “El problema es que la falta de credibilidad de las instituciones mexicanas ha llegado a tal nivel que incluso cuando los intentos de la transparencia y el rigor son genuinos, persisten las dudas. “El público sólo será convencido de la imparcialidad y la credibilidad de las investigaciones del gobierno cuando los que se encuentran frente a las consecuencias políticas y jurídicas de sus farsas”.
“El problema es político y jurídico, y también lo son las soluciones”, reitera también Goldman.
Además, recuerda, “ahora las familias de Ayotzinapa tomaron su acusación sobre la investigación negligente de los crímenes cometidos en contra de sus hijos y la llevaron a la Comisión de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas”.
“El problema judicial del gobierno se convirtió en político, primero a través de sus propios errores expuestos, y, sobre todo, a través del gran despertar de la opinión pública mexicana. El movimiento ha creado un vacío político que ahora debe de alguna manera, poco a poco, rellenar; o, como al Padre Alejandro Solalinde, quien ha surgido como líder de los derechos humanos y la voz cívica de oposición en México, le gusta decir, ‘para re-imaginar… reinventarse’. El sacerdote dijo recientemente en una audiencia en un foro en la UAM Xochimilco, en la Ciudad de México: ‘Estoy hablando de una revolución pacífica…. Tenemos que informar a la gente y contribuir a la organización desde abajo, y lo hacemos sin escondernos; debemos ser abiertamente subversivos y decir al sistema: no te queremos… que desde abajo comencemos a organizarnos para reinventar este mal Gobierno’”.
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