Diario Libertad
Editorial
“Las democracias siempre terminan en violencia y anarquía” Polibio (200 - 118) Uno de los más grandes historiadores; y el primero que escribió sobre Historia Universal.
Mientras el convaleciente “rey” Juan Carlos es visitado en el hospital por su hijo Felipe, y la organización Greenpeace ha colocado una enorme manta de más de 300 metros cuadrados para protestar por diferentes decisiones del Gobierno, entre ellas la futura Ley de Seguridad Ciudadana que prevé el endurecimiento de las sanciones para quienes se manifiesten ante instituciones y se enfrenten con la policía.
La futura Ley incluirá multas de hasta 600.000 euros para las concentraciones no comunicadas a las autoridades y que se lleven a cabo frente al Congreso de los Diputados u otras instituciones del Estado.
Y pasando por alto que el trabajo de los policías es velar por la seguridad de los ciudadanos, para aquellos que graben y difundan imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su “trabajo” serán sancionados hasta con 30.000 euros; como también lo serán por amenazar, coaccionar, vejar o injuriar a un agente.
En el mismo fin de semana pasado, también en España, multitudinarias manifestaciones en las calles de 55 ciudades protestaron pidiendo “Juicio a la Banca, Salvar lo público, Salvar las pensiones, Y salvar a las personas", bajo las consignas de que "Lo público no se vende, se defiende".
Oponiéndose a los recortes en los servicios públicos, en educación y sanidad, y denunciando los problemas laborales por los que atraviesan muchos trabajadores amenazados por despidos y recortes salariales.
Destacándose contingentes de trabajadores de limpieza, profesores, personal sanitario y empleados de los servicios sociales, que manifestaron su preocupación porque el Gobierno del impresentable Mariano Rajoy reduzca más las prestaciones sociales.
Para así poder cumplir con las condiciones de la Comisión Europea de recortar 2 500 millones de euros para llevar a cabo el “esfuerzo estructural” y salir de la crisis. Misma que podría redundar en despidos más baratos y en la reducción de las prestaciones de desempleo.
Afirmado el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, que su Partido “no consentirá en silencio ni pasivamente un golpe de Estado de la troika -la banca, el poder financiero y el Gobierno- a los derechos laborales", exigiendo la dimisión del Gobierno “por corrupto y ladrón".
En Kiev, la capital de Ucrania, en una de las mayores manifestaciones de los últimos diez años, decenas de miles personas, que los organizadores calcularon en 100 mil y el Gobierno cifró en 20 mil -nada nuevo- abarrotaron el centro de la Capital para protestar contra la decisión del Gobierno de renunciar a la firma del Acuerdo para asociarse a la Unión Europea.
Y desde el hospital donde se encuentra recluida la ex primer ministro y líder opositora Yulia Timoshenko, quien cumple una pena de siete años de prisión por "abuso de poder", hizo un llamado para que se obligue al presidente ucraniano, Víctor Yanukóvich, a firmar el Acuerdo de Asociación con la UE.
El mitin aprobó una resolución para dar carácter indefinido a las protestas, como ocurrió en el 2004 durante la “Revolución Naranja”, cuando una campaña pacífica contra “el fraude en las elecciones presidenciales”, terminó con la repetición de los comicios.
Además, los manifestantes han pedido la celebración de una sesión extraordinaria del Parlamento para aprobar todas las leyes necesarias para la integración europea; incluida la que permita a Timoshenko viajar al exterior para tratarse de la hernia discal que la mantiene en el nosocomio.
Y que en caso de que no se cumplan estas exigencias, la oposición exigirá la disolución del Parlamento y la celebración de elecciones anticipadas; pues acusan a Yanukóvich y a su Gobierno de torpedear los procesos de integración con la Unión Europea y traicionar los intereses nacionales.
Todo esto, tras el anuncio de Kiev de que no firmaría el Acuerdo, el comisario europeo de Política de Vecindad, Stefan Füle, lamentó la decisión de las autoridades ucranianas y consideró que la suspensión de la firma del Acuerdo de Asociación obligará a retrasar "muchas de las nuevas oportunidades para el país y sus ciudadanos” (¿?)
En Egipto, el presidente interino, Adli Mansur, ratificó el pasado domingo la controvertida ley que limita las protestas, lo que ha suscitado la preocupación de grupos de activistas y de derechos humanos.
Y aunque el Gobierno ha indicado que el decreto "no va contra las manifestaciones pacíficas, sino que garantiza su seguridad". Advirtiendo que “se debe notificar a la policía con una antelación de tres a quince días cualquier convocatoria de protesta, incluyendo los lugares por los que pasará la marcha, su fecha y sus demandas, así como los datos personales y de contacto de quienes organicen el acto”. Además de que quedan prohibidas las reuniones "con fines políticos" en los lugares de culto y las marchas que partan o se dirijan hacia esos templos.
Los Hermanos Musulmanes han declarado que “Nadie, ni ninguna ley les va a prohibir manifestarse”.
En Portugal, varios miles de personas participaron en una concentración que los organizadores consideraron la mayor protesta del sector en la historia reciente del país.
Reclamando de forma constante la dimisión del Gobierno del primer ministro Pedro Passos Coelho, participando miembros de las fuerzas de seguridad, integradas por representantes de la Guardia Nacional Republicana, la Policía de Seguridad Pública, Servicios de Extranjeros y Fronteras, la Policía Marítima, Guardas de Prisiones y Autoridad de Seguridad Alimentaria y Económica, contra las políticas de ajuste del Gobierno lusitano en el sector público. Y habiendo superado el cordón policial, invadieron las escaleras del Parlamento, donde entonaron el himno nacional y lanzaron cánticos contra el Ejecutivo.
Cabiendo aclarar que nada de esto sucede en México; lo mejor es que a todo lo que pasa, que no es fortuito, sino perfectamente orquestado, lo llaman Democracia.
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