Desesperados Lilia Arellano
Estado de los ESTADOS
¡Urge! Reforma energética: PJC
AMLO y CCS arrinconan a EPN
Sobre el papel 1.2 millones de firmas
PGR: sin salida a desaparecidos
Crecerá PIB 1.3%, dice la SHCP
“No existe la libertad, sino la búsqueda de la libertad y esa búsqueda es la que nos hace libres”: Carlos Fuentes.
La suma de esfuerzos de los líderes de la izquierda en México, Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas, para impedir la aprobación e implementación de la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto, que ha cristalizado en la recopilación de más de 1.2 millones de firmas en todo el territorio nacional para demandar una consulta pública sobre este estratégico sector, así como en los llamados a la desobediencia civil, y la exhibición de fuerza política y respaldo popular en el Zócalo capitalino en dos ocasiones, además de la convocatoria a un magno mitin más el 1 de diciembre, tienen sumamente nerviosos a los integrantes del gabinete peñanietista, que apremian a aprobar los cambios constitucionales en esa materia antes de que termine el actual periodo ordinario de sesiones, pues en el fondo están conscientes del fracaso de su reforma fiscal y recaudatoria, que difícilmente podrá ingresar lo que proyecta, mientras que el gasto del gobierno federal no se altera en lo más mínimo.
Los analistas políticos del país no han logrado encontrar razones de peso que respalden con argumentos esa premura, esa urgencia de la actual administración federal por repartir las cuantiosas ganancias de la renta petrolera y de poner en mano de compañías trasnacionales el estratégico sector energético del país, que sumiría a la Nación en una peligrosa dependencia de las decisiones de los inversionistas de las grandes compañías trasnacionales no sólo petroleras sino también generadoras de energía eléctrica, que buscan con las reservas nacionales contar con garantías ante los organismos financieros internacionales para acceder a créditos extraordinarios que aseguren su operatividad en el largo plazo, así como el crecimiento e incremento de sus ganancias en los próximos años.
Quienes crean y sostengan que vendrán a invertir están completamente equivocados.
Así, todo parece indicar que se trata de un despojo a la Nación, de un acto de “traición a la Patria”, por el cual Peña Nieto podría ser juzgado no sólo por la historia y la memoria popular, sino por las autoridades judiciales. Se trata, según han señalado Cárdenas Solórzano y López Obrador, de un robo de gran envergadura, en el que están implicados desde los funcionarios de la administración federal —popularmente conocidos como tecnócratas- hasta legisladores federales de las tres principales fuerzas políticas, a pesar de que están ciertos de que entregar las reservas energética del país dejaría al pueblo de México y a su gobierno sin su mejor garantía para acceder a los créditos internacionales.
En la semana que concluye, la ansiedad y la urgencia les ganó a funcionarios como el cozumeleño Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, y Emilio Lozoya Austín, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex); a los legisladores, incluyendo al coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, y al propio presidente de la Cámara baja, Ricardo Anaya, que con desesperación pugnaron porque la reforma energética de marras se apruebe ya, pero ya, rápido, sin demoras, “porque le urge al país”, cuando debieron señalar que la urgencia gira sobre sus intereses económicos particulares y políticos.
La razón de la desesperación de esos funcionarios está en el músculo político que han exhibido tanto el tabasqueño como el michoacano, cada quien por su lado, hay que decirlo, pero cuyos resultados sumados pueden frenar la intentona de entregar el petróleo mexicano a las trasnacionales.
Fiel a la práctica legislativa que se ha hecho costumbre durante la actual gestión priísta, la de negociar con la chequera y el intercambio de prebendas y privilegios, el sonorense Manlio Beltrones declaró ayer la disposición de su partido de aceptar que si para aprobar la reforma energética se necesita como condición votar primero la reforma política, “así se aceptará”.
Señaló que “si tenemos que pasar por una reforma política y electoral, como un quid pro quo por parte de otras fuerzas políticas, habrá que hacerlo porque estamos intere$ados en tener esa reforma energética”.
El pastor priísta aseguró que ya está todo platicado respecto a la reforma energética. Dijo que “está sobre-diagnosticada la necesidad de la reforma. Aprobarla es lo único que hace falta. En las seis sesiones que restan del periodo ordinario hay tiempo suficiente para aprobar lo que hemos de$eado durante tanto tiempo”.
Los panistas en el Congreso están en la misma tesitura. Ricardo Anaya, presidente de la Cámara de Diputados, promovió que con la reforma energética “el país podrá superar los agravios que padecen aún los mexicanos como resultado de que el esquema actual ya no es funcional”. Sostuvo que ninguna reforma puede contribuir tanto como la reforma energética a aliviar la carencia de un verdadero crecimiento económico y la generación de empleos formales, por lo que ésta es necesaria.
Explicó que los proyectos de reforma energética presentados por las tres principales fuerzas políticas pueden diferir en muchos puntos, pero el punto coincidente es que el esquema actual ya no es funcional para el país.
La desesperación de los tecnócratas peñanietistas es tal que los lleva a realizar declaraciones tan absurdas como las de Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien afirmó que para que la paraestatal pueda concluir la construcción de la Refinería Bicentenario en Tula, Hidalgo, se requiere de la aprobación de la reforma energética, cuando lo único que se necesita es voluntad política y vocación de servicio para realizar el proyecto y terminar con el gran negocio de algunos funcionarios y políticos-empresarios, que han hecho de la importación y venta de combustibles una lucrativa industria, que además no tiene riesgo alguno pues cuenta con un mercado cautivo, protegido por la propia administración federal en turno.
Lozoya aseguró que el proyecto calderonista no se había cancelado y que sigue su plan de negocios, que incluye la inversión de 4 mil millones de dólares.
Por su parte, Pedro Joaquín Coldwell, titular de la Secretaría de Energía, pidió a los empresarios asistentes al Vigésimo Congreso Anual del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior que promuevan la reforma energética propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto para evitar que prevalezcan los argumentos de quienes la rechazan.
Señaló que: “yo creo que el sector privado puede hacer una gran contribución, particularmente explicándole a la sociedad la importancia que va a tener esta reforma para mejorar la competitividad de las empresas y del país, y esto en gran medida va a generar empleos que van a beneficiar a más mexicanos”.
El cozumeleño desarrolló 20 puntos a los exportadores en torno a los objetivos de la reforma energética.
El ex gobernador de Quintana Roo insistió en que si bien México es un país libre y democrático, “lo importante es no dejar que prevalezcan únicamente los argumentos de quienes se oponen a las reforma sino que también las voces que ven beneficios en la reforma, es importante que salgan a expresarse”.
Según este funcionario, es cuestión de días para que la reforma energética de Peña Nieto sea aprobada en el Congreso de la Unión. Ante el hecho de que la recolección de firmas ciudadanas que realiza el PRD para solicitar una consulta pública al respecto e impedir que salga este año, Pedro Joaquín recalcó que “es urgente y no debe esperar porque está en peligro la seguridad energética del país”.
Aseguró que de acuerdo con los cálculos del gobierno federal, con la reforma energética se generará un incremento del uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y la creación de 500 mil empleos en este mismo sexenio, pero, aclaró, dos años después de que sean publicadas las leyes secundarias.
El titular de la Sener aceptó que las fuerzas políticas que disienten con la reforma energética “están en su derecho de pedir una consulta pública”.
Apuntó que “no estamos en plan de pelear, sino de dialogar. Nos parece que las razones de la izquierda tienen todo el derecho a expresarse, como también las voces que están a favor”, porque, advirtió, “está en riesgo la seguridad y la competitividad energética nacional, ante las tendencias decrecientes en sus productos petrolíferos y con elevadas tarifas de luz”.
Así, es clara la preocupación y el nerviosismo del gabinete presidencial de Peña Nieto ante la creciente inconformidad con su reforma energética y el próximo 1 de diciembre quedará ratificado cómo ha crecido esta ola en contra de la iniciativa de modificaciones constitucionales en materia energética, particularmente en los artículos 27 y 28.
Como lo señaló López Obrador, el pueblo de México esta harto de “30 años de retrocesos y privatizaciones que han causado la ruina de las actividades productivas, el desempleo, el empobrecimiento, la descomposición social y la violencia”; de una minoría rapaz que “busca despojarnos del sector energético nacional”.
DESAPARECIDOS, SIN SOLUCION: PGR
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