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¿Constitución reformada o deformada?
Ricardo Monreal Avila
La presidencia de Peña Nieto suma 26 reformas constitucionales. Los que más reformas han impulsado son Carlos Salinas y Felipe Calderón. El actual gobierno está corriendo para disputarles el trono. Es una manía y una tradición que cada Presidente quiera dejar su marca y su huella dactilar en la Carta Magna. Ilusa e ingenuamente creen que reformando la Constitución van a transformar al país.
Después de medio millar de cirugías a la Constitución, la pregunta obligada es: ¿somos una Nación más próspera, más igualitaria, más educada, más productiva, más democrática, más transparente y con menos corrupción, más justa y con mayor crecimiento económico?
Por supuesto que no. ¿Cuál es la razón?
La mayor parte de nuestras reformas constitucionales son instrumentos de dominación y concentración del poder, no de distribución, inclusión y democratización del mismo.
Están diseñadas para que el grupo que llega al poder —generalmente integrado por socios, amigos, compadres o acreedores políticos—, se imponga al resto de las élites o partidos en competencia y al conjunto de la sociedad.
Se han hecho 561 reformas constitucionales en 97 años, cuyos beneficios no se ven en el bolsillo, en la mesa ni en la casa de los mexicanos, sino sólo en una oligarquía económica y política, han generado anticuerpos sociales y ciudadanos en todos lados.
La sociedad mexicana se ha vuelto inmune a este tipo de reformas estructurales que se hacen al vapor, sobre las rodillas y en lo oscurito, es decir, a espaldas de la ciudadanía y con exclusión de los electores.
Sabe muy bien que de ellas no obtendrá algún beneficio, y en cambio sí recibirá muchos agravios.
El ciudadano de a pie sabe también que no por mucho reformar la Constitución, el país amanece más cambiado o mejorado.
Y es que no es lo mismo reformar que deformar; como no es igual reformismo que reformitis. La primera es una manifestación de un pensamiento democrático virtuoso; la segunda es expresión de una desesperación política, de una ilusión tecnocrática y de un criterio eficientista de gobernar, que mide y evalúa a la democracia por el número de reformas alcanzadas, no por la calidad ni la orientación de las mismas.
Tan deleznable es la inercia legislativa que vivió el país los últimos 15 años, desde la segunda mitad del gobierno de Ernesto Zedillo hasta el último año de Felipe Calderón, con reformitas para salir al paso, como la reformitis que hoy busca mover y dirigir al país a los límites del despeñadero.
Por eso reformas van y reformas vienen, y el país no se mueve más allá de lo que dicta la dura realidad o, incluso, puede llegar a retroceder si la reforma es regresiva, no progresista, como es el caso reciente de la reforma energética.
Esta impronta energética no pasa ninguno de los estándares deseables para una reforma de gran calado: ni la valoración del derecho constitucional moderno, ni la prueba de la justificación histórica, ni el examen de la sustentabilidad económica.
Cuando una simple mayoría numérica en el Congreso Federal y en los congresos locales modifica alguno de los irreductibles fundamentos de la Constitución, no se produce una reforma constitucional de gran calado…, se produce un atropello legislativo de gran agravio, típico de una forma de gobierno conocida como “Dictadura Legislativa”.
Las dictaduras legislativas funcionan precisamente como lo ha venido haciendo esta Legislatura. Reforman disposiciones fundamentales de la Constitución sin consultar a sus representados; actúan como dueños absolutos y plenipotenciarios de la voluntad popular; expropian la facultad fundamental de los ciudadanos de decidir directamente en las urnas asuntos fundamentales para la Nación; y en cambio, obedecen sin chistar consignas de instancias metaconstitucionales o extraparlamentarias; legislan al vapor, sobre las rodillas y en lo oscurito; y para cerrar con broche de oro, quieren que se les trate y se les pague como héroes de la Patria.
Es tan grave y delicado el precedente parlamentario asentado por la reforma energética en términos de la dictadura legislativa, que con el argumento de que aún no está reglamentada la consulta ciudadana, y por ello no es viable someter al escrutinio popular reformas constitucionales fundamentales, el día de mañana una mayoría numérica, mecánica y autoritaria de legisladores podría derogar las garantías individuales y los derechos sociales consagrados en la Constitución, y hacer todo ello a nombre de la Constitución.
Los ejemplos más acabados de una dictadura legislativa estuvieron en la Alemania de Adolfo Hitler y en la Italia de Benito Mussolini, donde una mayoría parlamentaria fascista derogó las constituciones liberales y republicanas vigentes en esos países cuando llegaron al poder.
En México las padecimos durante la época de Porfirio Díaz cuando el Congreso le aprobó la reelección presidencial consecutiva, y durante el gobierno de Victoriano Huerta, cuando legalizaron el golpe de Estado y el magnicidio de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez.
Ciertamente la LXII Legislatura que decidió por mayoría calificada concesionar el petróleo mexicano y la energía eléctrica no es fascista ni genocida; pero sí es algo igualmente lesivo y agraviante para los mexicanos…, es una dictadura legislativa alérgica a las consultas ciudadanas, impermeable a la mayoría de los reclamos ciudadanos y distante a los intereses de la Nación.
Sólo cabe recordar que más temprano que tarde, las dictaduras legislativas se convierten en el paseo empedrado sobre el cual caminará e impondrá su voluntad un Ejecutivo autoritario. Ese ha sido el final de esa práctica constitucional conocida como reformitis, o la ilusión óptica de que cambiando a la Constitución se puede cambiar en automático al país.
ricardomonreala@yahoo.com.mx
Twitter: @ricardomonreala
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