Por Esto!
¿Quién amenaza realmente al Estado?
Guillermo Fabela Quiñones
Apuntes
Según el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, en Michoacán “está amenazado el Estado mexicano, está amenazado el Estado de derecho y estamos enfrentando uno de los grandes retos que tiene la nación”. Al anunciar el otorgamiento de un préstamo al gobierno de dicha entidad por más de cuatro mil millones de pesos, puntualizó que para superar un reto que no sólo es de los michoacanos, es preciso “fortalecer el Estado de derecho y la capacidad de las instituciones públicas para resolver las demandas ciudadanas”.
Cabe preguntar: ¿cómo podría fortalecerse el Estado de derecho actuando en dirección contraria a la que debería seguirse para alcanzar ese objetivo irrenunciable? Porque eso es lo que se está haciendo, desde hace tres décadas, sin modificar un ápice el rumbo que nos está conduciendo al aniquilamiento del Estado mexicano. Al contrario, lo que el actual gobierno federal está haciendo es profundizar las causas estructurales que nos tienen al borde del precipicio, motivo por el cual están aumentando las protestas sociales, con altos grados de violencia como en Michoacán, Guerrero y Tamaulipas.
Es obvio que de nada van a servir esos recursos que anunció Videgaray, pues lo que se necesita no es dinero, sino que el Gobierno Federal ponga en marcha políticas públicas que ataquen las causas de fondo de la violencia. Lo urgente es poner un freno a la brutal descomposición del tejido social, cosa que no tiene contemplado Enrique Peña Nieto, como lo han señalado diversos organismos internacionales, alarmados ante la falta de una estrategia idónea con esa finalidad, y por el afán de continuar esquemas que demostraron su ineficacia durante el desgobierno de Felipe Calderón.
No son los michoacanos los que amenazan al Estado mexicano, sino al revés en tanto que las instituciones están al servicio de intereses mezquinos y apátridas que están hundiendo a los mexicanos en la desesperanza. Son ya poco más de tres décadas sin perspectivas de mejoramiento social. No ha habido crecimiento económico real, aunque sí ha crecido el número de multimillonarios en el país, como lo acaba de reportar el Informe Anual sobre Riqueza en el Mundo 2013, elaborado por las consultoras Capgemini y RBC Wealth Management. Puntualiza que su aumento fue de 6.6 por ciento en el transcurso del año.
Lo que está sucediendo en Michoacán es la conjunción de varios factores que desembocaron en una violencia sintomática. Tradicionalmente ha sido una de las entidades más productivas y equilibradas estructuralmente, su desarrollo humano ha sido proverbial en el país porque siempre se caracterizó por un desarrollo social en ascenso gracias a sus muchos recursos naturales, eficientemente aprovechados. Los problemas empezaron por la descomposición del tejido social propiciado por gobiernos irresponsables, voraces y corruptos, que se desentendieron de sus compromisos con la sociedad para dar rienda suelta a sus ambiciones, de manera por demás escandalosa el panista encabezado por el espurio Calderón.
Es un hecho que las organizaciones criminales se activaron merced a la irresponsabilidad del Ejecutivo, cuando se les abrió la puerta de la impunidad y de las complicidades, y se las encauzó hacia la afectación a la sociedad. ¿Acaso es mentira que “Los Zetas” no fueron en su origen desertores del Ejército? Así que se equivoca Videgaray al acusar a los michoacanos de que están amenazando al Estado mexicano. Es el pueblo de esa hermosa entidad federativa el que está siendo amenazado por un Estado canalla, que no ha sabido cumplir sus responsabilidades, primordialmente la de garantizar seguridad y gobernabilidad.
Acabar con la violencia en Michoacán y en otras partes del país no es asunto de limosnas presupuestarias, sino de que el grupo en el poder actúe con sentido de responsabilidad y un elemental patriotismo, para enfrentar con agallas a quienes verdaderamente están poniendo en grave riesgo el Estado de derecho: la oligarquía con su voracidad insaciable y su ausencia de solidaridad humana, así como los grupos criminales solapados por las mismas autoridades para que sirvan a sus propósitos de control social, como se ha evidenciado en Michoacán, según múltiples denuncias ciudadanas.
No tiene sentido seguirse haciendo tontos con salidas falsas. Si el grupo en el poder quisiera acabar con la violencia, ya estaría creando empleos a fin de fomentar un círculo virtuoso que vaya generando condiciones objetivas para eliminar las causas profundas de la descomposición social. El “incremento” a los salarios mínimos se prevé que no pasará de 3.7 por ciento, cuando la inflación es superior a 4 por ciento. ¿Cómo esperar cambios positivos cuando la pobreza va en aumento?
(guillermo.favela@hotmail.com)
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